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Título artículo: Situación de los presos en Perú
Mensaje/Artículo:
En Perú, la situación de las cárceles no es de color de rosa; miles de
hombres y mujeres están en detenidos sin pruebas, por
"traición" y "terrorismo", acusados de apoyar a los grupos Sendero
Luminoso y MRTA. En 1998 entró en vigor una nueva ley para combatir los crímenes cometidos por bandas de jóvenes, definidos actos de "terrorismo especial".
Organismos internacionales definen las condiciones carcelarias en Perú como crueles, inhumanas y degradantes. En julio de 1999 Perú se ha retirado de la jurisdicción del Tribunal Interamericano de los derechos humanos, dejando a las perosnas presas sin posibilidad de apelar y de ser resarcidos por una Corte Internacional.
- 7 de Julio del 2000-
Grupo Contra el Régimen Carcelario -Perú
Hasta 1999 permanecían en prisión al menos seiscientos presos inocentes
y posibles presos inocentes a quienes se imputaban delitos relacionados
con el terrorismo.
Aproximadamente cuatro mil
personas acusadas formalmente de estos delitos se hallaban encarceladas
en virtud de procedimientos que no habían cumplido las normas
internacionales de justicia procesal. Personas que criticaban al
gobierno fueron víctimas de amenazas de muerte y otros actos de
intimidación.
Continuaron recibiéndose informes sobre casos de tortura y malos tratos.
Las condiciones penitenciarias constituían trato cruel, inhumano o
degradante.
Continuaban en vigor las leyes de amnistía, que sancionaban
jurídicamente la impunidad de los responsables de millares de casos de
violaciones de derechos humanos cometidas durante operaciones
de contrainsurgencia llevadas a cabo entre 1980 y 1995.
En julio, pese a que varios órganos de derechos humanos de la onu
habían recomendado la abrogación de las leyes de amnistía, el Ex
presidente Alberto Fujimori declaró públicamente que Perú las había
aprobado en ejercicio de sus poderes como "Estado soberano".
La actividad armada de los grupos clandestinos Partido Comunista del
Perú (Sendero Luminoso-pcp) y Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (mrta) siguió estando limitada a regiones aisladas de la selva
Amazónica peruana. Al concluir el año, el 20 por ciento de la población del Perú seguía sometido a las disposiciones del estado de emergencia, que se aplicaba en el 16 por ciento del territorio nacional.
El Congreso no designó a ningún magistrado para reemplazar a los tres
destituidos del Tribunal Constitucional en mayo de 1997.
Se prorrogó hasta diciembre de 1999 el mandato de la Comisión Ad Hoc
encargada de formular recomendaciones de indulto para los
presos injustamente acusados de terrorismo.
En noviembre entró en vigor una ley que disponía que los jueces debían
anular inmediatamente los antecedentes penales de estos presos y las
actuaciones judiciales pendientes sobre ellos.
Desde que la Comisión inició su actividad en 1996,sólo 444 presos habían sido indultados y liberados. Decenas más de presos injustamente
acusados de delitos de terrorismo quedaron en libertad tras ser
absueltos por los tribunales.
En junio, el poder ejecutivo promulgó un conjunto de decretos leyes quedefinían determinados delitos comunes de carácter grave como
«terrorismo agravado». Estas normas hacían posible que a los acusados de estos delitos se los pudiera recluir por periodos de hasta diez
días en régimen de incomunicación y enjuiciarlos ante tribunales
militares. Los decretos leyes, que, según opinión generalizada, tenían
como modelo la legislación antiterrorista peruana de 1992, fueron
enérgicamente criticados por juristas y organizaciones de derechos
humanos.
En febrero, el Congreso aprobó una ley sobre crímenes de lesa humanidad
que incorporaba en el Código Penal del Perú los delitos de
genocidio, desaparición forzada y tortura y los castigaba con penas de
veinte, quince y cinco años de cárcel, respectivamente.
La ley también estipulaba que las personas acusadas de estos delitos
debían ser juzgadas ante tribunales civiles.
En enero se absolvió de cargos de terrorismo a un civil y seis miembros
del ejército que habían confesado su participación en un ataque con
explosivos llevado a cabo en 1996 en la ciudad de Puno contra una
emisora de televisión que había criticado a las autoridades. El tribunal
resolvió que los actos de terrorismo sólo podían atribuirse a miembros
del pcp o del mrta, y no correspondía imputarlos a miembros de las
fuerzas de seguridad en servicio activo.
El litigio fronterizo que desde hacía largo tiempo mantenían Perú y
Ecuador y que en 1995 había degenerado en conflicto armado, llegó a
su fin en noviembre con la firma de un nuevo tratado de fronteras.
Durante el conflicto armado civiles de ambos países sufrieron
violaciones de derechos humanos (véase Informe 1996).
En 1997 el Comité de la onu contra la Tortura publicaron declaraciones
sobre la situación de los derechos humanos en el Perú.
Ambos acogieron positivamente el cese del uso de los «jueces sin
rostro», pero expresaron preocupación ante el hecho de que se siguiera
recurriendo a tribunales militares para enjuiciar a civiles acusados de
terrorismo; también manifestaron inquietud ante la promulgación de la
ley que limitaba las facultades del Consejo Nacional de la Magistratura
porque consideraban que socavaba la independencia del poder judicial.
El Comité contra la Tortura
expresó asimismo su preocupación ante las «frecuentes y numerosas
alegaciones de tortura».
El gobierno siguió haciendo caso omiso de las recomendaciones del
sistema interamericano para la protección de los derechos humanos de
que se pagara una indemnización a familiares y víctimas de violaciones
de estos derechos. No se otorgó indemnización alguna a María
Elena Loayza Tamayo, víctima de tortura y sometida a un juicio sin
garantías; ni a los familiares de Ernesto Castillo Páez, «desaparecido»
en 1991; ni a las 21 víctimas de la matanza de Chumbivilcas, ocurrida en
1990. Sin embargo, sí se indemnizó a los familiares de los tres presos
de El Frontón que habían «desaparecido» en 1986 (véase Informe 1998)
Genocidio ordenadopor elahora por segunda vez aspirante a la presidencia
Alan García - Tercera Internacional S. Al final de una visita efectuada
al país en noviembre, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció
públicamente que se habían realizado notables progresos en materia de
protección de los derechos humanos desde su última
visita a Perú, efectuada en 1993, y mencionó concretamente que desde
1995 no
había recibido ninguna queja relacionada con
«desapariciones» o ejecuciones extrajudiciales en este país. No
obstante, la Comisión
manifestó su preocupación ante la falta de
independencia de la judicatura, la falta de pleno respeto al Estado de
derecho y a las normas de
justicia procesal, y el uso de tribunales militares
para investigar casos de violaciones de derechos humanos y enjuiciar a
civiles. La
Comisión instó a las autoridades a que abrogaran las
leyes de amnistía de 1995 y establecieran la verdad sobre los casos de
violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado.
Al concluir el año continuaban encarcelados al menos
seiscientos presos inocentes y posibles presos inocentes acusados de
delitos relacionados con el terrorismo. El preso inocente Carlos Ortega
López, detenido inicialmente en mayo de 1993 acusado injustamente de
delitos relacionados con el terrorismo, fue absuelto y excarcelado
varios meses después. Sin embargo, en noviembre de 1996 lo
detuvieron de nuevo tras emitir la Corte Suprema de Justicia una
decisión en la que se ordenaba que fuera sometido a nuevo juicio, y le
impusieron una pena de veinte años de cárcel.
Otros presos de conciencia que seguían privados de libertad a fines del
año 99 eran Marco Antonio Ambrosio Concha, Carlos Florentino Molero Coca
y Marco Antonio Monge Hoyos , así como el ex
congresista Yehude Simon Munaro.
Siete presos inocentes, entre los que se encontraba Zacarías Merma
Farfán , y 77 posibles presos inocentes injustamente acusados de
terrorismo, se beneficiaron de indultos presidenciales y fueron puestos
en libertad a lo largo del año.
Hasta julio delaño 2000 ,aproximadamente cuatro mil
presos inocentes se encontraban cumpliendo condena o en espera de juicio
en aplicación de leyes antiterroristas que no se ajustaban a las normas
internacionales de justicia procesal. Los civiles acusados de «traición
a la patria» seguían siendo juzgados por tribunales militares, a los
abogados defensores se les seguía prohibiendo que interrogaran a los
miembros de las fuerzas de seguridad que habían participado en las
detenciones e interrogatorios, y los juicios se celebraban a puerta
cerrada.
Continuaron las amenazas y otros actos de intimidación contra quienes
criticaban al gobierno. Entre las personas que recibieron llamadas
telefónicas o mensajes de fax intimidatorios, a muchos periodistas y
dirigentes comunales como Giulia Tamayo Personas desconocidas forzaron
el domicilio de Giulia Tamayo León, activista que se oponía a la
esterilización forzada de mujeres, y se llevaron documentos y archivos.
Posteriormente, Giulia Tamayo recibió
llamadas telefónicas intimidatorias.
Continuaron recibiéndose informes sobre casos de
tortura y malos tratos. En septiembre murió por disparos Charly Soto
Ríos, recluta de la academia policial del campamento militar de Vargas
Guerra, en la ciudad de Iquitos; según informes, lo había alcanzado una
bala perdida. No obstante, la televisión nacional difundió unas imágenes
en las que se mostraba su cadáver, que presentaba grandes contusiones en
el tórax y en las plantas de los pies, hecho que parecía indicar que,
antes de morir, Charly Soto había sido sometido a una paliza brutal.
-Prohibición de contacto directo de los presos con sus familiares
Las condiciones penitenciarias seguían y SIGUEN siendo duras y,
constituían y constituyen en el trato cruel, inhumano y degradante. Por
ejemplo, en aplicación de directrices penitenciarias especiales
aprobadas en 1992, se permitía que los presos acusados de delitos
relacionados con el terrorismo recibieran todos los meses una visita
familiar de treinta minutos de duración; tras las reformas efectuadas a
estas directrices en 1997, los presos podían recibir visitas familiares
de una hora de duración cada semana, pero se les prohibía tener contacto
directo con sus visitantes durante los dos primeros años de reclusión.
No obstante,estos "beneficios" sólo se concedían tras una evaluación
favorable de la conducta del preso. Durante visitas a establecimientos
penitenciariosefectuadas en septiembre por delegados de Amnistía
Internacional, varios presos pertenecientes al pcp y al mrta informaron
a la organización de que les negaban estos beneficios porque no se
avenían a renunciar a sus «ideas revolucionarias».
Las condiciones de reclusión de los presos acusados de terrorismo
internados en el Penal de Yanamayo y en la cárcel ubicada en el
interior de la Base Naval del Callao, cerca de Lima, la capital del
país, continuaban siendo especialmente peligrosas.
Según informes, en varias prisiones los reclusos padecían enfermedades
para las que no recibían adecuada asistencia médica. Entre ellos
estabanlos presos Florencio Arturo Varillas Tizón, Manuel Mendoza Chiara
y Juan Francisco Tulich Morales, todos paralíticos en silla de
ruedas,recluidos en el Penal de Yanamayo.
Las condiciones penitenciarias también eran muy duras
en el Penal de Lurigancho (Presos Comunes), en Lima, donde estaban
presos unos 6.300 reclusos condenados por delitos comunes en un centro
que sólo contaba con instalaciones para albergar 1.200 internos. Pese a
que se hicieron llamamientos a las autoridades para que reconsiderasen
la decisión de poner en funcionamiento el Penal de Challapalca , se
siguió transfiriendo a ese centro a los presos acusados de delitos
comunes. La ubicación de la cárcel, en una región aislada del altiplano
andino, a una altitud de no menos de 4.600 metros sobre el nivel del
mar, volvía prácticamente imposibles las visitas periódicas de
familiares y abogados defensores.
** Y no contamos con ninguna información sobre las personas detenidas
y desaparecidas desde abril del 2000 hasta agosto del 2000,
ni su identidad. ( entre personas de 20 a 50 años).