Hoy en día, cuando los gastos públicos mundiales en el sector de la educación superan los miles de millones de dólares, los cincuenta millones de docentes, mil millones de alumnos y cientos de miles de centros escolares, muchos empiezan a percibirlo como un mercado colosal para sus inversiones. Desde hace un par de décadas asistimos a un proceso imparable de transformación de la educación, de desmantelación de la enseñanza pública, que se pretende hacer reduciendo los costes a base de electrochoques de la competencia internacional. La enseñanza superior se encuentra en el foco de todas estas transformaciones forzadas, constituyéndose en un sector especialmente afectado. Tampoco es casualidad que EE UU sea el primer exportador de servicios de la educación, si tenemos en cuenta el carácter políticamente estratégico de la enseñanza y el fuerte potencial de crecimiento que ha hecho a este servicio tan atractivo.
Este giro es encabezado por empresas multinacionales. Durante mucho tiempo, se aprovecharon de los GATT que sólo dirigieron, no obstante, el comercio de mercancías. Ahora, por el contrario, la OMC liberaliza las inversiones, los servicios y la propiedad intelectual. Se impone a los Estados, entre otras obligaciones la prestación de mayor autonomía a las universidades. Ello se hace, sin embargo tan sólo reduciendo sus presupuestos de financiación. Las universidades, para poder seguir financiándose, se ven obligadas a adquirir comportamientos de empresa.
En el sector de los servicios la exportación se realiza de cuatro modos básicos:
Suministros transfronterizos (en el caso de la enseñanza, serían los cursos a distancia)
Consumo en el extranjero (continuidad de estudios en el extranjero)
Presencia comercial (universidades o institutos extranjeros en el territorio propio)
Presencia comercial (universidades o institutos extranjeros en el territorio propio)
El nuevo orden mundial ha elaborado nuevas formas que, aparte de las ventajas obvias que ofrecen, ocultan su servicio a ciertos intereses muy determinados:
Acuerdos de hermandad, que permiten ofrecer a establecimientos privados la enseñanza superior de un país, cursos que otorgan diplomas de universidades extranjeras.
Enseñanza a distancia, facilitada por el desarrollo fulgurante de las tecnologías.
En los GATS, si un país toma un compromiso, no puede imponer nuevas restricciones sin proporcionar compensaciones a los países afectados por las medidas proteccionistas. Como cabría esperar, son más extensos para países industrializados que para países en vías de desarrollo.
El clima generalizado de austeridad y la fuerte penetración de los principios del neoliberalismo en los lugares de toma de decisiones, dejan la puerta abierta a la empresa privada y establecen los medios para la puesta en marcha de un mercado privado y mundializado de enseñanza superior. Esto arrastra un mayor déficit democrático del sistema educativo. La sumisión de la educación a las leyes de mercado mina su accesibilidad y agrava las desigualdades sociales. Como ya se ha visto en Estados como Polonia o México y en regiones enteras como el sudeste asiático, que se constituyen en la vanguardia de la liberalización de la enseñanza superior, estas reformas no traen sino un aumento alarmante de dependencia frente al exterior, aculturación progresiva provocada por el uso del inglés, homogeneización de la formación dispensada, y, en última instancia, erosión de la soberanía.
Un elemento clave de esta reorganización es la financiación, puesto que incluso si la educación sigue siendo una actividad esencialmente pública, comprende un elemento importante y creciente de financiación privada.
Por último, ante el imparable progreso de la enseñanza a distancia, nos encontramos ante el peligro de una educación puramente mecanicista y de contenido uniforme, que supedita el conocimiento adquirido críticamente al rendimiento económico de la universidad como empresa.
Cabe realmente preocuparse por el déficit democrático que se provoca progresivamente a medida que se construye, en base a algunas grandes organizaciones con vocación económica, financiera o comercial, un verdadero gobierno mundial oculto. Y lo más importante: la actual LOU a la que nos enfrentamos, no es sino un peldaño más de esta faraónica construcción que pretende acabar con la enseñanza pública en aras del culto al mercado libre.
El acceso, progreso y permanencia pese a ser aspectos esenciales de la vida del estudiante- se deciden sin voz ni voto de los mismos, con una gran influencia del mundo empresarial (financiación privada) y política.
Además dicho acceso se dificulta favoreciendo a las grandes universidades en detrimento de las pequeñas debido a que cada universidad realizará una prueba de a acceso bajo su propia criterio, ya que la ley no establece mínimos predefinidos para ello.
El propio art. 20.1 dice: el Rector es la máxima autoridad (...) de la universidad, ejerce la dirección, gobierno y gestión de la universidad.
A continuación analizaremos algunos de los puntos fundamentales que introduce la LOU sobre la figura del Rector:
Se apuesta por un sistema claramente presidencialista para la elección del Rector a pesar de la ilegitimidad que le da el voto ponderado. La elección del Rector por sufragio universal ponderadopodría parecer un avance democrático, ya que con la LRU sólo le votaban los claustrales. Pero al no estar esta figura ya vinculada al claustro se pierde la capacidad para poder controlarlo: lo elegimos entre todo@s pero nadie le controla.
El art. 20.3 dice: El voto para la elección del Rector será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria (...). En todo caso, el voto conjunto de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios tendrá el valor, de al menos , el 51 por 100 del total del voto a candidaturas válidamente emitido por la comunidad universitaria.
La ponderación del voto es una fórmula que rompe con la igualdad del voto: con los porcentajes de representación actuales (que además empeorarán )el voto de cualquier profesor valdría al menos 30 veces más que el de un alumno.
Con respecto a esto también hay que mencionar que en cada proceso electoral los coeficientes de ponderación que corresponderá aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector, serán elaborados por la comisión electoral de acuerdo con los Estatutos. El problema es que este doble proceso de ponderación conlleva un disminución de la representación de las minorías , aunque los filtros aún no están determinados.
El Rector es miembro del nuevo Consejo de Gobierno y es el encargado de elegir un 30% del mismo.
Es el encargado de nombrar al Gerente, máximo responsable económico de la Universidad, de acuerdo con el Consejo Social del cual también forma parte con voz pero sin voto, que ya es mucho más que la representación que tienen los estudiantes en cualquiera de los órganos anteriores.
El Rector, a su vez, es aconsejado por el nuevo órgano que es la Junta Consultiva, formada por profesores e investigadores de reconocido prestigio pero sin ningún tipo de asesoramiento de los estudiantes.
Por último hay también que decir que los Rectores de las Universidades son miembros del máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario, del Consejo de Coordinación Universitario.
El tema de la distribución territorial del acceso a las universidades ya fue tratado en su momento por el Informe Bricall. Se promovió entonces el concepto de distrito único, que consistiría en la práctica supresión de trabas en el intento de un estudiante de acceder a cualquier facultad del Estado español, independientemente de su lugar de residencia. Esta pretensión no ha sido explicitada por la presente reforma, pero se constituye en una consecuencia inevitable del nuevo mecanismo de accesos.
De hecho, no tendría nada de negativo la posibilidad de que cada persona pudiese elegir dónde prefiere cursar sus estudios. Sin embargo, esta situación adquiere matices perversos, si la encajamos en el modelo de unidad territorial que el nacional-liberal Gobierno Aznar está imprimiendo en otros proyectos como la rígida reforma del Senado, el decreto de humanidades o el sistema de habilitación de profesorado. En primer lugar, no cabe explicar la introducción del distrito único sino como una negativa por anticipado a mejorar la calidad territorial de las universidades. Es una declaración de intenciones por parte del Gobierno, que ya nos está diciendo en este momento que rehusa a fomentar el desarrollo de las universidades de las regiones más desfavorecidas.
Es necesario reconocer, como situación de hecho, la existencia de graves desigualdades entre los distintos centros públicos de enseñanza superior del país. Lo cual nos lleva al segundo punto: l@s estudiantes que quieran (y puedan) recibir una educación de calidad necesariamente tendrán que migrar hacia las regiones que ofrezcan la mayor calidad de servicio educativo. Y l@s que no consigan acceder a ellas (localizadas fundamentalmente en Madrid y en Barcelona), tendrán que conformarse con cursar su carrera en una universidad de segunda. Desdeñando de momento el factor económico, se puede simplificar la situación suponiendo que sólo l@s estudiantes con mejor trayectoria académica podrán elegir libremente dónde quieren estudiar. De este modo, no dejarían de concentrarse en una serie de centros universitarios, influyendo gravemente en el futuro laboral de una persona la localidad en la que ha cursado su carrera.
Exactamente lo mismo pasará con el profesorado. El proceso de elitización, ya presente, está en marcha y con una clara radicalización.
En tercer lugar, está la trascendental cuestión económica. Si el Gobierno se niega a financiar una educación de calidad para tod@s, obviamente es para que las cargas no recaigan, sino sobre el estudiantado. Este aspecto se inscribe perfectamente en el panorama general, en el que la degradación del sistema de becas acompaña a la introducción del distrito único. Ni mucho menos, tod@s l@s que quisieran y pudiesen cursar estudios superiores, tendrán la oportunidad de hacerlo por los gastos que acarrea el desplazmiento y la residencia por estudios.
Como consecuencia, sólo recibirán una carrera de calidad l@s económicamente pudientes, mientras que l@s estudiantes en situación material menos favorable o aquell@s que residan en regiones desplazadas por la elitización territorial, habrán de conformarse con lo que reste. De este modo, el acceso a las universidades no se realiza a través de criterios académicos; las cargas económicas se convierten en un sistema de preselección de universitari@s.
Por último, es necesario señalar, como un aspecto más de la introducción del distrito único, la distorsión del equilibrio lingüístico en aquellas regiones del Estado español que utilizan idiomas diferentes al castellano. De hecho, es una cuestión que afecta a todo pueblo que desee conservar (o desarrollar) su legítimo derecho a configurar una educación de rasgos culturales propios. Sin embargo, es evidente que trastorna en primer lugar a aquellos, que utilizan el catalán, el euskera, el gallego o cualquier otra lengua minorizada. Si se permite el acceso libre de estudiantes que no tienen conocimiento de estos idiomas, una avalancha pone en peligro el precario equilibrio de uso proporcional entre el idioma autóctono y el castellano. Esto se produciría por doble efecto: por la natural imposibilidad de utilizar en la enseñanza una lengua no entendida por la mayoría de l@s estudiantes y por la presión que, sin duda, se ejercerá de modo artificial desde el Gobierno central del Estado.
Defendemos el derecho de l@s estudiantes a elegir libremente su lugar de enseñanza sin trabas territoriales de clase alguna. Pero nunca por encima de su derecho a recibir una educación pública, igualitaria, gratuita, solidaria y de calidad en la propia localidad de su residencia.
El proyecto de la L.O.U es el marco legal que da un paso más para llevar a cabo la progresiva privatización de la Universidad Pública y un acercamiento al modelo universitario de EE.UU . Ya en la exposición de motivos de aquélla se manifiesta su afán de que la universidad se ha de financiar mediante contratos con entidades privadas en un lenguaje que no deja lugar a dudas: rentabilidad, competitividad, rendimiento....Es ocioso insistir en la total ausencia de interés social y en el cuidado tomado para eliminar cualquier capacidad de la comunidad universitaria para intervenir en dicho proceso, marginándola del Consejo Social.
Igualmente, la L.O.U establece los marcos de autonomía económica y financiera de las universidades supeditando éstas a las comunidades autónomas que deberán autorizar por ley todos los costes de personal, los gastos e ingresos, las inversiones y los procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto, a la vez que les exige que dispongan de los recursos para el desarrollo de sus funciones.
Los ingresos provendrán de:
Transferencias anuales de las Comunidades Autónomas. No se presenta Plan de Financiación por lo que deducimos que no se incrementarán las transferencias públicas a las universidades. Además, la financiación pública insuficiente provocará que las universidades se vean sujetas a intereses privados, vinculados a criterios de rentabilidad, que no coinciden necesariamente con los de la sociedad.
Precios públicos y tasas. Los establecerán los Consejos Sociales (con presencia nula de la comunidad universitaria). Lo que, unido al binomio de la mayor competencia interuniversitaria debido al distrito único y al menor número de universitarios a causa del endurecimiento del acceso, provocará un desequilibrio entre los centros universitarios; unos a los que afluirán los estudiantes y que al tener mejor financiación se elitizarán y otros que por el contrario se verán abocados a desaparecer.
Subvenciones públicas y privadas, herencias y donaciones.
Rendimientos del patrimonio.
Ingresos de contratos de colaboración. Este punto responde al objetivo de conectar la universidad con el mundo empresarial impulsando los contratos con personas o entidades públicas y privadas. Los Institutos de Investigación se podrán constituir en colaboración con instituciones privadas y además las empresas a la vez que se ven incentivadas fiscalmente (ley 30/1994) por las actividades de mecenazgo a favor de las universidades públicas, disfrutarán de exención tributaria.
Remanentes de tesorería.
Por todo lo dicho se va a producir una privatización encubierta que beneficiará fiscalmente a las empresas privadas en detrimento de las características fundamentales de la Universidad Pública que verá gravemente limitadas las supuestas garantías constitucionales que representan la capacidad de crítica y la independencia:
Libertad de cátedra.
Libertad de estudio.
Libertad de investigación
Autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Esta dependencia financiera supondrá la privatización de facto de instalaciones públicas que se utilizarán para proyectos de empresas privadas a bajo coste utilizando, además, a los estudiantes como mano de obra barata.
Como conclusión, hay que decir que esta ley es una aplicación concreta del GATS (Acuerdo general para el comercio y servicios) que, elaborado en 1995 dentro de la OMC una vez conseguida la privatización del sector público industrial, busca hacer posible la expansión del mercado a los servicios públicos, la sanidad y la educación (entre otros) eliminando toda posibilidad de los gobiernos centrales y locales para legislar libremente y desligarse del acuerdo una vez suscrito por un gobierno precedente, por lo que está por encima de las decisiones políticas de los ciudadanos.
Para entender lo que esto significa, basta considerar uno de los múltiples precedentes de la aplicación de esta política: cuando en Bolivia se privatizó el suministro del agua, el precio aumentó un 200% y la compañía privada prohibió a los particulares recoger el agua de lluvia.
El presente Proyecto de Ley de Orgánica Universidades (LOU), se encuadra en un contexto mundial de globalización economicista, del que justifica su funcionamiento dentro de una dinámica neoliberal. "Así, la modernización del sistema económico impone exigencias cada vez más imperativas a los sectores que impulsan esa puesta al día..." (exposición de motivos), entre los que se incluye la universidad. Esto es, la universidad pública debe estar supeditada a la "imposición" del sistema económico, del que esta ley considera primordial criterios como la eficiencia, el rendimiento económico o la competencia, dejando en un segundo plano valores como la universalización del conocimiento, la igualdad o el servicio social (que no empresarial) a la sociedad. Valores también incompatibles con los principales organismos de la política universitaria:
El Consejo Social ("...órgano de participación de la sociedad en la universidad..." art.14), estará formado por miembros de diferentes ámbitos de la vida social-político, económico..., donde "...no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria... con voz pero sin voto el rector, el secretario general y el gerente...(art.14). A este órgano "...le corresponde aprobar las cuentas anuales de la universidad y las de las entidades que de ella puedan depender, y sin perjuicio de la legislación mercantil...". Es decir, se elimina todo el personal académico, y se deja un vacío legal para empresas, lo cual les otorga un gran poder en el ámbito universitario, a la vez que encuentran salida a los impedimentos que se derivan del derecho mercantil.
El Consejo de Coordinación Universitaria ("máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario" art.28) introduce miembro de la comunidad universitaria privada; ...la existencia de un número creciente de universidades privadas recomienda su participación en este foro..." (exposición de motivos. apdo 4), otorgándolas el derecho de participación (con voz y voto) en las decisiones que incumben a la política universitaria que se ejerce en el estado español. Recalcamos además, el privilegio de las universidades católicas sobre el resto de las privadas, al no tener que atenerse a la "ley de reconocimiento" (disp. adicional).
Paralelamente, resulta contradictorio que "...se reconoce y garantiza la libertad de investigación en el ámbito universitario..."(art.39.2) cuando el art.41.1 enuncia que la universidad desarrollará una investigación con objetivos de contribuir a la "competitividad de las empresas" entre otras, y que se llevará a cabo mediante "la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados...Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las universidades..."(art.41.2.apdos f y g).
Se muestra aquí la creciente privatización de la universidad, al facilitar la creación e integración de empresas privadas ( entradas, que ni siquiera tendrán por que ser decididas por la propia comunidad universitaria) orientadas a la investigación exclusivamente lucrativa y "...creación de centros y estructuras mixtas..."(art.41.2. apdo f), que abarcarán también, aspectos como la enseñanza o subvenciones interesadas, sin olvidar que serán estas compañías, la dueñas de las patentes de los hallazgos creados en la universidades.
Por todo ello, denunciamos que el patrimonio cultural quede supeditado y vendido a los intereses monetarios del modelo neoliberal, y no pretenda ser universal para con toda la sociedad.
Denunciamos el proceso de elitización de este proyecto de ley, en el que se resalta que las universidades, bajo unos mínimos, C"...establecerán los procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas..." (art.42.3). Lo que es un reflejo de la política de selección en las universidades de EE.UU., donde los centros están jerarquizados en función de su prestigio, infravalorando a los estudiantes, ya condicionados, pertenecientes a los centros de peor estatus.
La universidad no puede estar jerarquizada, debe de ser homogénea, a la vez que plural y abierta, contemplando el amplio abanico de situaciones personales ( empleo, residencia, estado psicológico, medios económicos, etc...).
Igualmente, queremos resaltar la influencia del Consejo Social (sin ninguna representación universitaria) y del Consejo de Coordinación Universitaria (con escasísima representación académica, y nula, entre los estudiantes) donde se cita que "...el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios" (art.46.3). Así, miembros ajenos ( empresas privadas, universidades privadas, etc...) regularán la vida académica del estudiante.
Así mismo, el concepto de distrito único (práctica que en principio debería ser positiva ,dando libertad de acceso para aquell@s que lo requieran en cualquier universidad del estado español) plantea bastantes controversias:
Deducimos de esto la irrefrenable polarización de la calidad de la enseñanza en focos escogidos, restando importancia al fomento del desarrollo de los centros públicos de enseñanza superior en otras regiones. Aparecen así, universidades de primera y segunda clase, produciéndose en este caso una jerarquización de la enseñanza a nivel territorial (Barcelona frente a Teruel).
Además nos planteamos que si la garantía de una enseñanza buena y de calidad se concentra en determinadas regiones, l@s estudiantes elegirán desplazarse hacia estas para asegurarse también un mejor prestigio académico y salida profesional. Pero esta libre movilidad de estudiantes no va acompañada de un sistema de becas, que impida esa dismetría en el privilegio de recibir una mejor enseñanza en función de la disponibilidad económica.
De un mismo modo, y observando propuestas como,"la universidad desarrollará una investigación de excelencia con objetivos de contribuir a la competitividad de las empresas..."(art41.1) todo apunta a que las empresas, rivalizando entre ellas para mantenerse en el mercado, orientarán sus inversiones hacia aquellas investigaciones q les puedan producir una mayor rentabilidad( estudios de importancia para la sociedad, si no garantizan un beneficio restarán valor frente a la primacía del interés empresarial).Creando así otra variedad dentro de la elitización de la q somos testigos, la jerarquización a nivel de facultades, estudios....(informática frente a filosofía).
En lo referente al profesorado ,también podemos hacer alusión a este concepto q se viene repitiendo, abarcando diferentes aspectos.
Una vez superada la prueba de habilitación por los "aún no profesor@s" (en un afán irreal del gobierno para hacer frente a la endogamia)las universidades compiten a través de una serie de concursos de acceso para contratar a estos posibles profesor@s.De esta forma, serían las universidades con más recursos las que podrían disponer de l@s mejores. Así también, algun@s estudiantes no podrán acceder a estas mejores universidades, de las que son docentes l@s mejores candidat@s. Nos veremos perjudicados, una vez más, por este proceso de elitización que, entre otras cosas, promueve este proyecto de ley, y del que pronto tod@s podemos ser protagonistas.
Reivindicamos el derecho de l@s estudiantes a recibir una educación pública, igualitaria, gratuita, solidaria y de calidad en la propia región de su residencia.