| El nuevo Director Nacional de Cárceles, Enrique Navas, aseguró
que intenta corregir procedimientos administrativos por medio de la transparencia,
«evitando que las hormiguitas se lleven los víveres». El comentario fue pronunciado en
la reunión de la comisión tripartita *, llevada a cabo el 9 de setiembre, donde también
expresó su disposición para escuchar los reclamos que realizan los presos, para
conversar con los familiares e intentar mejorar la atención sanitaria. Pero siempre «dejándoles
en claro a los reclusos que no habrá trasladados hacia otros centros de reclusión por
más que destruyan y vuelvan a destruir el lugar donde están». Dijo Navas que les
propuso luego comenzar «una nueva etapa, porque nadie quiere mortificarlos ni que
haya violencia».
Sin embargo, a su anuncio de un tiempo de paz el inspector contrapuso el pasado lunes, en
declaraciones al diario El Observador, un anuncio de guerra: «En
caso de motines, si es necesario habrá derramamientos de sangre».
Consultado por BRECHA, el abogado y docente Carlos Uriarte, del Instituto de Estudios
Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR), señaló que «hablar de paz y a la vez de
sangre es contradictorio y propio de régimen policial-militar», y que visualizar la
posibilidad de un motín como un movimiento caótico, es olvidar la existencia de
conflictos sin resolver. Cuando se pretende mantener un orden de cualquier manera es
porque se carece de capacidad para prever un plan de pacificación, señaló Uriarte. Pero
lo más preocupante es que «cuando alguien dice que no puede haber motín, es porque
lo está esperando. Hablar de derramamiento de sangre se inserta en la lógica de un doble
discurso: hacia afuera se promete seguridad y hacia adentro intimidación. Es un discurso
por fuera de la Constitución, porque ésta establece que se debe organizar una cárcel
que respete derechos», concluyó el abogado.
BRECHA recabó también el punto de vista del integrante del Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) Guillermo Payssé, quien considera que no se puede hablar de sangre si se apuesta
a la paz: «La Constitución y la ley no habilitan amenazas y en cambio obligan a
proteger derechos, sobre todo el derecho a la vida que hoy no es respetado en las
cárceles». Se pregunta si alguien puede pensar en derramar más sangre en un
sistema tan violento que provocó en lo que va del año la muerte de 19 presos**.
Para Payssé los problemas del sistema carcelario sólo se tornan visibles cuando hay
fugas, desórdenes, muertes y por ende sale a luz la corrupción de autoridades
policiales, como la del antecesor de Navas y de otros jerarcas carcelarios, aunque la
responsabilidad «también le cabe al Ministerio del Interior, que designó a los
involucrados».
Uriarte y Payssé coinciden en que hubo un proceso legislativo culpable de optar por más
tiempo de cárcel en vez de priorizar medidas alternativas que aliviarían la tensión que
produce un hacinamiento cada vez mayor.
SOLO EL COLLAR ES DISTINTO
El inspector Navas estuvo al frente del penal de Libertad entre 1986 y 1990 (véase BRECHA
2-VIII-02). El actual presidente del Colegio de Abogados, entonces defensor de oficio,
Ronal Herbert, realizó durante ese período una denuncia judicial contra las autoridades
del establecimiento por el maltrato físico que padecían los presos. Herbert hizo estas
apreciaciones ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, el 5 de agosto de
1993, donde agregó que al interesarse por el expediente en el juzgado de San José, en
1989, supo que su denuncia -«hacían levantar a los presos a las dos de la mañana,
los obligaban a correr por los patios y los forzaban a gritar ¡viva la guardia!, para
luego mojarlos con agua»- no había sido investigada.
Hoy el inspector Navas es responsable de las cárceles de Libertad, COMCAR, La Tablada,
Cárcel de Mujeres y ER 2 (Tacoma). ***
Si bien en casi todas las cárceles las condiciones son malas, considera Payssé, en
Libertad son «siniestras». Debajo de una de las alas del penal hay una fila de
contenedores (diez o doce). Unidos de a dos, con altas rejas en los extremos, conceden un
mínimo espacio común si se abren al mismo tiempo las puertas de ambos contenedores. Una
lámpara de 60 vatios ilumina malamente el interior. El número de reclusos varia entre
cuatro y ocho por contenedor. Interrumpe el encierro un recreo de dos horas diarias, igual
tiempo pero en diferente horario que el recreo de aquellos reclusos considerados
responsables del motín que se encuentran en la otra ala, pero no debajo sino en el primer
piso del penal. Las 28 celdas de uno de los lados de «la planchada» o patio interno y
las 25 del otro lado están prácticamente destruidas y algunas frazadas ofician de
puertas. Sin embargo allí moran casi 150 personas. Detrás de las rejas vigilan los
guardias. «Los presos parecen ganado y la situación resulta insostenible»,
entiende Payssé.
Sin motines la sangre corre igual. El martes a la hora 14.40 según un informe de la
Dirección Nacional de Cárceles, en el penal de Libertad se «autoinfligieron» heridas
en el cuerpo con elementos punzantes Gustavo Muniz, Angel Sánchez, Víctor Fernández y
Hugo Olivera. Internados en el hospital Pasteur, declararon que se hicieron las heridas
para ser trasladados a otro lugar.
Son cerca de 300 los reclusos que habitan las ruinas del penal o los contenedores, que
carecen de agua potable y reciben una alimentación cada vez más escasa. Un periodista
radial preguntó a Navas si esos heridos eran peligrosos. «Muy peligrosos»,
respondió el director, como si explicara con ese concepto la no resignación de algunos
presos a entrar en el promedio de dos muertos por mes o, si el inspector Navas cumple su
amenaza, todos al mismo tiempo.
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