¿Quiere Fomento recortar el gasto? Mantener un kilómetro del AVE cuesta 200.000 euros al año

Cotizalia. D.Toledo - 14/07/2010

El Ministerio de Fomento se prepara para echar el freno a la obra pública y las constructoras ya se han puesto en guardia para minimizar el impacto en sus cuentas. Y puestos a hacer lobby y buscar despilfarros, han encontrado la perfecta cabeza de turco. “Mantener un kilómetro de AVE cuesta 200.000 euros al año. Nuestros trenes hacen 1.000 kilómetros al día, mientras que el TGV francés hace 2.000. Las tasas de amortización son mucho peores. Veremos si podemos mantener ese lujo”, aseguraba ayer Rafael Fernández, miembro de la Comisión de Infraestructuras de CEOE. Sus palabras abrieron la caja de los truenos.

“Se dijo que toda ciudad estaría a menos de una hora de una estación del AVE. Y no va a ser posible –remachó Juan Lazcano, vicepresidente de la patronal y presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)-. Si el AVE tiene que costar más, tendrá que costar más, pero los servicios tienen que ser autosuficientes”. El ministro de Fomento, José Blanco, ha insistido en que todas las líneas del AVE son rentables, excepto la alta velocidad a Valladolid; una situación deficitaria que la extensión a León del trayecto debería modificar. A finales de año el AVE también llegará a Valencia, desafiando los ajustes del Gobierno. 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado en 2005, moviliza recursos hasta 2020 por valor de 80.500 millones de euros, de los que el 50% está previsto que se destinen al ferrocarril. Es más, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) tiene previsto destinar al tren un 70% de los 17.000 millones que contempla, con el déficit del transporte de mercancías sobre la mesa. Según datos del propio Ministerio, la línea Madrid-Barcelona-Frontera francesa ha supuesto una inversión de 7.083 millones de euros; la que une Madrid, Segovia y Valladolid, 4.205 millones, y el eje Madrid-Córdoba-Málaga hasta 2.539.

“Pero no es posible pagarlo, menos ahora con los ingresos como están”, insistió Fernández. José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), hizo una radiografía de la situación al referirse a los problemas del ladrillo. “No hay un duro”, aseveró sin ambages. Un problema de financiación que llega a todos los sectores y no sólo paralizará proyectos de obra en marcha, sino que pone en peligro el mantenimiento de la infraestructura existente. ¿Solución? En CEOE lo tienen claro. Más impuestos. “Habrá que imponer una tasa sobre los carburantes o asumir la euroviñeta [tasa a vehículos pesados por el uso de vías sin peaje] para recaudar dinero que pueda ir dedicado al mantenimiento”, dijo Fernández.

Ladrillo vs. banca

Galindo apuntó directamente a la banca, alentando toda una guerra de patronales en CEOE. No en vano las entidades financieras están representadas en Diego de León a través de la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). “Hay promociones vendidas que no se hacen. No se están financiando proyectos, sino clientes. Es necesario que llegue el crédito. (…) No me preocupa que la banca venda sus activos inmobiliarios, hay que sacar el stock, pero sin restringir la financiación. Nadie ha construido sin una licencia y un crédito. Ahora no se puede mirar hacia otro lado”, puntualizó en una clara crítica a los bancos.

Fernández, también presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Productos de la Construcción (Cepco), incidió en que las condiciones que exige la banca para financiar proyectos son difícilmente asumibles: “Riesgo cero y tasas de retorno de dos dígitos”. Un escenario que complica sobremanera el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado a bombo y platillo por Blanco y cuyo futuro el sector ve poco claro. Y eso que el 70% de la financiación corría a cargo del ICO y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con las consecuencias que tendrá sobre el empleo: CEOE calcula que cada millón que deja no se invierte en obra pública deja 15 empleos por el camino, entre directos e indirectos.

Lazcano abogo al menos porque Fomento evite en lo posible la rescisión de contratos e intente simplemente suspender los proyectos, con el fin de que no afecte al apalancamiento de las constructoras. “Se trata de evitar que las obras adjudicadas se caigan de las carteras de las empresas e influya en su financiación”, expuso. En esta línea, hizo hincapié en que el ajuste debería centrarse en la inversión no productiva y eximió de responsabilidad a Fomento, ya que el ajuste “le viene dado”. Lazcano, que centró sus críticas en el Ministerio de Economía, recordó que no sólo puede echarse perder todo el capital en infraestructuras acumulado. también pueden desaparecer empresas y desplomarse aún más la actividad.