BRECHA
2 de junio de 2000

Desde Suecia Hasta el COMCAR
¿Confesión o tortura?

La esquina de Belloni y Camino al Paso del Andaluz, en Manga, se vio sacudida por un rápido e impetuoso operativo policial el pasado 27 de setiembre.
Varios agentes descendieron de coches patrulleros, detuvieron y esposaron a cinco jóvenes del barrio -todos menores de 20 años-, que bebían una botella de cerveza a un par de cuadras de sus domicilios, momentos antes de dirigirse al Estadio Centenario, donde esa noche Peñarol festejaba sus 108 años.
Conducidos a la Seccional 17, la Policía los acusó de autoría de una rapiña cometida un rato antes en un almacén situado a dos cuadras y media del lugar en que los apresaron.
De acuerdo a las denuncias realizadas por los familiares, todos los jóvenes fueron torturados para que se responsabilizaran del robo. Después de varias golpizas, los cinco accedieron a firmar una confesión (la que no se les permitió leer). A tres de ellos se les culpó además de otra rapiña ocurrida cuatro días antes en un bar también próximo a sus domicilios. Bajo amenazas de que debían corroborar ante el juez su culpabilidad porque de lo contrario serían torturados nuevamente, fueron trasladados el día 28 al juzgado, desde donde regresaron a la seccional, para ser conducidos otra vez al día siguiente ante el magistrado del Juzgado Penal de 21o Turno, William Corujo, quién les tipificó el delito de rapiña.
Gerardo León y Miguel Emiliano Giménez García de 20 y 19 años respectivamente, Alexander Montero, de 18, y Alexis Tourné, también de 18 años, fueron recluidos en el Complejo Carcelario Santiago Vázquez (COMCAR), en tanto el menor fue internado en el INAME.
Mientras tanto, ninguno de los comerciantes víctimas de las rapiñas reconocía a los procesados como autores de las mismas, y existen varias personas dispuestas a atestiguar que estuvieron con los jóvenes hasta pocos minutos antes de la detención, por lo que parece muy difícil que hubieran cometido los delitos.
Dos de los acusados, Gerardo León y Miguel Emiliano, nacieron en Suecia, país donde se habían asilados sus padres, perseguidos por la dictadura uruguaya. Poco tiempos después de restaurada la democracia, la pareja, ahora con hijos, regresó al país.
Los jóvenes desde hace años participaban en proyectos sociales que contaban con el apoyo financiero de organizaciones suecas e integraban la dirección del área juvenil del Vänskapföreningen Sverige-Uruguay (Asociación de Amistad Suecia-Uruguay). Gráficos de oficio, poseen una imprenta en la que editaban propaganda y folletos a distintas organizaciones sociales y estudiantiles.
El cónsul sueco en Montevideo visitó en la cárcel a Gerardo León y a Miguel Emiliano, estando el gobierno del país europeo a la espera de futuros pasos de la justicia uruguaya. El Servicio Paz y Justicia también realiza gestiones sobre la situación en que se encuentran los cuatro jóvenes, y Amnistía Internacional ha solicitado informes sobre la detención y las torturas que padecieron.
Vecinos de Manga levantaron a su vez cientos de firmas solicitando la libertad de los procesados.
Fuentes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) dijeron a BRECHA que continúan recibiendo denuncias sobre los apremios físicos que sufren los detenidos en algunas dependencias policiales de Montevideo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Guillermo Chifflet, manifestó a BRECHA que realizó una investigación personal acerca de lo ocurrido, accediendo al contexto familiar y conversando con vecinos y amigos. Chifflet llegó a la convicción de que: "en el caso que involucra a estos muchachos se trata de confesiones realizadas como producto de torturas, y es sabido que la mayoría de las veces por ese medio no se llega precisamente a la verdad".
El legislador socialista considera que los jóvenes crecieron sabiendo lo que pasaba con los presos de las dictadura uruguaya y argentina, de las torturas y las desapariciones: Gerardo León lleva su nombre en homenaje a dos luchadores sociales detenidos, torturados y desaparecidos, Gerardo Gatti y León Duarte. Cuando la Policía los golpea, los jóvenes piensan que pueden morir en esas circunstancias y se declaran culpables. Las amenazas de que las pasarían muy mal si negaban ante el magistrado lo que habían firmado en los interrogatorios les coarta también esa posibilidad, aunque en una instancia judicial posterior y sin la amenaza de volver a la seccional, los cuatro procesados declaran que firmaron bajo amenazas de muerte y torturas, realizando incluso descripciones físicas de quienes los golpearon.
Chifflet señala que hay algunos policías que quieren quitarse de encima una investigación y pueden entonces imputar las últimas 25 rapiñas a cualquiera que sea detenido. Lo lamentable, añade, "es que ciertos jueces, cuando se denuncian torturas, no realizan las indagaciones con el rigor necesario y además algunos no reciben como corresponde a los familiares o contestan con desprecio, sin el menor respeto por quienes intentan preguntar sobre los casos en que sus familiares puedan estar involucrados".
Para el diputado frenteamplista existe una responsabilidad compartida, incluso de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, porque "no se respetan esos derechos. Estos muchachos merecían la posibilidad de penas alternativas que les evitaran una situación de rigor extremo, porque no tiene sentido que jóvenes procesados por primera vez -aunque para mí no son culpables- sean enviados al COMCAR, donde no se cumple la norma de separación por delitos sino que, como todos sabemos es un establecimiento perfeccionador de la delincuencia: más que un centro de correción es un centro de corrupción".
Los detenidos habrían sufrido además, junto a decenas de otros reclusos, golpizas, suspensiones de visitas y todo tipo de vejámenes en el Complejo Carcelario.

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