Con este escrito queremos hacer una serie de consideraciones en torno al conflicto que se ha planteado con la construcción, desde el pasado 19 de abril, del centro social autogestionado "El Laboratorio". Conflicto que ha llegado a su juzgado tras la denuncia del Ministerio de Economía y Hacienda con la intención de lograr el desalojo de este edificio que ha permanecido vacío y abandonado durante cuatro años, destruyendo así el proyecto de nuestro centro social.

En primer lugar, difícilmente podemos tratar la irrupción de los centros sociales autogestionados y la ocupación de espacios abandonados como una cuestión de orden público y delictiva, competencia estricta de la judicatura y la policía, sino como un conflicto entre sujetos sociales con intereses más o menos enfrentados. Por un lado, tenemos las políticas y prácticas de gestión de los espacios públicos y los usos especulativos de inmuebles útiles por parte de la administración y de los grandes y no tan grandes propietarios inmobiliarios y, por otro, los proyectos e iniciativas de reconstrucción de espacios públicos y abiertos de comunicación, cooperación y experimentación de nuevas relaciones sociales que llevan a cabo quienes dan vida a los centros sociales. Se trata, por tanto, de una diferencia entre una iniciativa que parte de lo social y la incapacidad y rigidez de la administración a la hora de afrontar de forma constructiva la irrupción de una nueva creatividad ciudadana.

Lo que tratamos de poner en juego en los centros sociales es una puesta en funcionamiento de capacidades de cooperación social que no encuentran expresión en los marcos existentes que organizan el trabajo, la cultura, la participación política, la formación y los servicios públicos. Existe una potencia social que excede estos marcos y busca momentos, espacios y recursos que le permitan determinarse. Los centros sociales como El Laboratorio son modos de esta determinación, iniciativas a la vez sociales, políticas y fundamentalmente éticas. En ellos se trata de recrear lo social enriqueciendo sus capacidades de autoorganización y dando contenido y fuerza material a formas de democracia radical que atañen a todos los aspectos de la vida cotidiana. Organización de la creatividad difusa (talleres de teatro, artesanías, música, pintura, idiomas, conciertos, etc); experimentación de formas de autogestión de un espacio público (rehabilitación del inmueble, organización del espacio, limpieza, producción de servicios como un comedor a precios populares o una biblioteca y realización de un proyecto de vivienda); reconstrucción de lugares de encuentro, discusión y participación activa junto a otros colectivos del barrio como las asociaciones de vecinos, de inmigrantes y ONGs: todo esto da cuenta de la riqueza y el valor de los centros sociales.

Resulta difícil de entender que frente a esta realidad sólo quepa un tratamiento jurídico que inevitablemente acaba en la criminalización y en la violencia que trae consigo un desalojo. Frente a esto, proponemos abrir otra vía que es la construcción de un marco público que afronte este conflicto sobre la base de la discusión entre la administración, el centro social y los sectores sociales que han manifestado su apoyo y han participado de distintos modos en este proyecto. Una vía no judicial que abra un diálogo y una negociación en la que buscar la continuidad y el reconocimiento de este centro social. Quizás ya tenga conocimiento de que desde distintos sectores de la administración se ha aludido ya a posibilidades similares, por ejemplo, las manifestaciones de un concejal del Ayuntamiento de Madrid en las que dejaba abierta la oportunidad de permanecer en el centro de la calle Embajadores mientras no entrara en marcha la fase del plan de rehabilitación de Lavapiés que afectaba a este edificio, o el ofrecimiento de la oficina del Defensor del Pueblo como instancia de mediación entre ‘El Laboratorio’ y la administración. Asímismo, más de seiscientas personas, entre ellas parlamentarios del congreso de los diputados y de la asamblea de Madrid, se han autoinculpado como ocupantes del Laboratorio y se han pronunciado contra el tratamiento represivo hacia los centros sociales. Son, además, numerosos los colectivos y organizaciones que coinciden con nosotros sobre la apertura de esta vía y que, con seguridad, se lo comunicarán tal y como nosotros lo hacemos. Existen numerosos precedentes de formas de negociación pública entre centros sociales, ocupantes de espacios públicos y administración y propietarios privados en otros países europeos. Estas formas de negociación han llevado a diversos acuerdos sobre las garantías y el estatuto de los centros sociales o a distintos procesos de legalización. Esto ocurre en países como Holanda, donde la ocupación de inmuebles abandonados no se considera un acto ilegal y donde los ocupantes cuentan con garantías de permanecer en los edificios ocupados si estos se hayan abandonados o si los propietarios no demuestran que están haciendo uso de ellos. En Italia, cada vez son más numerosas las experiencias de negociación entre centros sociales autogestionados y ayuntamientos que han llevado a la cesión sin condiciones de los espacios ocupados o de otros de propiedad pública.

Existen, por tanto, razones suficientes para solicitarle que desestime las diligencias del abogado del Estado sobre el desalojo del edificio del centro social ‘El Laboratorio’, una decisión que abriría la posibilidad de resolución constructiva de este conflicto a través del diálogo entre la administración y los miembros del centro social, que además han promovido la constitución de un consejo en el que participan múltiples colectivos y sujetos que se sienten implicados y solidarios con este proyecto y que son la base ciudadana que pugnaría en favor del centro social en ese diálogo.

Esperamos que considere esta vía de diálogo que proponemos con el fin de evitar experiencias desagradables de desalojo, que a nadie benefician, como la que recientemente se vivió con el centro social okupado La Guindalera.