Cada visita de Endika (**) nos recuerda que la permanencia en este lugar pende del hilo de nuestra iniciativa política amenazado por la fría cuchilla del desagüe cerebral de la juez que nos ha tocao en suerte. Pavoroso que desde fuera nos llegue la constancia de que esto es una okupa y que por tanto nos pueden echar y que el tiempo mínimo que tenemos es el que podemos aprovechar para alterar una situación desfavorable y el máximo sería el que a consecuencia de la puesta en marcha de nuestra potencia social nos permitiría seguir aquí indefinidamente.

Una condición de permanencia: que lo que hayamos desarrollado en el tiempo previo a la orden de desalojo sea tan impresionante y disuasorio que el ayuntamiento o la juez tengan problemas para tomar la decisión de expulsión (un precedente: la renuncia al desalojo en Barna de l'Hamsa por la "alarma social" que producía; otro, diferente, la situación de algunos gaztetxes en Euskadi o de algunos CSO en Italia). Desde el primer día alguna gente ha intentado avanzar en esa dirección. Eran intentos de ello la recogida de autoinculpaciones, la okupación pública y masiva, la relación con medios de comunicación oficiales, con cargos públicos de IU, con el defensor del pueblo, con colectivos diversos de Madrid, las acciones dirigidas a presionar al actual titular de la propiedad (Patrimonio del Estado / Mº de Economía), los canales abiertos hacia gentes no habituales del movimiento de okupación. Otros intentos tenían que ver con el mismo funcionamiento y actividad del Centro Social: la masividad y diversidad de su composición, la definición de un territorio de intervención social más allá de los límites físicos del CSO, la presencia y la influencia del CSO en el barrio de Lavapiés y en Madrid.

La última visita de Endika nos sitúa en la posibilidad de que el proceso (judicial y político) culmine muy pronto y llegue el momento de evaluar lo que hemos conseguido con estos intentos. La orden de desalojo puede ser inminente. Si esto se confirma, tenemos que tomar decisiones e iniciativas para medirnos con el despotismo institucional. No hablo sólo del fatalismo de la resistencia física al desalojo y de la preparación de la siguiente okupación. Hablo sobre todo de cómo poner en marcha los mecanismos que habíamos activado como protección y legitimación de nuestra presencia aquí. Hablo de atrevernos a ir más allá: de explorar vías que no nos hemos atrevido a recorrer hasta ahora.

Los mecanismos. Numerosos colectivos de Madrid han tenido que ver con el Laboratorio durante este tiempo, ¿cómo podemos hacerles ver que el momento primero de tensión es ahora, que más allá de las políticas de cada cual, de las campañas, nos estamos jugando este espacio y mucho más: que la aventura de experimentación del Laboratorio afecta a la composición de un nuevo territorio social y político en Madrid? Busquemos su compromiso. En el terreno de lo público, nuestra presencia ha sido un poco especial: se nos ha seguido con atención desde medios de comunicación oficiales, con simpatía desde habituales colaboradores de esos medios: recuperemos también ahora esa presencia, tratando de ir más allá, procurando llevar un discurso no mediado a esos medios en forma de artículos firmados por nosotr@s, de participación directa en radios o televisiones. Creemos la noticia de lo que somos, no de lo que nos sucede. La confrontación de algunos medios con el actual ayuntamiento nos favorece. La inseguridad del ayuntamiento también. En el barrio, nuestra presencia ha producido cierta pasión (negativa y positiva) y desde luego no ha pasado desapercibida: tanteemos también por ese lado.

Pero hay que ir más allá. Esta okupación, después de lo de la Guindalera, ha generado una inseguridad manifiesta en el modo de actuar institucional. Hasta cierto punto, es posible que la situación se haya invertido y que para algunos espacios sociales sea el ayuntamiento quien tenga que justificar una actuación en forma de desalojo. Desde ahí mismo también se nos emplaza a actuar de una forma que no sea sólo resistencialista, sino que nos aventuremos a transitar caminos inéditos, también tabúes, como la posibilidad de una propuesta diferente del resistir sin más. Si fuera sólo un emplazamiento externo, podríamos mirar hacia otro lado; pero ocurre que aquí mismo estamos personas que queremos probar también en esa vía. Se le ha dado el nombre de negociación, pero es posible que no sea eso. Desde mi punto de vista se trata más bien de trasladar la presión al territorio de la confrontación. Con otra fuerza, podríamos sonreír irónicamente ante la amenaza de un desalojo; aquí, si sólo esperamos, sabemos cuál será el resultado: volver a empezar en otro sitio. Tenemos la posibilidad de utilizar los mecanismos que hemos activado en la dirección de dificultar aún más la justificación del desalojo: el ayuntamiento nos quiere echar de un sitio público que ha estado abandonado durante mucho tiempo sin tener un plan inmediato de actuación sobre él, sólo porque lo hemos okupado ilegalmente. Se trata de invertir la responsabilidad tomando la iniciativa: hacer un llamamiento público, apoyado por todos los colectivos que han tenido que ver con este CSO, a un diálogo con los déspotas en el que pidamos responsabilidades y compromisos concretos de una actuación diferente que cambie el viejo tratamiento de "cuestión de orden público" por otro: la okupación debe ser reconocida en su dimensión política y social e identificar un tratamiento represivo con un deseo de abolición de las diferencias y la experimentación autónoma y autogestionada. No sería trasladar una propuesta concreta de actuación ("nos vamos si nos dais otro sitio", "legalizáis nuestra situación"), sino exigir que las propias instituciones de la política-representación tengan que hurgar en las tripas del pasado para imaginar una propuesta que sea admisible: que la oferta sea suya y que se abra un proceso de debate social que concluya en la aceptación o no de su propuesta sobre la base de que no renunciamos a la posibilidad de la actuación ilegal y la legitimidad de la desobediencia y que no vendemos paz por estabilidad. Esto tiene dos niveles de incidencia: por un lado se trata de desvelar la impotencia institucional ante las iniciativas sociales autónomas, de trasladar la presión precisamente a quien no tendría que justificar el cumplimiento de la legalidad y quien no tendría siquiera que escuchar a radicales delincuentes (habríamos ganado ya la consideración de una figura social activa que es reconocida por la vía de los hechos como protagonista social nada convencional y un terreno que en experiencias posteriores podría ser recuperado); por otro lado, cabe incluso la posibilidad de abrir una negociación real sobre qué ocurre con el Laboratorio en dos sentidos: 1) un acuerdo temporal de no intervención del ayuntamiento hasta el momento en que el plan vaya a ser ejecutado y que ese tiempo sirva también como referendo de la preeminencia del interés del CSO sobre la intervención planeada institucionalmente (que la presencia del CSO sea irreversible); 2) un acuerdo de cesión de un espacio alternativo al actual de Embajadores 68. Cualquiera de esas dos posibilidades pasa por un proceso de discusión largo en el que no debemos estar implicad@s en solitario, sino que más bien debería facilitar la recuperación transversal de la figura democrática radical que se puede denominar consejo: un espacio de debate entre figuras sociales diferentes que se ven afectadas por una decisión política y que aparece como mecanismo consultivo y regulador del debate. Es tiempo de hablar de ello con rapidez y tomando decisiones.

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(*) Este texto fue aprobado en la asamblea del CSO del jueves 28 de nov. 1997
(**) Endika es nuestro letrado.