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CAUSA ABIERTA
15 de Noviembre de 2000


La opinión del diputado Chifflet sobre el caso de 4 jóvenes presos en el COMCAR que alegan haber sido torturados

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, se expresó sobre este polémico caso; CAUSA ABIERTA quiere destacar la claridad del legislador sobre la importancia del respecto por la división de los poderes del Estado, base del correcto ejercicio de la democracia.

A raíz de la campaña, nacional e internacional, que se está realizando en torno a la situación de los muchachos sueco-uruguayos presos en el COMCAR, recientemente sentenciados a 7 años de penitenciaría por una rapiña que sus familiares afirman que fue confesada en base a torturas policiales, CAUSA ABIERTA se entrevistó con el diputado Chifflet. Recogimos así la opinión que sobre el caso tiene el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde fuera realizada la denuncia por el padre de los muchachos. En próxima entrega se publicará la versión que el denunciante ha acercado a nuestro Semanario.

LA DENUNCIA

Nos plantearon en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que en el Poder Judicial se habría cometido una injusticia contra estos muchachos, que no habrían participado de la rapiña de la que los acusaron.
Entonces le explicamos al padre de estos chicos, en presencia de su propio abogado, que la Comisión de Derechos Humanos estando el tema en la órbita del Poder Judicial no puede aconsejar ni sugerir al juez que es lo que debe hacer. Esto a causa de una razón que ellos entendieron, que es la división de poderes del Estado. El día que aún con la mejor intención los políticos entráramos a decidir en el Poder Judicial se acaba la división de poderes, y eso sería todavía más perjudicial. Con la no intervención en este caso frente a los jueces, nosotros estamos defendiendo un valor esencial en los derechos humanos que es la división de poderes.
El Poder Legislativo no puede decirle a los jueces cómo deben actuar ni qué deben hacer; sin perjuicio que nosotros nos informamos igualmente de todos los extremos del caso.
De esta forma analizando los hechos, yo he llegado a la convicción personal de que estos muchachos fueron golpeados en la Seccional, que se les amenazó con que si no se declaraban culpables ante el juez cuando retornasen a la órbita policial iban a ser castigados.
Lo dije así, y sostuve en algunas entrevistas de prensa que a veces puede suceder que los jueces cuando ven a alguien lastimado no averigüen a qué se debe que estén golpeados o con señales de posibles torturas; y simplemente se dedican al caso y al interrogatorio puntual.

LA VISION DEL JUEZ CORUJO

El juez de la causa, en una reunión privada que mantuve con él por este tema, me dijo que esto era injusto porque él ha puesto a muchos policías detenidos cuando ha comprobado señales de malos tratos.
En segundo lugar, afirmó que estos muchachos se habían responsabilizado efectivamente ante el Juzgado de la rapiña, que las confesiones no se habían efectuado tan sólo en sede policial.
Mi respuesta al juez fue que si los chicos efectivamente habían sido torturados en la seccional posiblemente aceptarían acusarse en el juzgado, ante la amenaza de que las torturas continuaran. Sin embargo yo no he podido hablar con los muchachos sobre este punto.
De todos modos la Comisión de Derechos Humanos, que sigue alerta sobre el caso, no intervino en el hecho porque no puede hacerlo en este momento, ni debe hacerlo. Sabemos sí que ha habido un fallo judicial, que establecería siete años de cárcel para ellos. En principio, y sin conocer el expediente, pienso que esta pena para un joven que ha cometido una rapiña y es primario es un "disparate". Más allá de que la mayoría de los legisladores supongo que lo consideran un buen fallo, porque en el Parlamento cada vez que se plantean los temas de la seguridad pública se agravan las penas en lugar de analizarse las causas.

SITUACION EN EL COMCAR

Más allá de lo que se ha denunciado que ha ocurrido a nivel policial y judicial, está la situación que se vive en el COMCAR. La Comisión sí interviene en estos temas; y ha hecho planteamientos muy claros de cuál es la situación de los establecimientos carcelarios en general en nuestro país. Tenemos la absoluta convicción de que allí no se respetan los derechos humanos. No decimos que esto sea la regla en todos los establecimientos, pero en muchos de ellos no se respetan. A veces es difícil probar. Cuando hay castigos, es muy importante que los reclusos sepan que tienen que reclamar de inmediato una revisación de forense, y en ese caso sí se pueden tomar medidas. Pero generalmente nos llegan las denuncias tardíamente, y se vuelven entonces muy difíciles de probar: se cae en la situación de palabra contra palabra.
Sin embargo sabemos que desde el punto de vista de la atención de la salud, de la atención jurídica, de la privacidad elemental, de los trabajos de formación y rehabilitación, no se cumple con los derechos humanos absolutamente en Uruguay. Los establecimientos son, lo he repetido, campos de concentración. Pero siempre aclaro que hemos visto en el Ministro del Interior una preocupación especial por esto.

PROCURADOR CARCELARIO

Frente a esta situación estamos a punto de aprobar en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de ley que prevé un Procurador Carcelario: algo así como un defensor del pueblo pero referido concretamente a las cárceles, y que intervendría en todas las situaciones de irregularidades en los establecimientos. Sería designado por el Parlamento, respondería ante él y debería informar obligatoriamente todos los años a la Asamblea General. Es un primer paso que se daría para tratar de hacer que las cárceles no sean establecimientos de corrupción sino de corrección.
También hay otro proyecto de ley, que ahora lo tiene el Ministerio del Interior, que quita a los establecimientos carcelarios de la órbita de los ministerios y prevé en vez de ello la creación de un organismo con autonomía y con los elementos técnicos que debe poseer.
Estos proyectos que tenemos entre manos pueden ser la vía para comenzar a hacer que las cárceles no sean lo que son en Uruguay y en casi toda América Latina.


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