La semana pasada cumplió el primer plazo judicial para ejecutar el desalojo del CSOA El Laboratorio (c/ Embajadores 68). A última hora la juez que instruye el caso (un procedimiento administrativo, no penal) acordó aceptar un último recurso de nuestro abogado y dio un plazo de quince días para responder. Si el recurso fuera aceptado, el plazo posiblemente se ampliaría a tres o cuatro meses.

La asamblea de El Laboratorio discutió y aprobó un texto en el que intenta no dejarse arrastrar por el síndrome del desalojo, atravesando la situación actual para afrontarla con iniciativa y sin alarmismo. Fue presentado el domingo 30 de noviembre a una nueva asamblea, con personas de diversa procedencia, donde se volvió a discutir en profundidad y se estableció una línea de actuación que os resumimos a continuación.

En primer lugar, ya desde antes de su okupación hace ocho meses, El Laboratorio ha sido participado y apoyado desde espacios sociales muy diversos: desde las más de 600 personas que se autoinculparon de haber okupado conjuntamente, hasta los colectivos que firmaron manifiestos de apoyo o aquellos que han realizado actividades de cualquier tipo en este centro social. Llamamos a una intervención urgente de estos colectivos y espacios sociales en la defensa de El Laboratorio. Algunas formas posibles: presionar a la juez y a las instituciones de gobierno (Ayuntamiento, Patrimonio del Estado-Mº de Economía, Comunidad de Madrid) con escritos o entrevistas en las que se plantee la paralización del proceso y la apertura de un debate público; participar en las movilizaciones que se concreten durante esta semana para frenar el desalojo; participar en las asambleas de los jueves en El Laboratorio hasta el momento en que se constituya un consejo de colectivos y organizaciones sociales (ver texto adjunto “Acerca del consejo”); emprender en lo posible un proceso amplio y descentralizado de comunicación que implique tanto a los medios alternativos (agencias de noticias, Internet y redes telemáticas antagonistas, radios libres, revistas, televisiones locales, fanzines, etc.) como a los oficiales (cartas al director, gestión de contactos para facilitar la presencia de El Laboratorio en los medios, etc.). Cualquier otra iniciativa que seguro que no hemos imaginado será bienvenida.

Conviene entrar ya en la explicación de la línea de actuación adoptada por el CSO El Laboratorio. No estamos dispuest@s a quedarnos esperando el desalojo. Nuestra idea es que la orden de desalojo no se llegue a hacer efectiva. No se trata sólo de adoptar medidas de presión social, de denuncia política o de defensa física del espacio, sino de ir un poco más allá de lo acostumbrado. Nuestra idea es emplazar a la administración a iniciar un proceso de diálogo que parta del reconocimiento de la okupación no como un asunto de orden público, sino como la expresión de una forma social emergente no clasificable en los parámetros de la política-representación tradicional. Estamos tratando de iniciar un contacto con diversas instituciones para plantear ese encuentro de modo inmediato con la condición previa de la paralización de los procesos judiciales y la apertura de un debate amplio que cuestione la actual penalización de las okupaciones. No es fácil que ese diálogo se pueda dar, como no lo ha sido el tomar la decisión de afrontarlo. Queremos hacer público ese emplazamiento a través de una campaña de prensa y hacia los medios de comunicación en general. Vuestra participación puede ser determinante. Creemos que este es un buen momento para una iniciativa de este tipo, aunque no nos hacemos demasiadas ilusiones: por lo menos se trata de tomar la iniciativa y trasladar la presión a las propias instituciones del mando, en las que apreciamos cierta inseguridad en cómo actuar con este movimiento. De nuevo aquí la figura del consejo resulta absolutamente pertinente.

Decíamos, literalmente, en el documento de la asamblea:

 “Se trata de invertir la responsabilidad tomando la iniciativa: hacer un llamamiento público, apoyado por todos los colectivos que han tenido que ver con este CSO, a un diálogo con los déspotas en el que pidamos responsabilidades y compromisos concretos de una actuación diferente que cambie el viejo tratamiento de “cuestión de orden público” por otro: la okupación debe ser reconocida en su dimensión política y social e identificar un tratamiento represivo con un deseo de abolición de las diferencias y la experimentación autónoma por parte del ayuntamiento. No sería trasladar una propuesta concreta de actuación (nos vamos si nos dais otro sitio, legalizáis nuestra situación) sino exigir que las propias instituciones de la política-representación tengan que hurgar en las tripas del pasado para imaginar una propuesta que sea admisible: que la oferta sea suya y que se abra un proceso de debate social que concluya en la aceptación o no de su propuesta sobre la base de que no renunciamos a la posibilidad de la actuación ilegal y la legitimidad de la desobediencia y de que no vendemos paz por estabilidad. Esto tiene dos niveles de incidencia: por un lado se trata de desvelar la impotencia institucional ante las iniciativas sociales autónomas, de trasladar la presión precisamente a quien no tendría que justificar el cumplimiento de la legalidad y quien no tendría siquiera que escuchar a radicales delincuentes (habríamos ganado ya la consideración de una figura social activa que es reconocida por la vía de los hechos como protagonista social nada convencional y un terreno que en experiencias posteriores podría ser recuperado); por otro lado, cabe incluso la posibilidad de abrir una negociación real sobre qué ocurre con el laboratorio en dos sentidos: un acuerdo temporal de no intervención del ayuntamiento hasta el momento en que el plan vaya  a ser ejecutado y que ese tiempo sirva también como referendo de la preeminencia del interés del CSO sobre la intervención planeada institucionalmente (que la presencia del CSO sea irreversible); un acuerdo de cesión de un espacio alternativo. Cualquiera de esas dos posibilidades pasa por un proceso de discusión largo en el que no debemos estar implicad@s en solitario, sino que más bien debería facilitar la recuperación transversal de la figura democrática radical que se puede denominar consejo: un espacio de debate entre figuras sociales diferentes que se ven afectadas por una decisión política y que  aparece como mecanismo consultivo y regulador del debate. Es tiempo de hablar de ello con rapidez y tomando decisiones.”