EL PAIS
14 de Abril del 2002
CARCELES | El Ministerio del
Interior identificó militantes que actúan en el grupo de familiares
Extremistas actúan en movilización por presos
El padre de dos reclusos encabeza la campaña; él dice que sus hijos son inocentes pero
la Justicia contradice sus dichos

PROTESTAS. Tras los reclamos
de los familiares
actúan integrantes de grupos de extrema izquierda
A juicio
del ministro del Interior, Guillermo Stirling, en el grupo de familiares de presos de
Libertad actúan integrantes de grupos de la izquierda radical. "Una publicación que
han hecho circular muestra claramente la inclinación de estas personas con la
utilización de términos propios de esos sectores políticos", argumentó el
ministro al ser consultado sobre el extremo.
Fuentes
del Ministerio del Interior, por su parte, indicaron que a través del material
propagandístico se advirtió la presencia de Luis Giménez, padre de los jóvenes
encarcelados y antiguo militante anarquista que estuvo exiliado en Suecia entre 1973 y
1985, nacionalidad que poseen sus hijos Gerardo y Miguel actualmente recluidos en La
Tablada y participantes del motín carcelario.
Las
fuentes indicaron que al referirse al motín en el Penal de Libertad, los organizadores de
la protesta de familiares hablan de la "destrucción de un símbolo de la
dictadura".
Luis
Giménez, uno de los integrantes del grupo de familiares que realizaron la protesta frente
al Ministerio del Interior y luego el ayuno voluntario frente a la Catedral Metropolitana,
encabeza una campaña por la libertad de sus dos hijos recluidos en el penal. La
publicación "Aguantamos todavía" contiene notas firmadas por el "Comité
para la libertad de los muchachos presos", aludiendo a Gerardo y Miguel Giménez,
encarcelados por un delito de rapiña cometido en setiembre de 1999.
Al
defender la causa de sus hijos, Giménez ha argumentado que en el momento de ser detenidos
como autores de la rapiña fueron sometidos a apremios físicos por parte de la Policía.
Pese a ello los jóvenes, y otros dos remitidos por el mismo delito, fueron procesados. Un
Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo y desestimó los argumentos presentados por la
defensa. El caso, a cuya sentencia pudo acceder El País, parece claramente resuelto en la
esfera judicial.
ACUSADOS.
El atraco ocurrió en la noche del 27 de setiembre de 1999, en un almacén ubicado en
José Belloni 5912. El propietario se disponía a cerrar el local cuando ingresaron dos
jóvenes que entraron con el aparente propósito de usar el teléfono y terminaron
encañonando al comerciante con un revólver.
Tras
apoderarse de un botín de $ 4.500 y algunos efectos, los delincuentes se dieron a la fuga
del lugar. Instantes después de consumada la rapiña el comerciante alertó
telefónicamente a la Policía.
Un
móvil de Radio Patrulla encontró a los cinco sospechosos a unas tres cuadras del
comercio, minutos más tarde. Entre ellos se encontraban Gerardo y Miguel Giménez, todos
ellos respondían a la descripción que de los atracadores había hecho el damnificado. En
su poder se halló parte del dinero, así como una mochila donde guardaban un revólver
cromado similar al usado por los delincuentes y una pistola de plástico.
Tras el
interrogatorio de rigor en la Seccional 17a. los detenidos fueron derivados al juez penal
William Corujo. En la comisaría habían confesado la autoría del atraco y luego lo
hicieron en la sede judicial. Durante las actuaciones se estableció que el mismo grupo
había cometido otra rapiña en un bar ubicado en José Belloni 5483, cuatro días antes
del atraco al almacén.
No
obstante, más tarde los detenidos dijeron haber sido sometidos a apremios físicos y
morales por parte de los policías aprehensores.
EL
EXPEDIENTE. "La plena prueba de los hechos que se imputan está constituida en el
caso de ambas rapiñas, por la confesión presentada en sede judicial por los imputados,
así como por los demás elementos probatorios que se dirán: en cuanto a la retractación
de la confesión, la misma está fundamentada en elementos fácticos que no han sido
demostrados ante el juzgado: habría sido prestada en virtud de apremios físicos que son
descriptos como de tal envergadura que deberían dejar serias secuelas en el físico de
los imputados, en tal forma, que no deje margen de duda alguna; tales rastros de apremios
no han sido constatados en forma ni siquiera parcial o dubitable". El pasaje
corresponde al dictamen firmado por los miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal,
ministros José Bonavota, Eduardo Borges y Alfredo Gómez Tedeschi.
El
examen realizado por los juristas del caso previamente indagado por el juez William
Corujo, coincidió plenamente con el fallo de este último y desestimó los argumentos de
la defensa. En otro pasaje de la sentencia, el Tribunal expresa: "Tampoco puede
dudarse de la prueba suministrada por la Policía en cuanto a la detención y sus
circunstancias: a cuatro cuadras del lugar --como también confiesa Gerardo Giménez-- con
los efectos (res furtiva) en su poder o en las proximidades".
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