La situación sanitaria de los reclusos que permanecen entre las ruinas del
Establecimiento de Reclusión de Libertad (ERL) es cada vez más riesgosa y, según un
informe oficial, si bien está controlada, «se encuentra al borde de una crisis
gravísima con posibilidades de epidemias moderadas y graves» (véase recuadro). Los
datos acerca de la realidad carcelaria ingresan al conocimiento público acolchonados por
una fuerte campaña de seguridad: hace diez años el sistema carcelario contaba con 2.700
presos en todo el país; hoy cuenta con unos 5.700 y se estima que la cifra rondará los
7.000 dentro de un par de años.
Así hacinados y en un aislamiento casi total, el domingo 7 dos presos fueron encontrados
ahorcados. Las primeras informaciones de las autoridades carcelarias hablaron de
autoeliminación, aunque dejaban deslizar la posibilidad de un ajuste de cuentas entre
reclusos. Sin embargo familiares de detenidos no descartan que se trate de una represalia
policial por el motín del 10. de marzo. Las tres hipótesis se mantienen en un marco de
misterio para todos, salvo para el personal del Ministerio del Interior (MI), único actor
que tiene acceso a lo que sucede tras las rejas.
Sin adquirir los ribetes del ERL, en La Tablada también se agravan los problemas, entre
ellos los sanitarios: en las celdas no hay baños y a los reclusos «se les
proporciona baldes de plástico, lo que es higiénicamente malo» (véase recuadro).
El ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien concurrió a la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento el martes 9, no aportó nuevos datos. Dijo que aún no se sabe
cómo se produjeron las recientes muertes en Libertad y mantuvo un entredicho con el
diputado socialista Guillermo Chifflet, cuando éste manifestó que hubo un total
incumplimiento de las promesas de «no castigo» contenidas en la negociación que puso
fin al motín. Como se recordará (véase BRECHA, 5-IV-02), los presos liberaron a los
guardias que tenían de rehenes y pusieron fin al amotinamiento después que la comisión
tripartita (Suprema Corte, MI, comisión parlamentaria de derechos humanos) les aseguró
que no habría represalias. Según Chifflet no sólo se golpeó a muchos reclusos sino que
«se les robó hasta la ropa». Stirling respondió que el diputado se guiaba
más por lo que le contaban los presos que por la versión de los policías. Cabe señalar
que si bien el ministro reclama confianza en la versión policial, hace pocos días tuvo
que remover de sus cargos, por actos de corrupción, al director del ERL, el comisario
inspector Pablo Machado, y al inspector mayor Antonio Cardozo, directivo del COMCAR.
Stirling, quien reafirmó que no se concederá visita a los reclusos alojados en Libertad
y La Tablada, concurrirá nuevamente a una reunión de la comisión tripartita para
continuar la discusión acerca de la situación en los dos establecimientos citados y de
la instalación de una cárcel de alta seguridad en el más breve plazo.
La crisis carcelaria interpela además sobre la doctrina de la seguridad ciudadana que ha
ganado adeptos en un amplio espectro político mundial incluyendo a menudo, con matices, a
la izquierda.
El diputado Edgar Bellomo (EP-FA), presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH),
dijo a BRECHA que más allá de las discrepancias con el ministro en torno a la situación
y tratamiento de los detenidos, coincide con él en que en estos momentos es necesario
contar con una cárcel de máxima seguridad que albergue alrededor de un 10 por ciento de
los 5.600 reclusos, el grupo más difícil de controlar, pero agregó que la seguridad
debe lograrse respetando los derechos humanos. Insistió en que los derechos humanos no
son de una mayoría o de una minoría, sino que pertenecen a todos, también a quienes se
encuentren privados de libertad. Según Bellomo la amenaza sanitaria en el ERL, es similar
a la que podía imperar en un campo de concentración nazi «no hablamos de voluntad
de exterminio, pero sí de un resultado que puede ser terrible». Considera además
que una enfermedad infecto-contagiosa no quedaría circunscripta a la población reclusa:
se extendería al personal policial en contacto con ellos, a las familias de ambos y por
ende con riesgo de extenderse en la población.
Por su parte el diputado Chifflet señaló a BRECHA que el ministro continúa sin dar
respuesta a los problemas que se le plantean. Recordó que hace ya más de 15 días se le
solicitó un informe -aún no respondido- sobre en qué y de qué forma se gastan los
supuestos 500 dólares mensuales que se destinan a cada recluso.
Tanto Bellomo como Chifflet plantean que debe resolverse el problema del alojamiento digno
y de la atención médica en lo inmediato, pero también instrumentar desde ya otros
mecanismos, como trabajo y educación. Los entrevistados consideran que el EP está
limitado en sus propuestas porque la mayoría de las soluciones dependen del Poder
Ejecutivo, y éste no tiene voluntad política para aplicarlas.
El diputado Jorge Orrico (AU-EP) dijo a BRECHA que en la legislatura anterior participó
en la Comisión de Seguridad Ciudadana, elaborando junto a sus pares Daysi Tourné y
Marcos Abelenda una serie de propuestas recogidas en el informe final de la comisión
aprobado por el Poder Legislativo.
El primer punto de estas propuestas se basan en el Instituto Nacional de Rehabilitación,
que otorga al sistema carcelario calidad de persona pública descentralizada y separado
del MI. Este instituto tendría a su cargo la formación de los funcionarios
penitenciarios y bajo su égida funcionaria el Instituto de Criminología. En el corto
plazo el FA propone un combate sin cuartel a la corrupción policial, pero en el mediano
plazo propone una reestructura del instituto policial.
Según Orrico las actuales medidas del MI sólo intentan apagar incendios sin buscar
soluciones de fondo, y recuerda que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una
política de Estado, independientemente de quien ejerza el Poder Ejecutivo.
Sin dejar de actuar en temas puntuales, dice Orrico, hay que hacer hincapié en el origen
social del problema, con políticas sociales focalizadas, utilizando el sistema educativo
como herramienta para revertir causas y consecuencias, al menos de determinados delitos.
Reactivar el proyecto de ley que prevé medidas alternativas a la prisión preventiva,
así como de penas alternativas a la reclusión, lo que en el corto plazo ayudaría a
descongestionar las cárceles. Orrico sostuvo también la necesidad de evitar el ocio
entre los reclusos, «negativo para toda persona, sobre todo si está privado de su
libertad y no posee hábitos de lectura o de alguna actividad creativa».
Los entrevistados consideran necesario realizar una clasificación de los presos
observando el sistema progresivo, así como dotar el Patronato de Encarcelados y Liberados
de mayores recursos y sugerirle una mayor vinculación con las ONG que participan en el
tema carcelario. Consideran también que garantizar ámbitos de estudio y de trabajo es un
factor imprescindible de rehabilitación.
EPIDEMIAS AL ACECHO. El médico Luis Llosa, director del Hospital
Penitenciario, elaboró un informe sobre la situación carcelaria dirigido al inspector
Carlos de Avila, director nacional de Cárceles, en el que señala que el penal de
Libertad se encuentra hoy «al borde de una crisis gravísima» debido al
hacinamiento y a los escasos servicios higiénicos, a la falta de saneamiento de los
deshechos e imposibilidad de higiene corporal, a la presencia de roedores e
intensificación de las enfermedades de la piel, por ejemplo la sarna, existiendo «la
posibilidad latente de epidemias moderadas y graves, hepatitis, la casi inevitable llegada
del dengue, diversas enfermedades respiratorias y un aumento en las enfermedades
sexuales».
El informe relata que las guardias médicas cuentan con un solo profesional por día y que
es imposible realizar tratamientos y controles de cualquier tipo, lo que se ve agravado
por «las descompensaciones nerviosas, la convivencia obligada de numerosas personas
de baja cultura, y los tejeres de la vida carcelaria con mínimos valores humanos, así
como la imposibilidad de clasificar las diferentes personalidades con mayoría
psicopática».
El doctor Llosa establece además en su informe que la situación sanitaria de La Tablada «es
más correcta, aunque las celdas carecen de servicios higiénicos y se les proporcionan
(a los reclusos) baldes de plástico». El médico reconoce que el método es
higiénicamente malo, tanto para el recluso como para el funcionario que debe retirar los
baldes.
Respecto de otros «trastornos de salud causados por los motines y traslados»,
el director del Hospital Penitenciario concluye que desde el punto de vista médico y si
se compara con los daños materiales totales, no hubo lesiones corporales, que hayan
puesto en peligro la vida de los presos. Tanto es así para Llosa que «ni siquiera ha
habido fracturas de importancia». Alerta por supuesto sobre posibles altercados y
reyertas entre los presos con «actos extremos de violencia, por las condiciones de
convivencia».
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