La sorpresa le ganó a más de uno.
Los tres principales jerarcas carcelarios terminaron del otro lado de las rejas acusados
de diversos delitos que -aún- no refieren a la denuncia que motivó la investigación
realizada por el juez en lo penal de octavo turno, Pablo Eguren.
Aunque el pago de coimas, que habilitaban mejores condiciones en las celdas y traslados de
un establecimiento a otro, era un hecho notorio desde hace años (véase, por ejemplo,
BRECHA, 2-VI-00), hasta ahora no había sido investigado en el ámbito judicial. Tampoco
mostraron preocupación por estas denuncias el propio Ministerio del Interior ni, con
algunas excepciones, el Parlamento. Sin embargo, la sucesión de ajustes de cuentas entre
presos y el maltrato de la Policía hacia los reclusos eran moneda corriente y la
situación no podía ser ignorada por los responsables del sistema.
Para poder actuar se requería -según afirmaron a BRECHA el ministro del Interior,
Guillermo Stirling, y varios legisladores- una denuncia ante la justicia de algún
afectado por delitos de corrupción en las cárceles.
En febrero último la mujer de un recluso del COMCAR se presentó ante las autoridades
judiciales y del ministerio y denunció que a su esposo le pedían dinero para trasladarlo
a otro establecimiento. El juez Eguren inició a partir de entonces un expediente que hoy
tiene más de mil fojas y que, al término de la instancia presumarial, terminó con el
procesamiento del director nacional de Cárceles, inspector principal (r) Carlos De Avila,
por los delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, y
desacato; del subdirector Hugo Güira, por abuso de funciones, y del ex director del
COMCAR y Libertad, Pablo Machado, por este último delito y por falsificación ideológica
(por no haber incluido una finca de su propiedad en su declaración de bienes como jerarca
público).
Los hechos, más allá de no tener precedentes, dejan al descubierto la corrupción que
algunos funcionarios policiales mantenían dentro de las cárceles, aunque el asunto fuera
sabido «por todo el mundo».
HISTORIAS DE PICHIS. «Es tal la corrupción que hay que un policía
me llamó a mi casa para decirme que él le daba bien de comer a mi hijo si yo le pagaba
los conformes de una moto (...). Me han contado que cobran cinco mil dólares por
traslados al Tacoma y 350 pesos los celulares. Entonces ¿quién es más corrupto? Los
más corruptos son los más grandes.». El testimonio pertenece a la madre de un
recluso muerto y fue brindado bajo reserva ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara baja. Cuando la señora concurrió al Parlamento, hace tres meses, ya era tarde.
Su hijo, enfermo en prisión, había muerto por falta de atención médica.
«Recuerdo que una vez no había medicamentos y hacía dos días que estaba con dolor
en el pecho, Cuando el médico lo revisó me dijo que tenía el pulso fino y que le
quedaban pocas horas de vida. Tuve la gran suerte de que pude estar con él toda la noche
hasta que al otro día falleció», recuerda la madre del recluso. La mujer espera
que su testimonio pueda ser útil para evitar otras muertes. Explica también que conoce
otros casos y cuenta el de un preso enfermo de hepatitis que murió porque lo hacían
bañar dos veces por día o el de otros que recibían sendas palizas antes de irse a
dormir.
Hace cuatro meses, cuando la señora cremó los restos de su hijo, constató que el
muchacho tenía el cráneo aplastado. «¿Eso que quiere decir?», se pregunta.
La explicación policial es fácil: ajuste de cuentas. Sir ir más lejos, en los últimos
tres meses murieron seis presos en tres penales diferentes. Cinco de ellos fueron
encontrados ahorcados en el COMCAR y en Libertad, y el sexto se degolló delante de sus
familiares.
Las muertes comenzaron unas cinco semanas después del llamado motín del penal de
Libertad, el 1 de marzo. El 7 de abril hubo dos muertes: Marcos Lemos Alfonso y Wiston
Martínez Hospitales aparecieron ahorcados con una sábana en una misma celda del penal de
Libertad. Seis días después murió de la misma forma y en la misma cárcel Alberto
Leonel Ramos. Transcurridos otros cinco días, el 18 de abril, falleció por la misma
causa Gustavo Liber González Vaz, aunque esta vez no se encontró el arma «suicida».
Tres días más tarde la prensa reportó la muerte, en similares condiciones, de un preso
de iniciales JCTM. Los mismos relatos afirman que el recluso, que fue encontrado colgado
de los barrotes de su celda en el COMCAR, estaba «fuertemente deprimido». El 9
de junio, en la cárcel de Canelones, Ismael Albístur se suicidó a la hora de la visita
delante de sus familiares. Albístur se cortó la yugular con un trozo de vidrio. «Había
diez policías al lado mío -recordó una de las hermanas ante la Comisión de
Derechos Humanos de Diputados-. Cuando se terminó de abrir la yugular vino caminando,
desvaneciéndose. Yo le gritaba a la Policía: ‘Ayúdenmen por favor’, y en
ningún momento nadie vino a ayudarme. Me decían que no podían hacerlo porque no tenían
guantes. El enfermero del establecimiento lo único que hizo fue ponerle gasas cuando
subimos a la camioneta. Cuando llegamos a la emergencia lo esposaron. Ni después de
muerto lo dejaron en paz», explica Mariluz Albístur.
Ismael Albístur estaba en tratamiento psiquiátrico y debía tomar medicación. Según el
testimonio de Olga Suárez, la madre de Albístur, en la enfermería del penal siempre le
aseguraron que su hijo recibía los medicamentos. Cuando en el juzgado de Canelones le
entregaron las pertenencias, Suárez recibió las cajas de remedios cerradas; tal como las
había entregado a la enfermería de la cárcel de Canelones.
En los seis casos de muertes mencionadas, los juzgados de San José y Canelones iniciaron
investigaciones, pero aún no hay resultados.
HISTORIAS DE GANGSTERS. «Este episodio me hace acordar lo que le
pasó a Al Capone -dice a BRECHA el presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Edgar Bellomo (CONFA, EP-FA)- que siendo un mafioso como era terminó procesado por
evadir impuestos». Bellomo hace referencia al procesamiento de los tres jerarcas
carcelarios, acusados de coimear a los presos para brindarles mejores condiciones de vida
dentro de los penales o permitir las salidas transitorias y otras facilidades -como el uso
de drogas o celulares- a cambio de dinero.
Diversos testimonios recibidos en los últimos meses por la comisión parlamentaria
confirman los pagos por traslados de presos.
«Hay momentos (en) que son vulnerables. Por ejemplo, Pablo Machado (el ex
director del penal de Libertad y el COMCAR) hacía muchas transas en un boliche muy
conocido llamado Píkaros. Los traslados valen mucha plata, pero ellos se cuidan. Usan a
un preso como intermediario. Los traslados al Tacoma valen cinco mil dólares. Hoy podés
pescar un pescado muy grande pero no vas a encontrar a ningún preso que se te ofrezca de
carnada. Esta gente tiene el poder para tapar todo.» Los dichos pertenecen a otro
testimonio que bajo reserva recibió la comisión parlamentaria.
Testimonios extraídos del expediente judicial y publicados ayer, jueves, por el semanario
Búsqueda, dan cuenta de las condiciones en que vivían quienes podían
acceder al pago de importantes cifras y también de quienes, en su defecto, pagaban a la
jerarquía con favores personales. Entre los primeros se encuentra Heber Silgoria, un
hombre de 50 años que asesino a mazazos a una joven de 23 en Maldonado hace siete años.
Silgoria pudo escapar a los vejámenes que sufren en prisión la mayor parte de los
presos. Más bien disfrutó en todo este tiempo de un apartamento de lujo en el Tacoma,
con audio y video de última generación, salidas diarias, visita a piaccere y excelente
atención del personal de turno. El recluso pagaba estos favores con traslados de
materiales de construcción a la casa que el ex director del penal, Pablo Machado, le
construía a su concubina en Solymar. Silgoria también fue acusado de gestionar favores
ante el ex director nacional de Cárceles, Carlos De Avila, por los que cobraba entre 500
y dos mil dólares.
Machado ya estaba sumariado por el Ministerio del Interior y había sido separado del
cargo como director del penal de Libertad cuando se comprobó que permitía el ingreso de
celulares y drogas. Pero la secretaría de Estado no consideró necesario elevar los
antecedentes a la justicia y, aunque los hechos fueron públicos, tampoco hubo una
intervención de oficio.
De Avila también fue procesado por abuso de funciones. Hasta ahora las actuaciones
judiciales no pudieron probar que recibiera pagos de los presos, aunque ese punto -que
daría lugar a un nuevo procesamiento por el delito, mucho más grave, de cohecho
calificado- sigue siendo objeto de indagatoria judicial.
El subdirector nacional de Cárceles, Hugo Güira, al salir del juzgado dejo expresa
constancia de que «no estaba en la misma bolsa» que sus pares. Según el
matutino La República (domingo 30), ya recluido en el cuartel de
Granaderos, Güira declaró que «otros jerarcas debían ser procesados por
homicidio», refiriéndose a los casos denunciados como suicidios en los penales. El
ministro Stirling, que informó posteriormente que Güira se había rectificado, dijo a
BRECHA que «hay un submundo dentro de los institutos penales, pero nosotros debemos
actuar sólo sobre hechos comprobables».
Tanto Bellomo, como Chifflet y Alberto Scavarelli (FB, PC) entienden que los
procesamientos de los tres jerarcas son una buena señal para el sistema.
En sustitución de De Avila asumirá como director nacional de Cárceles Enrique Navas
Bordón, actual director de la Policía Caminera, quien pasará a retiro antes de tomar
posesión de su nuevo cargo. Navas cumplió gran parte de su carrera en la Guardia
Republicana y ya estuvo al frente de la Dirección Nacional de Cárceles, entre 1986 y
1990. Fue cesado por el propio Stirling y, según declaró el propio Navas a la prensa, su
relevo se debió a que sus criterios de firmeza en materia de política carcelaria no
coincidían con los de sus superiores, que a su juicio eran demasiado liberales. El
próximo jefe de los establecimiento carcelarios ya anunció que basará su gestión en
tres pilares: «ley, orden y disciplina».
Fuentes policiales dijeron a BRECHA que la actual designación de Navas se produjo por una
decisión del presidente Jorge Batlle que «Stirling debió acatar» aunque «no
le gustó nada». Las mismas fuentes recordaron que Navas se había enfrentado en
más de una ocasión con el actual ministro y que había llegado a afirmar que Stirling «no
lo representaba». El ministro, en cambio, dijo a BRECHA que «no recordaba»
por qué razón Navas había dejado el cargo que ahora ocupará nuevamente.
De Avila cumple su reclusión en el Cuartel de Bomberos y los otros dos jerarcas
procesados están alojados en la Guardia de Granaderos. Están bien alimentados y
vestidos, se encuentran en ambientes secos, cuentan con atención médica y gozan de
privacidad para sus actos íntimos (como ir al baño por ejemplo). En definitiva, en las
mismas condiciones que dispone la Constitución para cualquier reo de este país. |
