En motín en el penal de Libertad, destrozos incluidos, dejó al desnudo la falta
de una política carcelaria y la improvisación constante con la que se actúa en esta
materia. Tras el episodio, 99 reclusos fueron alojados en el establecimiento La Tablada,
del cual 16 intentaron escaparse esta semana. Los participantes en la frustrada fuga
volvieron a Libertad, dejando la duda de cuál es entonces el «menos peor» de los
centros para reclusos de alta peligrosidad.
Ayer, jueves, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, volvió a dejar dudas sobre
las soluciones definitivas para la explosiva situación carcelaria. Reiteró la
posibilidad de adquirir en Estados Unidos cárceles prefabricadas (para hoy, viernes, se
esperaba el regreso del director de Cárceles, Carlos de Avila, quién había viajado a
ese país precisamente para conocerlas directamente). Stirling también mencionó la
posibilidad de utilizar la denominada «pulserita» de localización de reclusos
(propuesta esta semana en Londres por el gobierno británico), entre otras alternativas.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo comienza a cobrar forma la posibilidad de
aprobar un proyecto de penas alternativas impulsado por el gobierno y redactado por el
diputado Jorge Barrera (15, PC).
En diálogo con BRECHA, Barrera indicó que entre las penas alternativas sugeridas en la
iniciativa está la posibilidad de retirar la libreta por dos años a quienes sean
procesados por accidentes de tránsito, la condena a realizar tareas de apoyo a la
comunidad en instituciones públicas o privadas, siempre que tengan fines sociales, el
arresto domiciliario o el arresto nocturno para aquellas personas que tengan trabajo, así
como la utilización de «pulseritas» de localización para aquellas personas que tengan
prohibido el acceso a determinados sitios (canchas de fútbol, domicilios particulares en
casos de violencia doméstica, etc.).
Barrera aclaró que su proyecto «apunta a aquellos que cometieron delitos leves y a
primarios. Estas penas alternativas no se aplicarán a un violador, un asesino o alguien
que realizó un copamiento».
El diputado Daniel Diaz Maynard (Alianza Progresista, EP) había presentado tiempo atrás
un proyecto en igual sentido, aunque con un carácter más amplio para otorgarlas. Según
fuentes parlamentarias, el proyecto del Poder Ejecutivo contaría en principio con los
votos de la coalición de gobierno, al menos, y podría ser aprobado entre abril y mayo.
Como en materia penal las leyes que favorecen al reo tienen carácter retroactivo, la
norma podría beneficiar a muchos de los actuales reclusos, que en total son 5.500 en todo
el país.
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