BRECHA
31 de Marzo del 2000

En Libertad y el COMCAR

Una huelga para humanizar las cárceles

Los cerca de 700 presos de Libertad, Santiago Vázquez (COMCAR), Canelones y Rivera que se negaron a ingerir alimentos entre el viernes 24 y el martes 28 tenían una plataforma ambiciosa: pedían una amnistía basada en la propuesta del Papa durante el Jubileo del año 2000, que incluye un eventual perdón de mil días. No la lograron, pero -tal vez sin tener cabal conciencia de ello- ganaron algo que teóricamente ayudará a mejorar sus vidas: la aceleración de la salida de las cárceles de la órbita policial (ver recuadro).
El «gremio» de los presos aunque no goza de buena prensa. Parte de sus miembros está penada por crímenes difícilmente defendibles desde un punto de vista moral. Entre ellos hay ladrones de todos los tipos, traficantes y violadores. Ilustrativa de ese miedo al que muy pocos ciudadanos «normales» logran sustraerse fue la carta de un votante frenteamplista que hace unos días recibió el flamante presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el socialista Guillermo Chifflet, después de que comenzó a interesarse por los problemas de los reclusos. En la misiva se increpaba al legislador por gastar los recursos de los contribuyentes en mejorar la suerte de los presos y no la de sus víctimas.
Sin embargo, Chifflet opina que lejos de ser un error, la preocupación por la situación de los delincuentes detenidos no se debe solamente a su convicción de que es necesario defender los derechos humanos de todas las personas (un detalle nada menor en una sociedad democrática, sobre el que recientemente llamó atención el Departamento de Estado de Estados Unidos), sino que además constituye una real defensa de los ciudadanos. «Si los establecimientos carcelarios fueran de correción y no de corrupción ganaría toda la sociedad y no sólo los delincuentes», dijo el legislador a BRECHA. Las estadísticas disponibles en el mundo corroboran la sencilla tesis de Chifflet: allí donde el sistema penitenciario funciona mejor, se abaten los índices de reincidencia.
Sin ponerse de acuerdo antes con el diputado, reclusos del Penal de Libertad redactaron una carta en la que se afirma algo que buena parte de la sociedad sabe o intuye: «vivimos dentro de un sistema carcelario totalmente represor y autoritario, que sólo tiene como único fin incrementar el odio y la perfección del delito, tornándolo cada vez más violento».
Un informe del Parlamento Latinoamericano dedicado a la situación de las cárceles en el continente concluye que el ideal de un sistema penitenciario es simplemente hacer cumplir la Constitución y la ley. En el caso de Uruguay, bastaría con aplicar, además de la carta magna, el reglamento penitenciario vigente. La realidad, sin embargo, desmiente a la letra escrita.

PERLAS ESPANTOSAS.

María Esther Rolandis Flores denunció el 7 de febrero que su hijo Carlos Daniel Morales, que se encuentra alojado en el Módulo IV del COMCAR, es sometido a tortura y malos tratos por parte de la guardia, y que las requisas son extremadamente violentas.
Alejandra Lemos se presentó el 8 de marzo ante el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) porque su hermano Richard había sido recluido en una celda de aislamiento por 45 días sin visita médica ni de familiares. Sostuvo que desde hace un tiempo era golpeado y sometido a malos tratos. El miércoles 15 tuvo que ser internado en la Sala Penitenciaria del Saint Bois a causa de lesiones provocadas en la cárcel. Su abogado de oficio presentó un escrito ante el juzgado correspondiente, en el que afirma que «el procesado fue agredido y maltratado por la guardia y estaría con algunas costillas rotas».
Luis Giménez se presentó en la sede del SERPAJ el jueves 23 para denunciar que sus hijos, Gerardo León y Miguel Emiliano Giménez, fueron torturados por personal de la Seccional 17a. que los arrestó para que confesaran un crimen que no cometieron. El padre de los reclusos, que son ciudadanos suecos, afirma que se ensañaron con ellos por ser libertarios, especialmente con el primero, que lleva los nombres de los dirigentes sindicales desaparecidos Gerardo Gatti y León Duarte.
Un informe, que lleva la firma de la responsable del Programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del SERPAJ, Alicia Albornoz, da cuenta de que «durante estos primeros meses del año 2000 hemos atendido ya 50 casos -en su mayoría vinculados con la realidad carcelaria-», pero que sólo en los tres antes mencionados los denunciantes «han sorteado el miedo de que sus familiares presos sufran las consecuencias de las amenazas a las que son sometidos para que no realicen las denuncias».
Otro documento entregado en estos días por el SERPAJ a los parlamentarios informa sobre los incidentes ocurridos en el COMCAR los días 10 y 11 de noviembre. Con relación a la represión desatada luego de un intento de fuga con toma de rehenes, el SERPAJ afirma que «los hechos ponen en evidencia que la respuesta de las fuerzas encargadas de restablecer el orden se excede en el uso de las fuerza aplicando métodos que configuran tortura, trato cruel, inhumano y degradante a prisioneros».
Respecto al estado sanitario de los presos, otro informe de la misma ONG indica que «algunas de las situaciones constatadas por nuestras visitas a las cárceles y que violan los derechos fundamentales del privado de libertad son: lesiones no asistidas, demora en la asistencia, demora en los traslados esperando autorización del personal jerárquico no médico, no asistencia o asistencia insuficiente a los reclusos en huelga de hambre, ausencia de historia clínica, entre otras carencias».

LOS DESAMPARADOS.

Una delegación que integraron además de Chifflet, lo diputados Alberto Scavarelli (Partido Colorado), Daniel Diaz Maynard y Edgar Bellomo (Encuentro Progresista) y Felipe Michelini (Nuevo Espacio) visitó el martes 28 el penal de Libertad. Ante la medida de fuerza tomada por los reclusos, la comisión resolvió anticipar el comienzo de su trabajo, previsto para abril.
Según explicó Chifflet a BRECHA, la visita fue positiva, ya que logró que los reclusos levantaran la medida con el objetivo de dar a la comisión la posibilidad de actuar. El jueves 30, el presidente de la comisión se reunió con el ministro del Interior Guillermo Stirling, con quien ya había acordado algunas medidas, entre ellas la posibilidad de que los reclusos se comunicaran en forma directa con el propio Chifflet, sin limitaciones ni censura de las autoridades. Desde hace ya dos años los reclusos pueden elevar sus quejas o sugerencias al 0800 5000, un servicio del Ministerio del Interior que, por lo menos en el caso de las cárceles, no ha constituido una mejora sustancial.
Los problemas que encontraron los legisladores en Libertad refieren al desamparo jurídico («jamás vi a un abogado», dijeron algunos reclusos), de alimentación («con papas, zanahorias y carne picada no es mucho lo que se puede hacer», dijo otro) y salud («el médico viene tres veces por semana y en caso de urgencia hay que esperar», se quejó un tercero).
Con todo, la plataforma reivindicativa levantada esta vez por los reclusos se refería exclusivamente a problemas de orden jurídico. En una nota que enviaron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los presos del COMCAR pedían el perdón de mil días antes mencionado, el cumplimiento de las normativas referidas a la posibilidad de obtener libertades anticipadas, la creación del ombudsman (defensor del pueblo) de las prisiones y la restitución de las visitas de cárceles, que permitían el otorgamiento de una gracia, tal como ocurría hasta 1989.
En un escrito entregado a los familiares de los reclusos el lunes 27, el presidente de la Corte, Juan Mariño, respondió que la visita tuvo que comenzar a realizarse por los expedientes, debido al «constante crecimiento de la población carcelaria», pero que ésta volvería a llevarse a cabo bajo el sistema anterior -es decir In situ- por parte de jueces penales «lo antes posible».
Respecto de la lentitud de los trámites judiciales, Mariño afirmó que la aceleración de los procesos está teniendo un trámite «francamente positivo», ya que «solamente 16.3 por ciento de los procesos con el encausado en prisión con más de un año de trámite estaba sin sentencia de primera instancia». La SCJ asegura que los procesados sin condena ascienden a 67 por ciento, lo que constituiría una mejoría si se tiene en cuenta «que llegó en un momento a más del 80 por ciento». En relación con una eventual amnistía, la corporación remitió a los presos al Poder legislativo, ya que es la Asamblea General la única que puede actuar en ese sentido. Mariño aprovechó para puntualizar que ese «órgano soberano» deberá evaluar los resultados de la anterior amnistía de 1985 y, además, «si el imputado ha demostrado síntomas de recuperación suficientes como para pronosticar su reintegro útil a la sociedad, así como sus reales posibilidades de reinserción laboral, para evitar que la única salida para su sustento sea reincidir en el delito, contemplando de ese modo debidamente la seguridad ciudadana».

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