Desde hace años los movimientos antagonistas y una porción consistente de la izquierda institucional luchan contra la permanencia de los efectos de una de las opciones más perversas operadas por los legisladores en materia de justicia penal a finales de los años setenta: el alcance residual de lo que aún hoy continúa denominándose legislación de emergencia.

Una normativa penal por definición excepcional, que por un lado aumentaba gravemente las penas mínimas y máximas a cumplir por "delitos cometidos con finalidades de terrorismo o de subversión del ordenamiento constitucional" dilatando desmedida y retroactivamente los extremos de lo que se seguía definiendo como prisión preventiva, y por el otro introducía sistemáticamente la delación como principal si no único instrumento de indagación. Con la consiguiente supresión drástica de los períodos de cárcel para quienes "colaboraban" y la acuñación, gracias sobre todo a los media, de un nuevo sujeto pseudo-jurídico: el arrepentido. En el que, respecto a lo que etimológicamente debiera ser un drama ético y moral, preponderaban cuestiones de charcutería barata: a mayor volumen de delaciones, mayor volumen de beneficios.

A la vez que no podemos dejar de observar cómo la legislación de los beneficios por delación sigue siendo el eje privilegiado sobre el que se continúan edificando los procesos a veinte años de distancia de aquellas opciones, asímismo es imposible sustraerse a un par de reflexiones:

- lo que el legislador puso en marcha era de carácter declaradamente transitorio, una respuesta político-judicial excepcional a un período de luchas excepcional en la que miles de jóvenes y no tan jóvenes tuvieron que elegir el terreno de antagonismo más radical cuando la separación entre país real y país legal, entre legalidad y legitimidad parecía aludir a una ruptura revolucionaria

- hace tiempo que ese período terminó definitivamente y hoy vemos reescribirse nuevos confines geopolíticos en un nuevo lazo entre lo global y lo local; el mundo es el nuevo escenario en el que el avance imparable de la globalización hace trizas viejos vínculos y raíces, subvierte y trastorna modelos de vida, de producción, reproducción y consumo, territorios, pertenencias, fronteras, discriminaciones, jerarquías, privilegios, injusticias; los enemigos de hoy se llaman neoliberalismo, despotismo, absolutismo.

Por esta razón, no es sino una barrera sola y exclusivamente política la que algunas fuerzas institucionales y no se obstinan en oponer frente a la necesidad histórica, cultural y- ciertamente- política de desmantelar cuanto queda de una legislación especial que tras haber procesado y encarcelado a miles y miles de personas aún hoy se caracteriza de modo siguiente :

- más de 120 cadenas perpetuas en trámites de ejecución

- casi 300 exiliados, casi todos acogidos legalmente

- aproximadamente 300 personas aún detenidas

En los últimos 12 meses quienes luchan por una solución sustancial de esta contradicción han incentivado los propios esfuerzos para que en la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados se llegue a la definición de medidas de amnistía o indulto sobre la base de las numerosas propuestas de ley presentadas de derecha a izquierda, la última por parte del parlamentario de Rifondazione Comunista Niki Vendola, en la que, al menos, es evidente el esfuerzo de recoger todas las demás. Pero siempre que se acerca la realización de una medida favorable algo o alguien logra provocar una paralización.

Hoy es el momento de la hipocresía. Muchos se han hecho eco del estallido del presidente de la "Asociación de familiares de las víctimas" el 2 de agosto en Bolonia (que, entre otras cosas, no ha comprendido que en todo caso el delito de matanza está excluido de toda propuesta y sobre todo que la matanza a la que se refería fue una Matanza de Estado), desde el presidente Scalfaro al ministro de justicia Flick, hasta llegar al portavoz de la Comisión de Asuntos Constitucionales Cananzi, invocando la prioridad de la promulgación de una "Ley para las víctimas del terrorismo".

Nos preguntamos, estupefactos, y preguntamos con qué valor puede plantearse este problema veinte años después.

Preguntamos a qué parientes de las víctimas se les preguntó su parecer cuando se trataba de sacar de la cárcel a un pluri-homicida sólo unos meses más tarde por la sola razón de que se había vuelto un delator o acaso un calumniador.

Preguntamos qué hay que decir de su tutela en los procesos, de su constitución como parte acusatoria, de los resarcimientos, de las medallas y los abrazos de los diferentes presidentes de una República empapada en la corrupción, los negocios sucios y las complicidades institucionales.

Preguntamos cómo es posible instrumentalizar tan vilmente el dolor de quienes se han visto golpeados afectivamente para crear un nuevo y anacrónico obstáculo para la solución de un problema que hoy no es más que político y que cobra su forma jurídica simplemente en la "vuelta a la normalidad" de una normativa penal agravada en su momento por una legislación de emergencia. Estamos en contra de los oportunismos y las hipocresías. La libertad no es una prenda de cambio.

Los tiempos están maduros para un giro: entre otras cosas, lo prueba la entrega de un acusado evidentemente perseguido como Antonio Negri.

Por ello exigimos, de inmediato, la discusión y la aprobación de una medida que tenga en cuenta tres necesidades fundamentales:

- la no discriminación entre acusados

- la consistencia de las penas y de las penas accesorias

- el problema de los exiliados.

De lo contrario, se requiere el valor moral, cultura y político para hacer desaparecer las llaves de una solución.

Llamamos a todos a mantener viva la discusión, la comunicación, la movilización.

Para llegar a la abolición de todas las fronteras y la construcción de una red de comunidades solidarias por todas partes es necesario pasar además a través de la destrucción de esta monstruosidad.