EL
OBSERVADOR
1o. de Julio de 2002
DURO GOLPE A LA CORRUPCION POLICIAL
Los jefes de las cárceles las verás ahora desde adentro
Los titulares de la Dirección Nacional de Cárceles cobraban coimas a los
presos. Investigación de Inteligencia y datos de reclusos desarticularon la banda
policial
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Las salidas
anticipadas y dos automóviles
Las cifras
Aquellos rumores por el traslado masivo
Entrevista con un policía corrupto
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POR C. CASAVIEJA Y G. PEREYRA DE LA REDACCION DE EL
OBSERVADOR
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La Policía y la Justicia dieron ayer un severo golpe a la
corrupción policial y lograron procesar a tres uniformados que habían montado una
organización delictiva dentro del sistema carcelario, encabezada por el propio director
nacional de Cárceles, el inspector principal retirado Carlos De Avila.
Los policías le pedían coimas de U$S 1.000 a los familiares de los presos para lograr su
traslado del COMCAR y de Libertad hacia el llamado Centro No. 2, una chacra abierta que
funciona en San José. De Avila, el coordinador de Cárceles, Hugo Güira, y el ex
director de Libertad, Pablo Machado, fueron procesados con prisión por abuso de función
en casos no previstos por la ley. El fiscal pidió que se inicie un proceso contra De
Avila por desacato ya que el jerarca se negó a prestar declaración en dependencias de
Inteligencia. El juez también lo procesó por este delito.
El traslado de los presos es una decisión que compete casi exclusivamente a la Dirección
de Cárceles, lo cual le daba a los policías corruptos un enorme poder para operar en
este sentido.
Todo comenzó cuando meses atrás la esposa de un detenido denunció que a su marido
funcionarios de Cárceles le habían pedido dinero para trasladarlo. Inmediatamente se
abrió una investigación administrativa a cargo de la Fiscalía Nacional de Policía y
una indagatoria judicial a cargo del juez Pablo Eguren. El magistrado pidió la
colaboración de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) a la que le
otorgó la potestad de realizar varias intervenciones telefónicas.
Estas grabaciones, hoy en poder del magistrado, demuestran que oficiales de Policía le
solicitaban pagos de U$S 1.000 para llevar los reclusos de Libertad y COMCAR a la
tranquila chacra maragata, un lugar de 200 hectáreas, criadero de cerdos y con
plantaciones, que tiene una capacidad de 60 presos.
Las investigaciones de la DNII permitieron obtener la declaración de seis presos que
acusaban directamente a las jerarquías de la Dirección de Cárceles. Estos seis reclusos
fueron sacados del penal y llevados a Cárcel Central ya que se temía por su seguridad.
En noviembre del año pasado, cuando concurrió al Parlamento para explicar las causas del
último motín en Libertad, De Avila había dicho que en la chacra de San José hay
capacidad para 60 presos pero que solo la ocupaban 42 porque «nadie quiere trabajar».
«Todos aceptan ir porque es un régimen totalmente abierto, no es una cárcel sino una
granja, pero una vez que están allí no hay quien los haga trabajar y continúan con los
vicios pretendiendo ingresar alcohol y drogas», dijo. Hace dos años que De Avila es
director de cárceles.
Fuentes policiales dijeron que las investigaciones lograron pistas según las cuales,
presuntamente, De Avila y el resto de los integrantes de esta banda policial no sólo
cobraban por los traslados sino también para permitir diversas irregularidades, entre
ellas el ingreso de drogas y celulares. |
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