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EL PAIS
22 de Marzo/2002


Crisis carcelaria .Los 16 presos que intentaron fugarse de La Tablada fueron reubicados en Libertad ."Van a vivir en las condiciones que ellos crearon", afirmó Stirling

"La sociedad está indignada"

El ministro del Interior reclamó de los organismos de Derechos Humanos que contemplen también los derechos de las víctimas de los delincuentes

El ministro del Interior, Guillermo Stirling reclamó a los organismos de Derechos Humanos la misma preocupación por las víctimas que la demostrada por los reclusos. "La inmensa mayoría de la sociedad uruguaya, al margen de ideologías políticas, religiosas o culturales, tiene un estado de indignación con la actitud de los reclusos que destruyeron el Penal de Libertad", señaló Stirling.

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DIALOGO. El ministro Stirling defendió la salida negociada del motín con rehenes ocurrido a principio de mes en el Penal de Libertad.

El secretario de Estado admitió que el sistema carcelario atraviesa por un momento de extrema complejidad, así como que las condiciones en las que están viviendo tanto los reclusos de Libertad como de La Tablada son sumamente precarias. Reconoció que las denuncias realizadas por el diputado Edgar Bellomo (Frente Amplio) de la Comisión de Derechos Humanos eran reales en cuanto a las duras cogndiciones de alojamiento en el ex correccional. "Pero no tenemos otra alternativa hasta que solucionemos el problema con la construcción de la nueva cárcel de módulos de acero", dijo.

El grupo de 16 presos de máxima seguridad que en la madrugada del miércoles pasado intentó una fuga masiva, fue restituido al Penal de Libertad. "Fueron sancionados y deberán permanecer entre los destrozos que ellos mismo causaron", dijo el ministro del Interior, "si hay desconocimiento de las reglas los reclusos tienen que saber que van a ser trasladados a Libertad".

Familiares de los presos del penal maragato visitaron ayer a Stirling en su despacho para reclamar la restitución de las visitas. "Intentamos explicarles que no es posible que haya visitas en La Tablada, puesto que no hay condiciones de seguridad ni para ellos, ni para los reclusos ni para los funcionarios como para normalizar el régimen", fue la respuesta del ministro.

PREOCUPACION. "Me parece bien que haya preocupación por los derechos humanos de los reclusos, pero también nosotros tenemos que contemplar a toda una sociedad, dentro de la cual están las víctimas de esas personas que han violado sus derechos humanos", declaró el ministro Guillermo Stirling.

"Hoy tenemos viudas de taxistas asesinados, viudas de comerciantes asesinados, personas que han quedado con traumas permanentes y a este grupo de personas no ha llegado la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos", expresó Stirling, "ninguna organización ha contemplado los derechos humanos de los funcionarios penitenciarios, gente que estuvo amenazada de muerte y como rehenes de motines en 1994, en 1999 y este último. No hay preocupación por saber cómo tratan los reclusos a estos guardias".

Asimismo, el ministro recordó que durante esta última crisis se apeló a la negociación y al diálogo, "si no lo hubiéramos hecho esto podría haber terminado en una catástrofe". En recientes sondeos de opinión realizados por El País a través de Consultora Datos, la ciudadanía se expresó en términos muy severos contra la actitud de los reclusos. Asimismo una opinión largamente mayoritaria se expresó en favor de que fueran los propios reclusos quienes reconstruyeran el penal que destrozaron durante el estallido de cuatro días.

ESTADO EXCEPCIONAL. La destrucción del Penal de Libertad generó un desequilibrio profundo en las cuentas del Ministerio del Interior. La secretaría estima que deberá volcar en forma íntegra todos sus rubros de inversión para este año sólo en la solución del problema carcelario.

"Reparar lo que destruyeron le cuesta dinero a toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que los nuevos gastos que se generan como consecuencia del motín tienen la finalidad especial de encontrar un sistema de reclusión que preserve a la sociedad de la posibilidad de fugas o nuevos motines".

Empero, la propia reasignación de gastos, señaló Stirling, ha comprometido las estrategias de rehabilitación como la emprendida en el ex hospital Musto.

"El Ministerio no ha sido omiso en materia de políticas de rehabilitación, al grado de haber impulsado desde la gestión del ministro Didier Opertti en adelante", puntualizó, "por otro lado hemos esbozado un anteproyecto de sistema carcelario fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Se ha propuesto la construcción de una cárcel que reuniría condiciones de máxima seguridad y permitiría desarrollar políticas de rehabilitación".

Empero, estos proyectos se ven comprometidos al emerger la crisis carcelaria. "Lo que tenemos que comprender es que estamos viviendo un estado excepcional dentro del sistema carcelario, a partir del motín que ha roto estructuras internas que hacen a la disciplina de un establecimiento y a su funcionamiento normal", agregó, "está afectado el funcionamiento de Libertad y de La Tablada, se está viviendo un estado de anormalidad, en el que los reclusos viven en condiciones precarias, no tienen posibilidades de visitas porque todo se ha trastocado".

Aunque los planes del Ministerio consisten en lograr que se construya la nueva prisión en Libertad antes del invierno, dado el alto riesgo de enfermedades al que quedan expuestos los reclusos en las actuales condiciones, los tiempos son muy escasos. "Vamos a analizar rápidamente las propuestas para iniciar cuanto antes la construcción de la cárcel", concluyó Stirling.

Una oferta uruguaya

* El ministro del Interior estudia una oferta realizada por un grupo de empresas nacionales para la construcción de la cárcel por módulos de acero en Libertad.

Fuentes del grupo empresarial uruguayo informaron a El País que su oferta es inferior a las firmas estadounidenses. La propuesta es de U$S 3.000.000, contra los 4,3 millones de dólares de las compañías americanas. Empero la cifra podría incrementarse debido a que las puertas y cierres de seguridad deberían importarse. Los constructores entregarán la prisión en un plazo de seis semanas. La obra supondrá unas 150.000 horas/hombre y generará 250 puestos de trabajo.


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