Llevamos exiliados en Francia desde principios de los años ochenta.

Los gobiernos de Mitterand nos han acogido y nos han permitido rehacer una vida, considerando políticos los «años de plomo» y los delitos de los que nos acusaban. El gobierno de la droite no mantiene una actitud diferente.

Desde hace años pedimos una disposición legislativa que acabe con la eficacia de la legislación especial que nos ha golpeado.

Por vez primera también entre las fuerzas políticas italianas, confusa pero seguramente, percibimos la reflexión sobre la oportunidad de poner la palabra fin a la represión de los años de plomo. Han intervenido cambios radicales en la sociedad europea, en su tejido social y político, durante los quince-veinte años que separan el momento presente de la época antiquísima del extremismo y el terrorismo pos-sesenta y ocho. En Francia representamos una curiosa anomalía jurídica y un residuo marginal cuyo origen a veces no se recuerda.

Pero en Italia la situación ha cambiado más profundamente aún, un auténtico cataclismo. ¿No es suficiente para mirar con otros ojos a aquel tiempo lejano en el que hemos luchado, hemos sido derrotados y golpeados por la represión? ¿No es suficiente para imponer la necesidad de una amnistía? ¿No existe una equidad jurídica y democrática que, tal y como ocurre en todos los Estados bien ordenados, indique, con la abolición de la emergencia, la abolición de las reglas extraordinarias y de sus efectos excepcionalmente represivos?

Pero para nosotros no es suficiente apelar a un sentimiento de equidad. También queremos recordar que las leyes, deseadas en los años setenta por el sistema de partidos para aplazar la fecha de su ocaso, han criminalizado a las únicas formas de oposición al régimen que han aparecido en Italia tras la Resistencia. Y sobre todo queremos poner de manifiesto que hoy todavía funciona esa persecución infinita que en veinte años ha llevado a millares de militantes del movimiento y de la transformación a la cárcel y el exilio: funciona aún, cuando todas sus condiciones han desaparecido. Peor aún, funciona aún, cuando otras muchas razones de la revuelta se han visto, ya que no justificadas, ciertamente motivadas por el desarrollo de la consciencia política democrática del país.

Y de este modo hoy sabemos que una parte de aquel Parlamento que proclamó las leyes de emergencia se ha visto procesada por concusión y robo; que cientos de cargos electos y administradores de los partidos que se erigieron como Comité de salud pública contra los estudiantes y los trabajadores subversivos son reos de delitos odiosos. Ex ministros y magistrados que habían hecho un pacto en su complicidad criminal de la lucha contra el movimiento de los años setenta hoy están acusados de mafia.

Además, hemos sabido oficialmente que las matanzas que acabaron con la vida de cientos de ciudadanos, desde el 12 de diciembre de 1969 en adelante, eran obra de la acción homicida de los Servicios secretos «fieles» o «desviados»; nos han informado de la Gladio blanca, nos han advertido de la alianza entre gobiernos, mafia y otras bandas criminales y de que la Gladio roja acumulaba armas; nos hemos enterado de que el sistema de partidos se alimentaba de la ilegalidad en el ejercicio de la soberanía.

Pedimos la amnistía. Nos parece no sólo legítimo sino obligado que, con ocasión de la redefinición de las reglas de funcionamiento democrático del Estado, se decida una solución definitiva de los problemas judiciales que los años setenta dejaron abiertos.

Es hora de que el país afronte con serenidad esa parte de la propia historia que atañe a los movimientos políticos que se sucedieron desde el 68 hasta principios de los años ochenta, interrogándose por las razones políticas que los produjeron y teniendo en consideración los errores y las responsabilidades de cada uno. Así madurará la solución de una situación que, al alba de una Europa unida, ve un país democrático como Italia con cientos de detenidos políticos y 250 exiliados en una nación colindante.

¿No es paradójico que en una Europa en la que la gente se mueve casi sin pasaporte la anomalía que representamos no se haya resuelto aún? ¿No sería el momento de acabar con procesos y penas retrospectivas y vengativas en una Europa en la que ni siquiera se persigue a los agentes de la Stasi?

Nos parece que en Italia se están reconsiderando algunas modalidades perversas a cuyo través funciona el derecho. También a este respecto nuestro problema es ejemplar. De hecho, todos podemos verificar cómo el nuevo y desastroso método inquisitorio tuvo su origen precisamente a través de las leyes especiales antiterroristas, en lo que atañe tanto al uso indebido de la prisión preventiva como al desmenuzamiento y la eternización de los procesos (algunos todavía tenemos procesos en marcha por delitos eventualmente cometidos a principios de los años setenta), así como a las sobredeterminación ejemplar de las penas.

Para nosotros la excepcionalidad de la legislación se ha convertido en un destino a lo largo de un cuarto de siglo, en ausencia de cualquier peligrosidad social. ¿Queremos que esto siga así para nosotros y para los demás? No. Creemos que ha llegado el momento de resolver, a través de un acto general de clemencia, la situación en la que nos hallamos. Sólo una amnistía puede corregir las desigualdades introducidas con la aplicación de las leyes de emergencia: de hecho, con el desarrollo de la represión judicial hemos asistido a un complejo encabalgamiento de leyes e intervenciones administrativas, de uso de viejos y nuevos instrumentos represivos. Pero no es suficiente. Nuestra petición abarca a la totalidad de la normatividad de excepción que ha producido el Parlamento y ha aplicado la Magistratura en el período de la emergencia.

Hoy, sólo a través de una amnistía se hace posible restaurar condiciones elementales de vigencia del Estado de derecho: suprimiendo así el pretexto para una producción continua de monstruos jurídicos, impuestos por la necesidad de salvar a monstruos más antiguos, y abriendo en defininitiva la posibilidad para que a las demandas políticas se les den respuestas políticas y no sólo represivas.

Sabemos que se levanta una objeción contra la propuesta de amnistía y que atañe al llamado «reconocimiento político» que en aquella se ocultaría. Siempre nos ha sido fácil responder que semejante reconocimiento, al menos jurídico, ha estado presente constantemente en toda medida legislativa (ley Cossiga, leyes de arrepentidos, sobre la disociación, etc) tomada respecto a los protagonistas de los «años de plomo». Y se muestra aún con mayor evidencia con la propuesta actual de indulto tendente a remediar los excesos de las leyes de emergencia.

Nos importa subrayar que en la discusión en torno a la amnistía emrgen también las preocupaciones y reservas de las personas que han perdido a familiares o de todos modos han quedado como víctimas de la violencia en los «años de plomo». No creemos poder dar una respuesta a esas reivindicaciones; por lo que sabemos, desde hace unos siglos el derecho se ha despersonalizado y se ha diferenciado de la venganza. La reparación de esos lutos y esos sufrimientos de serdecidida por el Estado, en la medida en que la redefinición de las responsabilidades de los «años de plomo» se vea asumida por la renovación democrática del país.

A su lado, en todo caso, nadie podrá olvidar los lutos y sufrimientos producidos por las matanzas de Estado, nunca perseguidas penalmente, y la de los familiares de muchos, muchísimos caídos en las luchas sociales obreras y proletarias de los años cincuenta, sesenta, setenta.

Permítasenos por último subrayar, por amor a la verdad, lo importante que ha sido, por el comportamiento y el juicio político expresado con el curso de los años, la contribución de la comunidad de los «refugiados políticos» en Francia a la superación de la emergencia en Italia, sin olvidar las dificultades y las penas que a cada uno de nosotros nos ha costado el exilio.

Es hora de una amnistía para quienes han luchado, justamente o no, por la renovación de Italia después del 68.