Crisis carcelaria ® El gobierno acelera aprobación de una ley para descongestionar los centros de reclusión. ® El 40% de los 5 mil presos estaría en condiciones de salida bajo vigilancia electrónica

Plan oficial de rejas abiertas

Con récord de población, sin dinero para más celdas y luego del motín, la alternativa es descongestionar cárceles

NEGOCIACION. El ministro Stirling en pleno motín. La gestión "evitó una catástrofe", según manifestó

RENZO ROSSELLO

Pulsera para presos

Encuesta sobre motines

La señal emitida por una pulsera digital alertará de inmediato cuando un recluso en salida transitoria esté fuera del lugar al que se le autorizó a salir. Lo mismo si se encuentra con otro recluso durante su salida. No tendrá forma de evitar el control, ya que si intenta quitarse la pulsera la alarma se activará en el máximo estado de alerta.

La utilización de este accesorio no es parte de una película futurista en rodaje, ni siquiera se trata de planes para la próxima década. El Ministerio del Interior viene acopiando información sobre el dispositivo electrónico con el objetivo de instalarlo en el sistema carcelario nacional. Dado que para ello se necesita un amparo legal, el diputado del Partido Colorado Jorge Barrera y el subsecretario del Interior, Daniel Borrelli, trabajan en la redacción de un proyecto de ley que, entre otras cosas, legisla sobre su implementación y sobre la creación de penas alternativas para delitos leves.

"El objetivo de este proyecto que nosotros impulsamos es descongestionar el sistema y dar garantías de que efectivamente se cumplen tanto las penas sustitutivas como las salidas transitorias", indicó el subsecretario Borrelli al explicar los alcances de la ley.

La reciente crisis carcelaria aceleró el análisis de alternativas frente un récord de población reclusa en la historia del país, sin considerar el período del gobierno de facto. Actualmente la población reclusa de todo el país se cifra en los 5.200 internos, según estimaciones hechas por el subsecretario del Interior un 40% de ellos son primarios o actores de delitos leves, por tanto pasibles de cumplir penas sustitutivas.

PULSERAS. El estallido del motín en Libertad tomó al subsecretario del Interior en viaje por España. Durante los cuatro días que duró la crisis el gobierno analizó todas las posibilidades de reubicación de los presos, por esta razón el presidente Jorge Batlle encomendó al doctor Borrelli la tarea de asesorarse con el sistema penitenciario español.

"En España las cárceles dependen del Ministerio del Interior, igual que en nuestro país, por esa razón fue muy provechoso el contacto con las autoridades españolas", explicó Borrelli.

En los últimos diez años el gobierno español creó unas veinte mil plazas penitenciarias con la construcción de diez nuevos complejos carcelarios en distintos puntos del país. Una empresa pública ­ el Sistema Estatal de Estructuras Penitenciarias ­ es la encargada del diseño y construcción de los recintos. Durante los contactos realizados por Borrelli los técnicos de la compañía estatal comprometieron su asesoramiento a Uruguay en materia de seguridad penitenciaria. Pero la experiencia que más llamó la atención al subsecretario para extrapolar a Uruguay fue el uso de pulseras digitales para controlar el movimiento de reclusos.

"Esta experiencia resulta muy interesante porque nos permitiría implementar el proyecto de penas alternativas a la prisión sobre el que venimos trabajando", explicó el jerarca.

El sistema es sencillo y consiste en que cada preso que se ve beneficiado de una salida transitoria o aquél que cumple una pena alternativa debe utilizar una muñequera con un dispositivo similar a un reloj digital, el que emite una señal telefónica captada por una central de monitoreo. Desde la central se puede chequear en cualquier momento si el recluso está, por ejemplo, en la casa de su familia adonde fue autorizado a salir. En el momento en que trasponga los límites de la casa una alarma se activará en el monitor central y un patrullero partirá en su busca inmediatamente.

"Si nosotros contáramos con ese sistema los propios jueces y las autoridades carcelarias darían con mayor tranquilidad más salidas transitorias", argumentó Borrelli.

"Otro aspecto importante es que con este método la libertad no está cuestionada y por otra parte hacemos cumplir el mandato judicial", agregó.

En España este sistema es arrendado a una empresa privada y tiene un costo "por preso y por día" que oscila entre los 4 y los 5 dólares. "Según me explicaron las propias autoridades, es lo mismo que gastan en alimentación y alojamiento para los reclusos, por lo que no significa ninguna carga para el sistema", indicó Borrelli.

Empero, el traslado de costos a Uruguay podría ser distinto. Por lo pronto el Ministerio del Interior comenzó a pedir información a una empresa israelita con sede en Buenos Aires que es la misma que provee el sistema a España. La firma especializada en seguridad electrónica también compite a precios más bajos que otras de origen europeo en tecnología de punta en seguridad.

"Los costos serían accesibles para nosotros, aunque todavía hay que estudiar las ofertas", advirtió Borrelli.

ALTERNATIVAS. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados analiza dos proyectos de ley sobre penas alternativas, cuyo trámite fue declarado prioritario por todos los sectores políticos para el ejercicio 2002. Un proyecto fue presentado por el diputado Daniel Díaz Maynard, del Encuentro Progresista y otro por el diputado Jorge Barrera, del Partido Colorado. Este último es el que recogió la aprobación del Ministerio del Interior como vía para mejorar el sistema carcelario.

"En realidad las únicas diferencias que tienen ambos proyectos es en cuanto al ámbito de aplicación, pero guardan total coincidencia en cuanto a las penas", explicó el diputado Barrera.

El proyecto de medidas alternativas redactado por Barrera, con algunas correcciones introducidas por el subsecretario Borrelli, así como operadores judiciales y del Patronato de Encarcelados y Liberados, está referido a delincuentes primarios y, específicamente, a aquellos que cometieron delitos leves.

"Las medidas alternativas a la pena de reclusión que se proponen, deberán establecerse atendiendo al delito imputado", apunta Barrera en su exposición de motivos. "Dichas medidas varían desde la prohibición de conducir vehículos, la prestación de servicios comunitarios, el arresto domiciliario, hasta el arresto nocturno", agrega. El proyecto prevé la inclusión de una figura novedosa en el Código Penal y es la "interdicción", es decir la prohibición al imputado de acudir a ciertos domicilios particulares o comerciales, circular por determinadas zonas o permanecer dentro de determinados límites territoriales. La ley facultaría al juez a hacer uso de estas medidas toda vez que juzgara a una persona sin antecedentes que cometiera delitos menores, o aún en el caso de lesiones o muerte por accidentes de tránsito.

A modo de ejemplo, el diputado Barrera indicó que las penas sustitutivas se vienen aplicando con éxito en España, Argentina, Alemania, Chile, Perú y desde fines de 1997 en Brasil. En Uruguay, algunos magistrados del interior de la república han comenzado a aplicar penas alternativas con trabajos comunitarios en casos que así lo ameritan.

AÑO SIN INVERSIONES

Habrá recorte de gastos por cárcel nueva

La construcción de la nueva cárcel en módulos de acero debería estar terminada antes de que avance el invierno. "La situación de los presos que quedan en Libertad es sumamente precaria, vamos a tratar de solucionar el problema antes del invierno", explicó el ministro Guillermo Stirling.

Durante esta semana el director nacional de Cárceles, Carlos De Avila, se encuentra en Estados Unidos visitando las fábricas de cárceles de acero para familiarizarse con el sistema. Luego de visitar las sedes de Alabama y New Jersey, De Avila regresará con un informe final que inclinará al Ministerio del Interior en favor de una u otra oferta.

"Esto supone para nosotros un enorme esfuerzo y resignar casi todos los gastos previstos en seguridad para este año", explicó Stirling. El costo de la cárcel metálica es de 4,3 millones de dólares, según las primeras ofertas hechas por las compañías estadounidenses. "Al volcar esta cantidad en la construcción de la cárcel no podremos adquirir más equipos de comunicación, de computación, armamento y, sobre todo, de vehículos que teníamos previstos para este año", acotó el ministro.

Otro rubro en el que la Secretaría de Estado no podrá invertir durante 2002 es en la refacción de varios locales de unidades policiales. A modo de ejemplo, el ministro Stirling citó el de la Seccional 23a., cuyo añoso recinto presenta acusados signos de deterioro edilicio.

De todas formas, el severo recorte presupuestal que supone la reasignación de fondos no afectará la cobertura de seguridad. "El servicio no se verá resentido, en esto quiero ser muy claro, la Policía hará un mayor esfuerzo pero se cumplirán todas las metas", indicó Stirling.

Opiniones críticas sobre la crisis

Seis de cada 10 montevideanos encuestados por la consultora Datos consideraron que el gobierno "debería haber actuado de otra manera" frente a la crisis generada por el motín en Libertad.

Al ser consultado sobre el muestreo de opinión, el ministro Guillermo Stirling indicó que "debemos pensar que si no hubiéramos negociado, la crisis pudo haber derivado en una verdadera masacre. Teníamos presos drogados, con rehenes, capaces de quitar la vida a los guardias. Si eso hubiera sucedido, estaríamos lamentando una catástrofe".

La pregunta en cuestión interrogó sobre la opinión de los encuestados acerca de si el gobierno hizo bien en negociar con los presos o debería haber actuado de otra manera.

En concreto, el 36% dijo que el gobierno estuvo correcto al negociar con los presos, mientras que el 59% consideró que debería haber actuado de otra manera. Entre los encuestados que se manifestaron votantes del Encuentro Progresista, el 65% criticó al gobierno, así como el 48% de los blancos y el 31% de los colorados.

La mayoría de los montevideanos también se mostró en desacuerdo con la posibilidad, ahora confirmada, de construir cárceles de acero prefabricadas. El 66% de los encuestados dijo que deberían ser los propios presos quienes reconstruyan las cárceles y sigan viviendo en ellas, mientras que el 16% optó por "otras medidas". Solo el 7% aprobó el proyecto de la cárcel de acero.

Por otra parte, más de la mitad de los encuestados (55%) dijo estar en desacuerdo con el traslado de los presos a la Tablada. Un 18% se manifestó a favor y el 16% prefirió no inclinarse por ninguna de las posiciones.

Datos también inquirió sobre la idoneidad de las cárceles uruguayas para rehabilitar a los presos. Una inmensa mayoría, nueve de cada 10 entrevistados, dijo que no sirven, una opinión que confirma la vertida hace dos años ante idéntica pregunta. En aquella oportunidad, el sondeo de opinión reveló índices semejantes, ubicándose en valores del 92 y 91 %, respectivamente. Además, sólo el 30% de los montevideanos se manifestó de acuerdo con que las cárceles estén en la órbita del Ministerio del Interior, mientras que un 46% dijo preferir que pasaran a ser manejadas por un "organismo independiente especializado en el tema". Sólo el 10% consideró que deberían estar bajo control del Ministerio de Educación, tal como sucedía antes de la década del 70.

La discriminación de la consulta en cuanto a las intenciones de voto reveló contrastes mayores entre los encuestados. Quienes declararon sus simpatías por el Encuentro Progresista opinaron en un 31% que el gobierno hizo bien en negociar, mientras que el 65% opinó lo contrario. Entre los adherentes del Partido Nacional el 52% apoyó la gestión gubernamental en la crisis carcelaria y el 48% se opuso. Los simpatizantes del Partido Colorado se pronunciaron enfáticamente en un 62% a favor de la gestión y un 31% discrepó.

Dentro de las simpatías políticas también fueron variadas las respuestas en relación a la nueva cárcel de acero, a la alternativa de que los propios presos reconstruyan la que destrozaron y en que deberían seguir viviendo en la misma cárcel.

DOS DE ELLOS YA FUERON RECAPTURADOS

Por un boquete fugaron seis presos en Colonia

COLONIA | PEDRO R. CLAVIJO

* En medio de la tormenta seis reclusos se fugaron a través de un boquete de la cárcel departamental. Si bien ninguno de los reclusos fue calificado como de alta seguridad, las fuerzas policiales han desplegado un vasto operativo en pos de su recaptura.

El subjefe de Policía, Julián Rodríguez, reconoció las carencias en materia de seguridad que presenta el establecimiento que actualmente cuenta con 116 reclusos y tiene capacidad para 70.

Los fugados fueron identificados como Silvio Silva Muñiz, "El Macaco"; Jorge Alejandro Vernengo Díaz, "Caco"; Fabián Leonardo Bilat Casco, "El Pirucha"; Fabián Almeida Chucarro, procedente de Soriano, Jorge Ramón Pereira Mallada y Carlos Leonardo Alvarada. Estos dos últimos fueron recapturados en la mañana de ayer cuando merodeaban la zona de San Pedro. La Policía realiza rastrillajes en varios puntos del departamento, así como en los principales empalmes carreteros.