BUSQUEDA
4 de Julio de 2002
El juez Pablo Eguren y la fiscal Mónica Ferrero descubrieron
increíbles historias de reclusos y custodios, luego de lo cual decidieron colocar a tres
jefes policiales tras las rejas
La Justicia descabezó a los mandos del sistema carcelario y el gobierno puso al
frente a un «duro, enérgico e inteligente» policía
escribe Raúl Ronzoni
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El 31 de enero de 1995, Heber Silgoria, de 50 años y constructor
de profesión, secuestró en Maldonado a una joven de 23 años, hija de unos vecinos
amigos suyos. Casi de inmediato la mató a golpes con una barra de hierro. Más tarde
ocultó su cuerpo en un tanque de 200 litros cubriéndolo con escombros. La premeditación
quedó de manifiesto cuando se descubrió que antes del secuestro había redactado una
nota para la familia de la víctima pidiendo U$S 200.000 de rescate. Fue precisamente la
ubicación de la máquina de escribir lo que permitió a la Policía identificarlo. Al
culminar la investigación judicial, a pedido del fiscal Rafael Ubiría, el entonces juez
de Maldonado, Homero Da Costa, condenó a Silgoria por homicidio muy especialmente
agravado, a 22 años de penitenciaría, una sentencia que vence en el año 2019. El
homicida tenía antecedentes por otros delitos violentos.
El condenado es la misma persona que hasta hace poco tiempo ocupaba una confortable
vivienda en el Centro de Reclusión No. 1 conocido como «Tacoma», en pleno centro de la
ciudad. La construyó él mismo. Dentro de su «apartamento», tenía calefactor,
ventilador, televisor con equipo de videotape, conexión a televisión por cable, cocina
totalmente equipada, un pequeño living y un equipo de audio de primera calidad. Nadie
podía acceder a su vivienda porque cuando salía la cerraba desde afuera con candado.
También cerraba por dentro cuando lo visitaban mujeres. Los reclusos de ese centro gozan
de varios privilegios porque su destino original fue el de proteger a delincuentes
primarios y ocasionales del contacto con la población carcelaria con antecedentes. Entre
los casi 6.000 presos de todo el país, Silgoria disfrutaba del premio mayor, aunque otros
presos, también procesados por delitos graves, estaban alojados en el «Tacoma», aunque
con menor confort.
Además de esos beneficios, Silgoria salía todos los días sin custodia y sin
autorización judicial, trasladándose en ómnibus. Todo lo hacía con el conocimiento y
consentimiento de las autoridades de la Dirección Nacional de Cárceles, para quienes
realizaba trabajos de reparaciones en varios centros de reclusión.
Un informe del Instituto Nacional de Criminología estableció que Silgoria es una
«persona impulsiva con tendencias agresivas» y «heteroagresividad marcada». Padece
también de «ansiedad paranoica, predominantemente con baja tolerancia a la frustración
con tendencia a la desafectividad».
Cuando el juez en lo penal de 8vo. turno, Pablo Eguren, y la fiscal Mónica Ferrero
conocieron esta historia no daban crédito a los hechos. Pero ahora, en el expediente de
casi 1.000 hojas que se encuentra en el juzgado, varias fotografías lo testimonian.
Silgoria fue una de las claves de la investigación de Eguren y Ferrero que terminó en la
prisión del director nacional de Cárceles, inspector principal retirado Carlos De Avila,
del coordinador de Cárceles, Hugo Guira, y el director del penal de Libertad, Pablo
Machado.
De Avila fue procesado por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real
y por desacato. Guira fue remitido por abuso de funciones y a Machado se le imputó abuso
de funciones en reiteración real y falsificación ideológica.
Aunque la investigación se inició para indagar presuntos pedidos de coimas a los
familiares de los reclusos, no fue posible constatar ese hecho. No obstante, Eguren
abrirá una investigación paralela para profundizar varios hechos sobre los cuales, se
presume, muchos reclusos y sus familiares temían declarar por temor a represalias,
dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
Mientras se desarrolló la investigación judicial, entre febrero y fines de junio, los
tres procesados continuaron desempeñando sus cargos.
Silgoria fue acusado por familiares de varios presos de pedirles entre U$S 500 y U$S 2.000
para obtener de las autoridades, particularmente de De Avila, traslados de reclusos a
módulos privilegiados o a la chacra policial.
En la investigación judicial no fue posible probar que De Avila hubiera recibido dinero
para favorecer el destino de algunos reclusos, pero varios de éstos que declararon en el
juzgado señalaron su sorpresa por la forma en que era tratado Silgoria, que incluso usaba
teléfono celular y cuando hablaba con De Avila se refería a él como «El viejo» o
«Carlos».
Un funcionario policial que declaró en la Dirección Nacional de Información e
Inteligencia (DNII), que desarrolló la investigación administrativa, dijo que fue
presionado por Guira y por De Avila. Agregó que luego de esa declaración se realizó una
pintada en el exterior de su domicilio en donde se leía «bocón».
De Avila, por otra parte se negó a declarar en el sumario administrativo en la DNII: «Yo
no declaraba en Inteligencia con personas que moralmente considero que no están a mi
altura», dijo. Por el trato preferencial que recibía Silgoria, y por éste último hecho
le fueron tipificados los delitos de su procesamiento.
Las imputaciones contra Guira también se relacionan con Silgoria, cuyo modo de vida y
desplazamientos en la cárcel conocía.
Por otra parte -dijo la fiscal al pedir el procesamiento- Guira, sin autorización
«utilizó camiones» de la Policía «para trasladar materiales de construcción y
personal policial para la construcción de la casa de su concubina en Solymar». El
camión en el que fueron trasladados los materiales de construcción era conducido por
Silgoria. Por estos hechos se le imputó a Guira el delito de abuso de funciones.
El procesamiento de Machado derivó de una denuncia que formularon un recluso y su esposa.
Esta declaró en el juzgado que con el conocimiento y consentimiento de su cónyuge se
relacionó sentimentalmente con el jerarca policial. Los dos miembros del matrimonio
dijeron que aceptaron esa relación porque tenían ese tipo de «fantasías».
La mujer declaró que esa relación fue la que le generó confianza con Machado, quién le
permitía a su esposo deambular con cierta libertad en el Complejo Carcelario de Santiago
Vázquez (COMCAR).
* La confianza. Ese preso, declaró Machado, «es una persona que se gana
fácilmente la confianza y terminó siendo informante de quien habla, en calidad de
director». Por esa razón, admitió, le permitía desplazarse con libertad.
La mujer gestionaba traslados de reclusos para lo cual cobraba determinadas sumas de
dinero que muchas veces los familiares de los presos le dejaban dentro de sobres en un
almacén próximo a la cárcel. Así lo confirmó en el juzgado el propietario de ese
almacén, aunque aclaró que no conocía el contenido de los sobres.
De los testimonios judiciales surge que Machado le regaló a la mujer una cadena de metal
dorado con un dije en forma de corazón con dos inscripciones. De un lado dice
«Fernando» (el nombre del esposo) y del otro «Pablo» (el de Machado).
El policía declaró que la cadena se la hizo un recluso, el único joyero preso en el
COMCAR: «El me dijo que bastante había hecho por él como para cobrarme, aunque yo quise
pagarle aunque sea el costo».
La mujer acusó a Machado de recibir todo o parte del dinero que recibía para gestionar
traslados. El policía admitió que por gestión del esposo de la mujer realizó varios
traslados pero negó haber recibido alguna remuneración por ello.
Entre los reclusos que fueron beneficiados por Machado con los traslados estuvo J.C.A.,
condenado por rapiña y otros delitos. A mediados de 2001 a Machado le robaron del frente
de su casa una camioneta propiedad del Ministerio del Interior. La recuperó mediante
gestiones telefónicas de J.C.A., «que estaba en el tema del hurto de vehículos»,
declaró el policía.
Finalmente, a pedido de Machado, J.C.A. fue trasladado al «Tacoma» con el consentimiento
de De Avila. Fue de ese centro de donde J.C.A. se fugó posteriormente, situación en la
que permanece.
Además de ser procesado por abuso de funciones por los hechos reseñados, el juez le
imputó a Machado el delito de falsificación ideológica, porque no declaró ante la
Junta Anticorrupción ser propietario de un apartamento del Banco Hipotecario.
El martes 2, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, salió al cruce de afirmaciones
públicas que señalaban que los procesados habían recibido coimas.
«Tenemos que ser muy delicados en el manejo de los criterios, conceptos y afirmaciones.
Hay por delante el prestigio y honorabilidad de funcionarios», dijo Stirling en
declaraciones que publicó «El País».
Agregó: «Hay que probar realmente si estos funcionarios se han apartado de una línea de
honestidad. Nosotros no podemos imputar ligeramente que ha habido corrupción».
* Orden para todos. El Inspector Enrique navas, un hombre que ha
mantenido enfrentamientos públicos con Stirling por los cuales fue sancionado, fue
designado por el ministro para sustituir a De Avila. Entre 1986 y 1990, Navas, un oficial
del Regimiento Guardia Republicana, se desempeñó como director del Penal de Libertad.
Navas está considerado por fuente judiciales como «un duro, inteligente e enérgico»
funcionario, cuya designación fue recibida por beneplácito por varios jueces en lo penal
consultados.
«Yo fui designado. Las metas me las pongo yo. Entiendo que hay que poner orden en ambos
segmentos del sistema, tanto en la población reclusa como en el personal policial»,
declaró a Búsqueda al ser consultado sobre sus objetivos.
Navas, actual director de la Policía Caminera, informó que está «tratando de armar un
equipo» para su nueva tarea y adelantó que «algunos directores podrían cambiar» para
llevar personal de su directa confianza.
La estructura carcelaria determinará que Navas designe a más de decena de funcionarios
que actuarán bajo sus órdenes.
El funcionario advirtió que se verá «circunscripto a trabajar con personal que no es de
la oficialidad, porque en Uruguay el personal penitenciario comprende un escalafón
cerrado. No rota, pero debería hacerlo».
El Inspector expresó su aspiración de recrear el sistema de progresividad penitenciaria
«que implica definir claramente que Uruguay necesita un centro de reclusión de máxima
seguridad que necesariamente debe ser el Penal de Libertad», actualmente casi en
escombros como resultado de los últimos motines.
En función de esta última circunstancia, Navas consideró que «necesariamente será
imprescindible rehabilitar todo el Penal de Libertad, los cinco pisos, aunque haya gente
que lo quiera ver destruido o convertido en un museo. Es un mal necesario» para la
sociedad uruguaya.
«A partir de allí será necesario que en el COMCAR se establezca un régimen de media
seguridad y que en los centros de recuperación abiertos y en las cárceles del interior,
exista la mínima seguridad» con reclusos que no representen un peligro y no hayan sido
condenados o procesados por delitos graves.
Navas señaló que para desarrollar sus planes será necesario «Instrumentar una serie de
medidas, cambios y reformas, tanto de infraestructura como de recursos humanos y
administrativos».
El policía adelantó que una vez que logre eliminar los riesgos de fugas, agresiones y
tráficos internos, entre otros males que afectan al sistema carcelario, trabajará «para
lograr la rehabilitación de los presos a través de distintos tipos de talleres. Primero
se debe lograr seguridad y luego rehabilitar, aunque haya gente que pretende invertir ese
orden». |
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