Los resultados económicos del Gobierno Lula ya los querrían para sí mismos cualquiera de los partidos con representantes en el Parlamento brasileño. Todos menos el nuevo PSOL (Partido Socialismo y Libertad) creado por los diputados expulsados del PT. Desde la propia base de apoyo al Gobierno hasta la oposición más dura, por más que sea difícil, si no imposible, tachar de dura a cualquiera de las oposiciones que hasta hace poco hayan sido.

De hecho, el conjunto de las clases sociales brasileñas, con la clara excepción de los funcionarios públicos federales, está básicamente
satisfecho con las cifras y realizaciones de este Gobierno. El capital financiero, posiblemente, sea el más satisfecho de todos. Los sectores que producen para la exportación (minería, alimentación, telecomunicaciones, automóvil, entre los más importantes), a pesar de las dificultades cambiarias y derivadas de los tipos de interés, también están «supersatisfechos».

En el otro extremo, son ya más de ocho los millones de familias que reciben ingresos y ayuda del denominado Programa Beca Familia, que agrupó un conjunto de otros programas de ayuda social, consiguiendo mayor efectividad y consistencia. Esos millones de familias son una buena proporción, bastante más de la mitad, de los 53 millones de pobres que aparecen en las últimas estadísticas. El empleo «legal» ha crecido como hacía muchos años no se conocía, y el «informal» también. La población brasileña, en general, se siente orgullosa de la política internacional de su Gobierno y recupera autoestima y dignidad.

Punto de encuentro de la oposicion

Con los casos de corrupción, reales o ficticios ­todavía no hay sentencias ni del poder Judicial ni de las comisiones parlamentarias de investigación que se han creado­, la oposición u oposiciones han encontrado el punto donde concentrar ataques y críticas, por más forzado que pudiera ser o parecer. Desde el Gobierno, el comportamiento adoptado, lejos de ayudar a calmar las eventuales agitaciones derivadas de las denuncias, lo que se ha conseguido ha sido encender ánimos de enemigos y también de amigos. Ahora, las inflamadas arengas antioposicionistas de algunos líderes del PT y del Gobierno suenan a hueco y más bien parecen contribuir a alimentar un conflicto que no iría más allá de la escenificación de un conflicto político-institucional que se alimenta de y a sí mismo, pero sin reflejo ni raíz en el conflicto social. Y desde esta perspectiva se puede entender lo del «golpismo» de las «élites» de que habla la "Carta a los Brasileños" hecha pública por varias decenas de organizaciones y movimientos sociales, entre los que se encuentran la CUT y el MST.

La crisis ha puesto al descubierto de forma dramática los límites de la pretendida «gobernabilidad» que Lula y su Gobierno han querido garantizar.

La clase política tradicional brasileña, además de ser más reaccionaria que Superman, que decía un viejo amigo, es bastante corrupta y poco o nada moderna en el estilo de hacer política, que en el vivir ya es otra discusión. Eso no es ninguna novedad para nadie en este país y menos para quien lleva ya metido en esto de la política unos cuantos años y muchas batallas. Claro que, a la hora de hacer las «alianzas necesarias» para ganar las elecciones y, para después, mantener la tan traída y llevada gobernabilidad, no había otra para escoger.

Por otro lado, parece que el carisma del presidente ex metalúrgico muestra señales de agotamiento y, al mismo tiempo, la oposición política, la derechona pura y dura, empieza a estar ya recuperada del revolcón electoral de 2002, así que la fiesta está animándose pero que bastante. Leer los periódicos o ver los informativos en televisión es asistir a una orgía de comisiones, chantajes, compras de apoyo parlamentario, vínculos de políticos con el juego ilegal y así hacia adelante.

Nada nuevo si no fuera que quien se ve principalmente envuelto en el baile, culpable o no, es el Gobierno Lula y su propio partido. Seguramente, aun con esa misma política de alianzas, si el núcleo duro del Ejecutivo hubiese sido un poco más prudente, habría podido ahorrarse algún quebradero de cabeza. Sin embargo, lo visto hasta hoy no parece abonar esa tesis.

El caso que hizo estallar la actual crisis está siendo protagonizado por el presidente del llamado Partido Traballista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson. El tal Jefferson es famoso en el país desde hace algún tiempo, especialmente después de haber sido un destacado dirigente de la que en su día se conoció como «tropa de choque» de defensa del entonces presidente Fernando Collor de Mello, depuesto precisamente tras demostrarse su responsabilidad en un importante caso de corrupción. Era 1992. El currículum del susodicho, de acuerdo con algunos de las más destacadas plumas del periodismo brasileño, le daría entrada rápida para ocupar el cargo de administrador de la cueva de Alí Babá, que posiblemente se moriría de vergüenza ante el brasileño.

Jefferson acusado de corrupcion

Pues bien, después de que en una cinta de vídeo un ex amigo de Jefferson le acusara de ser responsable de armar un esquema de cobros de «propinas» a partir de algunos negocios sucios en licitaciones de compras de la empresa federal de Correos, fueron varias las voces, desde la oposición y desde el PT, que pidieron explicaciones y, en el caso de los miembros del PT, la retirada de confianza por parte del Gobierno. Fue el propio Lula quien salió en su defensa afirmando: «Ahora va a saber Jefferson quiénes son sus amigos de verdad».

La cosa se calentó bastante cuando la oposición del PSDB (partido del anterior presidente Cardoso) y el derechista Partido del Frente Liberal
(PFL) consiguieron firmas suficientes entre diputados y senadores como para crear una comisión parlamentaria de investigación (CPI). La solicitud contaba con las firmas de catorces petistas. El Gobierno intentó impedir la formación de la CPI llamando al orden a los propios, petistas y algunos otros diputados y senadores de la base de apoyo al Ejecutivo y, según todos los indicios, consiguiendo que algunas enmiendas al presupuesto (estas enmiendas representan financiación para proyectos presentados por los diputados) de miembros de otros partidos, incluso de la oposición, pudiesen salir más rápido. Además de intentos de bloquear administrativamente y, por fin, llamamientos a la serenidad junto con alertas ante un eventual «complot» contra el Gobierno y el PT. La CPI fue aprobada, por cierto, con el voto del señor Jefferson.

Pero la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar: dueño de la escena, Jefferson nuevamente, dio una entrevista a la publicación semanal "Veja" en la que acusaba, entre otros, al tesorero del PT, ex sindicalista Delúbio Soares, de pagar salarios especiales a diputados de varios partidos para que apoyasen al Gobierno en la aprobación de leyes. Parece que Lula habría llamado inmediatamente al presidente del partido, José Genoino, para sugerirle que podría ser bueno darle unas vacaciones a Delúbio. A lo cual, Genoino, que ha defendido con absoluta fidelidad todo, absolutamente todo, lo que el Gobierno viene haciendo, parece haber respondido que todo tiene un límite.

Y no ha sido el único. El ministro de la Casa Civil (responsable de las relaciones políticas y con el Parlamento) y miembro permanente del núcleo duro de Gobierno e íntimo o casi alter ego de Lula, José Dirceu, afirmó desde Lisboa que se viven las consecuencias de la política de alianzas. Además de aprovechar para criticar la política económica, lo cual no deja de resultar sorprendente, siendo él como es uno de los 5 ó 7 «magníficos» y más estrechos colaboradores del propio Lula. El ministro de las Ciudades, ex gobernador de Río Grande del Sur, Olívio Dutra, parece que tampoco se pudo contener y, en el mismo sentido que Dirceu, afirmó que es el pago de juntarse con determinadas compañías.

La intervención del diputado Jefferson ante la Comisión de Etica del Parlamento sirvió para calentar más la escena. Defendiendo la inocencia de Lula en todo momento, el presidente del PTB insistió en la culpabilidad de Delúbio, así como del antes citado Dirceu, que ha acabado siendo la primera víctima. Esta misma semana, el ministro jefe de la Casa Civil presentó su dimisión y Lula la aceptó. El PT celebró la pasada semana un acto de desagravio en el que Dirceu fue el principal orador. Este afirmó lo que ya otros habían afirmado: asistimos a un complot golpista de la oposición. Aunque la "Carta a los Brasileños" habla también de golpismo conviene distinguir entre unos y otros. De un lado, Dirceu, Genuino y el propio Lula insisten en defender la política de alianzas que han realizado contra viento y marea; así como la política económica que tan buenos resultados ha dado para el capital financiero y que unánimemente los movimientos sociales critican, junto los sectores más a izquierda del propio PT. Y su pensamiento y práctica se mueve en los estrechos y conservadores marcos de la estructura político-institucional vigente, que es una de las causas de la corrupción estructural del país. Parece, sin embargo, que algo sí que han aprendido; desde el Gobierno se intenta ahora acelerar una reforma del sistema político vigente que se tramita desde hace ya diez años y todavía no había salido.

La posición que defiende la Carta de los movimientos sociales, contrariamente, apunta a la conexión entre las opciones políticas y económicas del actual Gobierno, la persistencia de las deudas sociales en el país, de la pobreza y miseria estructurales, la corrupción y las actuales maniobras de las «oposiciones» que hacen lo que siempre han hecho y en el terreno por ellas escogido. Una vía de salida, apuntan, es el cambio de los rumbos actuales de clara continuidad con el modelo neoliberal del anterior Gobierno. Lula recibió el pasado 22 de junio a una amplia comisión de la Coordinación de Movimientos Sociales. En principio, todos amigos y camaradas. Nada, sin embargo, en relación a cambiar de política.. Lo peor es que tampoco parece que los movimientos sociales tengan la capacidad suficiente para «convencer» al presidente.

Aunque la situación tiene todas las características de ser de punto de inflexión, no aparecen ni alternativas ni entidades sociales y/o políticas con hegemonía y fuerza suficiente como para obligar a un cambio de rumbo claro a este Gobierno. Parece, por el contrario, que el Ejecutivo no consigue superar su actual «realismo» político y económico, lo que le impide salir de los senderos trillados hasta hoy; entre otras razones, porque la fuerza política que podría empujarle, el PT, está muy desactivada para una acción política y social que vaya más allá de lo puramente institucional.

El sindicato CUT, que navega por el mar del sindicalismo de «resultados» y «negociación», tampoco consigue tener una posición autónoma en relación al Gobierno de su más carismático líder hoy presidente, por más que le cueste en pérdida de legitimidad y credibilidad. Finalmente, el poderoso MST no moviliza las ciudades (80% de la población) y ni siquiera todo el campo, por más que se articule con las pastorales sociales de la Iglesia y otros movimientos sociales. -

(*) Israel Arkonada es militante de Askapena y Pep Valenzuela, periodista
catalán y colaborador de Askapena