El Consejo de la UE ha decidido aprobar la Directiva de Retorno que establece un plazo máximo de detención de los/las inmigrantes “sin papeles” de hasta 18 meses, permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs antes de proceder a expulsarlos, y establece también la detención de menores no acompañados.

Ante esta situación diversas organizaciones y colectivos de la REDI, declaramos:

1.Preparándose para la crisis que sabían impostergable, los estados de la UE prepararon desde el 2005 un expeditivo procedimiento (Directiva de Retorno) para quitarse de encima los/las inmigrantes que les sobran para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la “competitividad de la economía europea”. El derecho a la libre circulación de las personas(migración), tan enfáticamente consagrado por la UE y sus Estados en tantas ocasiones, queda reducido así a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de las variables necesidades de ganancia y acumulación del capitalismo europeo.
2.El triángulo de poder Sarkozy- Merkel-Berlusconi orienta la política de inmigración europea en una dirección claramente regresiva y exacerban la obsesión securitaría de esta época de crisis, encontrando en los/las inmigrantes el pretexto que necesitan para experimentar el recorte de libertades contra el conjunto de los derechos ciudadanos. Somos los/las inmigrantes los chivos expiatorios de las funestas políticas económicas y sociales que afectan al conjunto de la población.
3.La locura racista y xenófoba desatada en Italia con la complicidad –si no la inducción-del Estado, recuerda una época de la historia de Europa que creíamos superada para siempre, la época de los pogroms, de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración.
4.Los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo pueden ampliarse y extenderse allende las fronteras como de hecho ya ocurre con el concurso de gobiernos comprados para ejercer funciones de carceleros a las puertas de la “Fortaleza Europa”.
5.El periodo de internamiento aprobado, junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial, representan el más grave atentado al Estado de Derecho en Europa desde los tiempos en que un decreto de Hitler autorizó a detener, deportar y aniquilar a millones de personas bajo la dominación nazi-fascista.
6.Es falaz el argumento del Gobierno español cuando dice que se trata de una norma de máximos que no le obliga a llegar a esos topes. Ya se anuncia la elevación del tiempo de estancia a 60 días pero,¿alguien puede dudar que este ó cualquier otro gobierno, si lo considera conveniente, va a dejar de utilizar esta cobertura comunitaria para extremar las medidas de internamiento y expulsión, por cierto promovidas en la anterior legislatura , entre otros por CiU, al parecer socio preferente en la actual legislatura?, ¿no van en ese sentido las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, considerando la directiva equilibrada y con garantías?.
 

Ante esta agresión a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas migrantes, las organizaciones abajo firmantes,
 
 
MANIFESTAMOS:
 

1.- Nuestro mas enérgico rechazo a la indignante y regresiva directiva de la Unión Europea y a las leyes facistoides del gobierno de Berlusconi.
 

2.- Nuestra solidaridad con los/las inmigrantes y refugiados residentes en Italia a quienes llamamos a unir esfuerzos en la lucha por los derechos de los y las inmigrantes y contra la Directiva de la Vergüenza.
 

3.- Convocar a las organizaciones de inmigrantes y refugiados y al movimiento social reivindicativo a una Jornada Estatal contra esta Directiva, el cierre de los Centros de Internamientos y la garantía de plenos derechos para todos las personas residentes en el Estado español y la Unión Europea.
 

4.- Llamamos a las organizaciones democráticas y progresistas españolas a pronunciarse y movilizarse en contra de esta directiva, y a la adhesión de esta Declaración.

5.- Instamos a los gobiernos, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales de los países de origen de los/las migrantes residentes en España y la Unión Europea a pronunciarse contra esta política que conculca derechos fundamentales, agita la bandera de la xenofobia y el racismo y criminaliza el derecho humano de libre circulación de las personas, consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.