El decreto presidencial que
habilita a la guardia policial a abrir fuego en caso de intento de fuga o motín tomó de
sorpresa a todos. El titular de la Dirección Nacional de Cárceles, Carlos De Avila,
manifestó que se reunirá hoy con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, para
analizar la nueva situación.
"Acabo de llegar de Estados Unidos y estoy estudiando el tema", explicó De
Avila, quien negó haber participado de la discusión de la idea.
Hasta el momento la Policía sólo podía disparar en caso de legítima defensa. Con la
aplicación de la nueva norma podrá hacerlo sin que se configure esa situación.
El decreto, que entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial,
establece una serie de condiciones. En primer lugar los guardias deberán dar la voz de
alto y solicitar la identificación del recluso en voz alta y clara. De no acatarse el
llamado éste se repetirá y el paso siguiente será efectuar dos disparos al aire. En
caso de que ninguna de estas precauciones surja efecto, la Policía tendrá la potestad de
disparar a quien esté amotinado o en un intento de fuga, "a fines de su detección
efectiva", según adelantó a El País el presidente de la República en ejercicio,
Luis Hierro López.
Las opiniones con respecto a las consecuencias del decreto se clasifican en dos grandes
categorías: el rechazo y la cautela. Dentro de la comisión de Derechos Humanos de
Diputados que estudia las soluciones a la crisis carcelaria, Guillermo Chifflet, del
Encuentro Progresista, opinó que "abrir el gatillo fácil hará que la situación se
agrave", en tanto que Alberto Scavarelli, de Partido Colorado, señaló que no tenía
"ni la más pálida idea" del contenido del decreto.
Chifflet entendió que quien impulsa la nueva normativa "quiere tener la garantía de
que va a haber una masacre en caso de desórdenes. De esto serán responsables los que
firman el decreto".
El diputado socialista afirmó que la comisión que integra analiza las posibles
soluciones al tema de las cárceles y que esta medida "se nos ha adelantado".
Entendió, asimismo, que, tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio
Guillot, como el propio ministro Stirling, "pierden credibilidad frente a la opinión
pública, a pesar de que actuaron de buena fe, ya que no cumplieron con su palabra cuando
dijeron que no habría represalias".
Chifflet no cree, de todas maneras, que la medida afecte el trabajo de la comisión:
"A mí me ha disgustado mucho, pero no creo que condicione a la comisión, porque lo
trabajado hasta ahora por los legisladores de todos los partidos, da lugar a la
esperanza".
El legislador frentista entiende que el gobierno no tiene una posición monolítica en
este tema: "Me consta que el ministro Stirling tiene otra actitud".
El presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Ronald Herbert, entiende que el tema es
"dificilísimo", porque "en ningún caso se sabrá si se cumplieron todas
las condicionantes que especifica el decreto".
El especialista en derecho penal explicó que "utilizado racionalmente es una cosa
pero otra cosa es si se usa en forma irracional. Depende del grado de formación que tenga
la Policía". Herbert llegó a dar un ejemplo incómodo: "Se puede dar el caso
de que se prepare una fuga y una muerte".
El abogado concluyó: "Es preocupante. Yo leería ese decreto muchas veces antes de
dar mi opinión favorable".
MINISTRO EXPLICA. El titular de la cartera del Interior, Guillermo
Stirling explicó a El País que la intención del decreto es "equiparar a policías
con militares", en cuanto a sus potestades en el control de las cárceles.
"Hasta ahora la Policía solo podía disparar balines de goma", agregó.
Stirling afirmó que "Uruguay es el único país en América Latina que no dispone de
esta reglamentación" y explicó que la norma "responde a una situación de
emergencia" y está especialmente dirigida al establecimiento de La Tablada, que es
el único en Montevideo que no dispone de guardia perimetral del Ejército.
"Si las Fuerzas Armadas utilizaron sus potestades con criterio también lo pueden
hacer las fuerzas policiales", comentó el ministro con referencia a los posibles
abusos a los que se prestaría la nueva norma.
Stirling adelantó que los más de 300 policías que se ocupan de la vigilancia de las
cárceles recibirán instrucción especial, a través de los mandos de la Dirección
Nacional de Cárceles, sobre el modo en que deberán actuar ante la normativa. "Ya
tenemos un intento de fuga y no queremos que haya otro", señaló el ministro, y
adelantó que la norma no obedece a una discusión interna en la Policía sino a "una
lectura de la realidad".
De visita a la ciudad de Salto, el ministro había indicado que "hay una gran
preocupación por los derechos humanos de los delincuentes, incluso a nivel de la
comisión de Diputados, que trabaja en estrecha relación con nosotros, pero nadie se ha
preocupado de los derechos humanos de los funcionarios policiales que fueron retenidos en
los motines de 1994, de 1999 y de 2002, gente que ha quedado con traumas psiquiátricos
permanente, gente que ha quedado incapacitada para seguir desarrollando su actividad.
Nadie se ha preocupado de esos derechos humanos". |
