La Audiencia Provincial de Madrid ratifica la absolución de las 16 personas acusadas por la okupación de El Laboratorio03. Archivada la causa de El Laboratorio 02



El día 21 de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso que la propiedad del edificio de Amparo 103 había interpuesto contra la absolución de las 16 personas acusadas por la okupación del centro social okupado autogestionado El Laboratorio03, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid el 15 de julio de este año. Así pues, la sentencia, que es firme, dice, de nuevo, que estas 16 personas no cometieron el delito de usurpación (art. 245.2 del código penal) durante el año y medio(2002-2003) de existencia del Laboratorio03.

En la sentencia ahora hecha pública, la Audiencia Provincial ratifica los argumentos del titutlar del penal número 5 acerca de que la okupación, realizada en febrero de 2002 por centenares de personas y destinada a realizar actividades sociales y culturales enmarcadas en una actitud de denuncia de la especulación y de reivindicación de espacios sociales, no ponía en cuestión la legítima posesión del edificio de Amaparo 103, en tanto que este presentaba evidencias de abandono, y que las 16 personas acusadas participaban como otras muchas en actividades con diverso grado de continuidad, pero sin que constituyera su morada o tuvieran ánimo de permanencia, puesto que de hecho nadie habitaba en ese edificio ni ejercía funciones de dueño.

Esta sentencia se une al reciente archivo (14 de noviembre) de la causa abierta contra más de trescientas personas por la okupación del Laboratorio02 (1999-2001), en Amparo 24, después de que la acusación particular renunciara a su acción y la fiscalía hiciera lo propio. Años añtes, se produjo también la absolución de las más de seiscientas personas encausadas por la okupación del primer Laboratorio (1997-1998).

En definitiva, después de seis años de okupación de El Laboratorio, diversas instancias judiciales dicen que ninguna persona ha cometido en relación a él ningún acto ilegal: precisamente lo que las miles de personas que participamos en las diferentes experiencias del Laboratorio siempre sostuvimos. Paradójica situación, porque cada uno de los desalojos que cancelaron la experiencia del Laboratorio se fundamentó en el supuesto de que las acciones que habían llevado a la constitución de esos centros sociales okupados fueron ilegales. Una particular actitud mediadora de la justicia parece querer dejar la situación en tablas: los centros sociales okupados no merecen condena punitiva, pero tampoco pueden permanecer en los edificios deshabitados y abandonados donde se desarrollan.

Sin embargo, dos años después del desalojo del último Laboratorio podemos comprobar que estas experiencias (la experiencia de autoorganización social y autogobierno de la vida de colectivos descapitalizados pero con múltiples valores no dinerarios: sociales, culturales, artísticos: políticos, en definitiva; de colectivos sin capacidad de competir con el mercado inmobiliario para acceder a los espacios necesarios para llevar a cabo sus iniciativas e invisibles o excluidos para las instituciones públicas, incapaces, a su vez, de dar respuesta válida a las demandas contemporáneas de espacio y libertad), estas experiencias, decimos, solo pueden existir con relativa plenitud cuando parten de una okupación un acto de desobediencia al parecer no delictivo, pero tampoco asumible por la ley que procura el espacio suficiente para su desarrollo. Algo que demuestra también el hecho de que el ayuntamiento de Gallardón, después de anunciar en el Plan de Revitalización del Centro Urbano la creación de un centro social autogestionado en Lavapiés, no haya iniciado ninguna gestión para ponerlo en marcha. O que el Ministerio de Cultura de Zapatero haya ignorado la petición de numerosos colectivos sociales madrileños de abrir, siquiera parcialmente, el edificio de la Tabacalera (www.latabacalera.net), en Embajadores vacío desde hace años, para el desarrollo de proyectos sociales.

La moderada alegría por las absoluciones no puede tapar una realidad indiscutible: el Laboratorio dejó de existir, acosado por la distribución radicalmente injusta del espacio urbano, por leyes modelables según el interés especulativo y por instituciones públicas (los gobiernos del ayuntamiento, de la comunidad, del Estado) poco interesadas en que la capacidad autónoma y crítica de la sociedad encuentre espacios donde desarrollarse. El Laboratorio dejó de existir: por ahora no ha habido un Laboratorio 05, pero su experiencia resuena en multitud de otras iniciativas sociales, dentro y fuera de Lavapiés, en nuevas prácticas de acción y pensamiento críticos, en el empecinamiento del arte y de la cultura por ser independientes, en los modos de vida y actitudes sociales insumisas y rebeldes, en todo aquello que nutrió y de lo que se nutrió El Laboratorio. Su experiencia resuena también en las actitudes de los poderosos: especuladores que gastan miles de euros en seguridad para mantener vacíos sus edificios, gobiernos que maquillan con propaganda y publicidad su ineptitud o su desinterés para solucionar los problemas urbanos y de vivienda y que mandan urgentemente policías para desalojar cuanto antes (acelerando inopinadamente o saltándose si es preciso los trámites judiciales) nuevos edificios okupados.

Para recuperar para la ciudadanía el derecho a la ciudad, al espacio, a la vivienda, para romper el monopolio que sobre todo ello mantienen los dueños del dinero, queda mucho por hacer. Para ello, sin embargo, como en las manifestaciones de antes del verano aún se podía oír, y aunque tantos otros proyectos sigan abriendo caminos, Nos falta El Laboratorio. Decía una vieja canción: Ya lo lograron matar. Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar.

Entre febrero de 2002 y junio de 2003, el edificio de Amparo 103 pasó de ser un espacio abandonado y vacío, a convertirse en un centro social dinámico, abierto y autogestionado.
Esto fue posible por el empeño de cientos de personas y también porque fue okupado. Las condiciones de acceso al espacio urbano, la precariedad económica, la carencia de dotaciones públicas y la falta de reconocimiento de las administraciones a la demanda social así lo imponen.
Esta misma condición, la de la okupación,es la que lo somete a un juicio penal en el que se imputa a 16 personas por el así llamado ¿delito? de usurpación u okupación. Para estas 16 personas se pide desde la acusación un total de 8 años-multa, equivalentes a 144.000 euros. De no pagar ese dinero, las 16 personas ingresarían en prisión.
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