Práctica recurrente del régimen: Prodh

Semanario de Información y Análisis "Proceso" No.1230 28 de mayo de 2000 

Gobierno y UNAM aplicaron una "represión legalizada" contra estudiantes
Miguel Cabildo 

Con base en pruebas testimoniales, dictámenes médicos y psicológicos y declaraciones ministeriales y análisis jurídicos, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Prodh) sostiene que en el conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gobierno y autoridades universitarias privilegiaron la represión legalizada, con la finalidad de debilitar y "descabezar" al movimiento estudiantil y nulificar las acciones políticas del Consejo General de Huelga (CGH).A un conflicto eminentemente sociopolítico, subraya, se le dio una salida "aparentemente jurídica" y de corte "policial", lo cual, en su opinión, refuerza una práctica recurrente utilizada por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo contra quienes disienten. 
Y alerta: 
"El caso de la UNAM es un paradigma del 'terrorismo' de Estado, de la ilegalidad, de la represión, de la mentira, del olvido y de la impunidad. Este caso marca profundamente la realidad histórica del país y configura la estrategia gubernamental en contra de todos aquellos y aquellas que son diferentes, distintos, y que por sus ideas, creencias y luchas disienten moderada o radicalmente del actual sistema." 
En su informe, UNAM: La criminalización de la disidencia, el Prodh, que dirige Edgar Cortez Morales, documenta, en efecto, un sinnúmero de violaciones a las garantías individuales -detenciones ilegales y arbitrarias, intimidación, amenazas, incomunicación, interrogatorios ilegales, presión psicológica, desnudo forzado, entre otros-, cometidas por autoridades federales, locales y civiles contra paristas durante la huelga, particularmente por la Policía Federal Preventiva (PFP). 
Ademá s, evidencia el papel de "cómplice" que jugó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el conflicto y pone especial acento en la intención gubernamental de infundir el voto del miedo, de cara a las elecciones federales y locales: 
"La irrupción de movimientos armados, el alargamiento de los conflictos sociales y la proximidad de las elecciones presidenciales contribuyen a generar un ambiente de miedo ante un posible estallamiento social."  Coordinado por Miguel Ángel Pichardo Reyes, el informe del Prodh, que consta de 124 páginas, contiene un análisis sobre la inconstitucionalidad de la PFP, la ilegalidad de las detenciones, la impunidad, las irregularidades en la aplicación de la libertad provisional, la libertad bajo las reservas de ley, la ineficacia del recurso de amparo para la protección de las garantías individuales y el incumplimiento de acuerdos y tratados internacionales signados por México. En el informe se fundamenta cómo detrás de todas las acciones individuales y de los hechos aparentemente aislados y desconectados que se suscitaron durante el desarrollo del conflicto universitario, "se configuraron estrategias de corte contrainsurgente y antiterrorista".  Esta "represión legalizada", dice, se tradujo en una acción de carácter eminentemente político, "en la que se utilizaron la ley y los aparatos represivos del Estado parcialmente en beneficio de una de las partes en conflicto, la autoridad". Según el organismo de defensa de derechos humanos, "después de la represión legalizada vino la mentira institucionalizada". Considera que la labor de los visitadores de la CNDH se redujo a "coadyuvar en la perpetración de violaciones a los derechos humanos, pues no sólo avaló la actuación de la PFP, sino que, peor aún, minimizó las violaciones cometidas por las autoridades, tachándolas de simples anomalías procedimentales". 
Además, no hizo defensa alguna, ni siquiera una denuncia categórica a pesar de las "evidentes y flagrantes violaciones a los derechos humanos". Tampoco se ha empeñado, prosigue, en buscar la verdad histórica de los acontecimientos que, por decreto, deben ser de su interés por tratarse de violaciones graves y colectivas.  "La CNDH desatendió, impunemente, su obligación con respecto a la prevención, defensa, investigación y denuncia de los derechos humanos en el conflicto universitario, especialmente en el desenlace violento que tuvo la huelga universitaria, con el desalojo y la aprehensión de los paristas." 
Entre el 1 y el 6 de febrero, la PFP detuvo a 998 personas y encarceló a más de 400. Pero además intervinieron otra 11 instancias: elementos de la PGR, custodios del Reclusorio Norte, personal de auxilio de la UNAM, tropas del Ejército Mexicano, agentes del Ministerio Público, grupos de porros, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, autoridades de la CNDH y jueces. 
El informe identifica a la PFP como la principal agresora. Un total de 105 denunciantes coincidieron en que los elementos de esa corporación, que depende de la Secretaría de Gobernación, los agredieron. La PGR aparece como segundo agente agresor, seguido de personal del Reclusorio Norte, MPF, y personal de Auxilio de la UNAM,  Dividido en tres capítulos ("La criminalización de la disidencia", "La represión legalizada" y "El derecho a la educación"), el informe del Prodh documentó un total de mil 12 actos violatorios de las garantías individuales, los cuales, a su juicio, dan una idea de la magnitud y gravedad de la intervención de la PFP en la UNAM.  La detención ilegal y arbitraria, la intimidación, la ausencia de información a inculpados y familiares, la fabricación de delitos y los malos tratos y amenazas fueron las violaciones más recurrentes. Aunque también hubo amenazas de violación, desnudos forzados, robo y amenazas de muerte.  Establece que el encarcelamiento constituye la forma más brutal, innecesaria, costosa e injusta cuando se aplica desproporcionadamente a individuos sin una carrera o perfil criminológico definido, como es el caso de los estudiantes retenidos en el Reclusorio Preventivo Norte. 
Mario Benítez, Alejandro Echeverría El Mosh, Alberto Pacheco El Diablo, Jorge Martínez Valero, Salvador Ferrer Ramírez y Víctor Manuel Alejo Plata siguen en prisión porque están considerados como "peligrosos sociales" por el Ministerio Público Federal. Según la Fiscalía, los jóvenes dirigentes del CGH ponen en riesgo la seguridad de la UNAM. 
En ese punto, en particular, el Prodh apunta: 
"En el caso de la peligrosidad social, afirmamos que se aplican criterios subjetivos; lejos de ser argumentos fundados y motivados, se basan en percepciones que no tienen fuerza real y que terminan siendo prejuicios. Éste es un ejemplo más de que el cabal ceñimiento a la norma penal enarbolada por el principio de legalidad, ha sido socavado por jueces y ministerios públicos, con el propósito de contener momentos de crisis social." 
Especialistas en los que se apoyó el Prodh para valorar la salud física y psicológica de los estudiantes universitarios detenidos, dictaminaron que el encarcelamiento, la convivencia forzada y la sobrepoblación constituyen conjuntamente una seria amenaza para el ejercicio de la identidad, sobre todo para aquellos individuos cuyos procesos de formación de identidad personal y social se encuentra aún en proyecto. 
"El proceso de estigmatización, es decir, vivir con una identidad desviada, desafortunadamente se prolonga incluso después del excarcelamiento." 
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" demanda, entre otras cosas: investigar las denuncias; resarcir los daños causados a las víctimas; investigar a las autoridades que incumplieron con su deber; disolver la PFP; promover reformas a la Ley de Amparo, y adoptar medidas efectivas que garanticen el ejercicio del derecho a la educación pública y gratuita. 


             http://www.proceso.com.mx/1230/1230n13.html