Acción de amparo por la situación de los presos que se encuentran en los escombros del Penal de «Libertad»

Patrocinados por profesionales de IELSUR y Serpaj, Familiares de presos del Penal de "Libertad" presentaron un recurso de amparo contra el Estado (Poder Ejecutivo- Ministerio del Interior).
El recurso solicita «con carácter urgente y sin más trámite, designe una Junta Médica conformada por Técnicos del Instituto Forense, a efectos de que se constituya en el Penal de Libertad en un plazo de 24 horas para realizar un examen médico en presencia de la Sede para constatar el estado sanitario de los reclusos, elaborando un informe detallado del mismo. En definitiva y previos los trámites de estilo, se condene al Ministerio del Interior (Dirección Nacional de Cárceles): a) levantar las medidas tomadas, haciendo efectivo el traslado de reclusos a un lugar acorde con las exigencias de salubridad que toda cárcel debe tener; b) otorgar las debidas seguridades y garantías a las partes involucradas que son los detenidos, sus familiares y la sociedad y c) restablecer las visitas de los familiares para con todos los reclusos sancionados».

Narrando los hechos el escrito afirmaba lo siguiente: «como es de conocimiento público y notorio, en los primeros días del mes de marzo, se produjo una revuelta en el denominado "Penal de Libertad" que tuvo como consecuencia que quedara destrozado una parte importante del mismo. Luego de tratativas con los presos llevada a cabo en forma conjunta por el Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Señor Ministro del Interior y los Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la autoridad carcelaria retomó el control del establecimiento. En los siguientes días se trasladaron algunos internos a otras cárceles, se habilitó el establecimiento "la Tablada" y luego algunos fueron devueltos al "Penal de Libertad".»

Una situación que atenta contra la
dignidad humana

Más adelante continuaba «nuestros familiares presos están alojados todos los días y todas las noches en la parte del "Penal de Libertad" que está destruida en su casi totalidad. Por las informaciones que tenemos están todos juntos en un sótano, sin separación en celdas, sin camas y con escasos colchones, no existen wáteres ni letrinas (por lo tanto las materias fecales están todas esparcidas por el lugar en que están habitando), no existen duchas ni lavatorios, en estado de absoluto hacinamiento, con escasa comida y expuestos a la acción de los roedores y a contraer enfermedades y epidemias.
Sin lugar a dudas, se trata de una situación de hecho que atenta contra la dignidad humana, que pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida de nuestros familiares y que implica por parte del Estado uruguayo, la comisión de una flagrante violación de la Constitución Nacional, así como de diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos que fueron oportunamente ratificados por nuestro país.»

También manifestaba, que «más allá de que es otro hecho que también tiene carácter público y notorio, que desde el día en que se dieron los problemas en el Penal, las visitas de los familiares han sido canceladas en su totalidad por parte de la autoridad carcelaria, hecho que no sólo es contrario a derecho, sino que atenta contra la vida y la salud de nuestros familiares, ya que no pueden recibir los alimentos que usualmente les proporcionamos, alimentos que hoy día se tornan imprescindibles a la luz de la caótica situación que se vive en el Penal.»

Violación de los derechos fundamentales de las personas

Y como conclusión, de «este simple relato de hechos, surge la comisión por parte del Estado de diversos hechos y omisiones , que constituyen una flagrante y absoluta violación de los derechos fundamentales de las personas, y en particular de los derechos atinentes a la calidad de recluso, conducta que deberá ser inmediatamente revertida, ya que pone en riesgo la vida de nuestros familiares. Vale señalar, que los hechos hablan por sí solos, y el riesgo de vida al que nos referimos, ha quedado demostrado a la luz de los hechos acaecidos en los últimos días, donde en un par de semanas, han muerto en el Penal, cuatro internos. Que se suman a la cifra de 8 muertes en establecimientos carcelarios uruguayos en lo que transcurre del año, lo que constituye una cifra inédita de violencia institucional para el país (3 muertes por mes en cárceles uruguayas)»

En grave riesgo la salud de los presos e incluso su vida misma

Por otra parte, «surge de los hechos relatados en esta demanda que se ha puesto en grave riesgo la salud de los presos e incluso su vida misma, dadas las cuatro muertes ya ocurridas. A tales efectos transcribimos una parte del informe presentado por el Médico Dr. Luis Llosa (que se adjunta), Director de los servicios médicos de la Dirección Nacional de Cárceles el cual describe parte de la situación del penal de Libertad de la siguiente forma : ".... Situación controlada pero al borde de una crisis gravísima por diferentes circunstancias: locales habitacionales totalmente destruidos con un hacinamiento importantísimo, escasos servicios higiénicos (wc, duchas, etc), no existe un solo lugar para enfermería, ni consultorios médicos (antes uno por piso), ni odontológico. Falta de saneamiento de los deshechos, falta total de higiene corporal, presencia de roedores, etc.. Aumento de enfermedades de la piel como piodermitis, sarna, piojos. Existen posibilidades latentes de epidemias moderadas y graves como hepatitis propias de la época, llegada del dengue casi inevitable, enfermedades respiratorias con la llegada de los fríos, aumento de las enfermedades de transmisión sexual".

El Ministerio del Interior no hace nada para tratar de salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de los presos...

También, «queda muy claro que la actitud pasiva e indiferente, asumida por la autoridad carcelaria respecto a la salubridad y habitabilidad del "Penal de Libertad", así como su arbitraria y antijurídica decisión de suspender las visitas de los familiares, configuran hechos y omisiones que afectan no solo los derechos de los reclusos, sino también los derechos de sus familiares, y habilitan la presentación de la presente acción de amparo.»

Asimismo afirmaba que «decimos todo esto ya que lamentablemente, luego de la destrucción que sufriera el Penal, no hubo acciones de ninguna especie por parte del Ministerio del Interior para tratar de salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de los reclusos que permanecen en las ruinas del lugar. Prueba de esto son las cuatro muertes acaecidas en tan solo 15 días. Incluso pareció dejarse traslucir que el mensaje que se pretendió dar luego de lo sucedido fue decir "ustedes rompieron la cárcel, estas son las consecuencias de ello y el Estado nada les puede ofrecer". De más está decir que esta inacción es de un primitivismo absoluto, e inaceptable si se piensa en las obligaciones que tiene el Estado para con sus habitantes, en el marco de un estado de derecho social y democrático. No debe perderse de vista que nuestra Carta fundamental establece claramente en su Art. 26 que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, cosa que el Estado con su actitud parece haber olvidado. Llama poderosamente la atención que ante la desastrosa y caótica situación que se vive dentro del Penal, el Ministerio del Interior simplemente haya manifestado públicamente en declaraciones efectuadas a la prensa a través del Sr. Ministro del Interior, que " le preocupa la parte sanitaria" y que "la situación de los presos recién cambiará cuando lleguen uno módulos de acero provenientes de los Estados Unidos, donde van a ser alojados" Vale preguntarse: ¿esto es admisible dentro de un Estado en el que se supone se protegen y tutelan los derechos humanos de los habitantes?, ¿ pueden admitirse más muertes?»

Conclusiones del recurso de amparo

«La situación actual del Penal de Libertad revelan las flagrantes y múltiples violaciones de los derechos humanos de los reclusos y de sus familiares, violaciones que tienen su origen fundamentalmente en una situación de hecho y en persistentes omisiones por parte de las autoridades, que han llegado al extremo de poner en peligro la vida y la integridad física de los reclusos de un modo intolerable. Ninguna sanción puede trascender a la persona del preso, como hemos dicho, ninguna puede sacrificar los derechos de los familiares a la visita si el hecho que motiva la sanción no tiene fundamento alguna infracción del familiar; y mucho menos, no hay sanción que pueda ser ejecutada en las condiciones infrahumanas y de degradación moral en que lo está siendo esta, sin atentar contra todos los derechos individuales de la persona (vida, integridad física, honor, seguridad). El presente accionamiento se justifica en tanto último recurso a nuestro alcance, al no existir otro camino jurídicamente efectivo para la protección de los derechos de nuestros familiares y de los comparecientes. Si la sanción dispuesta (cuyo contenido desconocemos, así como también si fue notificada o no) parecería que va a continuar al menos hasta el mes de junio, pero las violaciones ocurridas y de público conocimiento (algunas), suceden día a día y se encaminan hacia una posible masacre de las personas alojadas en las condiciones infrahumanas apuntadas, tal como surge del Informe médico adjunto. Si la Justicia no actúa de un modo rápido y efectivo, ¿cómo se podrían evitar las inminentes y nefastas consecuencias? El tema pasa en definitiva por evitar más muertes de las que ya ocurrieron y siguen ocurriendo; pasa por comprender que el recluso sigue siendo una persona, cuya vida vale y debe preservarse por expreso mandato constitucional, y que los familiares también tenemos derechos que están siendo flagrantemente vulnerados.
Confiamos en que, a diferencia de la Administración, la Justicia estará a la altura de las circunstancias.»

La «Justicia» se inclina ante Stirling
y De Avila

Sin embargo, la jueza letrada de San José, Beatriz Vila, ha desestimado el trámite por lo que su resolución ha sido apelada.
Como se ve la Justicia mira para otro lado cuando se trata de preservar los DD.HH. que desde el Ministerio del Interior y su Dirección de Cárceles violan permanentemente.