Los montevideanos y la
seguridad
Un motín con rehenes terminó por destruir el Penal de Libertad. Ha aumentado la
violencia de los delincuentes. Una sucesión de muertes violentas ocurridas en los
últimos días tensó la sensación de inseguridad. En consecuencia la Policía acentuó
los controles en las calles. El número de menores de edad que participan en delitos
violentos va en aumento. El panorama de la seguridad pública no es el mismo de hace
cuatro años, casi el tiempo que el escribano Guillermo Stirling lleva al frente del
Ministerio del Interior.
Stirling no puede ocultar su preocupación. Para peor, debe enfrentar la situación
aplicando severos recortes de gastos e invertir buena parte del dinero disponible en las
economías de su cartera para edificar una nueva cárcel de alta seguridad.
Además, el ministro Stirling tiene un frente interno complicado. En lo que va de este
año ya han sido procesados 48 policías, desde 1995 a la fecha han sido remitidos 652
funcionarios. Pero la mayor cantidad de policías procesados se registra a partir de 1999
y si la cantidad de remitidos entre enero y abril se proyecta al cierre del año 2002,
podría ser un año récord.
Pese a ello Stirling no cree que el fenómeno de la corrupción tenga el carácter de una
enfermedad incurable, ni que sea amenazante para la fuerza policial.
Con todos esos problemas sobre su mesa de trabajo, Stirling continúa siendo el ministro
con el índice de popularidad más alto del gabinete.
MAS VIOLENCIA. Durante este mes fue perceptible un
aumento de los delitos violentos, particularmente de las rapiñas. También se registraron
varios hechos de sangre, entre ellos el homicidio de un taxista y el del redactor
responsable de El Observador, cometido por atracadores. El Ministerio recomendó a la
Jefatura extremar medidas, controles permanentes, inspección de vehículos y peatones,
pedir documentos.
--¿Esto significa que se vaya a una política de seguridad más "dura", con
más énfasis en el control?
--Es una continuidad en la línea de trabajo, acentuando esa línea en mérito a la
característica del fenómeno delictivo que se está dando, que es la mayor violencia.
Entonces, en los últimos meses se nos han incrementado las rapiñas en determinados
sectores, por ejemplo en taxis y ómnibus. Rapiñas con especial violencia, al grado tal
de que fue muerto un taximetrista y heridos varios trabajadores. Rapiñas que obligaron a
la Policía a realizar centenares de controles noche a noche, sobre todo en lugares donde
las estadísticas demuestran que son más proclives a este tipo de delito. ¿Qué ha
traído aparejado esta mayor presencia? Una disminución en el sector más afectado por
estos delitos. Hoy sentimos una responsabilidad en el sentido de que trabajadores de una
rama especial como es el transporte, corren riesgos que no los corre ninguna otra
actividad, salvo la del policía.
--En estos días se habló de extender esos controles más allá de las zonas críticas, o
las llamadas zonas rojas, para incrementar la presencia policial en el resto de la
capital.
--Claro, porque el delincuente tiene la capacidad de ubicuidad, es decir se ubica en los
lugares donde tradicionalmente no hay tanta vigilancia porque tampoco tradicionalmente se
cometen delitos en esos lugares. ¿Quién va a pensar que a las tres de la tarde en
Pocitos se iba a asaltar a un taximetrista, o a las siete de la tarde en Malvín un
ómnibus? Sin embargo sucedieron, razón por la cual ya no es en determinadas zonas, sino
que hay que ir buscando el control en cualquier lugar. Se ha incrementado el pedido de
cédula, una forma de ir garantizándole a la inmensa mayoría de las personas que son las
víctimas de estos delincuentes que el cernidor cada día se afina más.
--¿Pero el Ministerio va a seguir buscando la aproximación de la Policía con la
comunidad?
--Se están incorporando nuevas modalidades, por ejemplo Policía de Proximidad. Esta
modalidad que tan buenas experiencias ha generado en España y que nosotros hemos tratado
de tomar un montón de aspectos que estamos aplicando en Uruguay. En la Policía de
Proximidad de Montevideo, el policía tiene una preparación especial, donde procuramos
que el funcionario sea accesible a los ciudadanos, que se interese, que esté en contacto
con los comerciantes, los directores de escuelas y liceos. Es decir con la sociedad viva y
que se constituya en un factor de referencia dentro del barrio. Que sus diez manzanas que
tiene para cubrir sean identificadas por el ciudadano. La experiencia que estamos
recibiendo hoy es que los ciudadanos están colaborando de una forma insólita, a traves
de informaciones permanentes.
--¿Hay entonces una combinación de dos grandes estrategias en materia de seguridad?
--Hoy lo que el ciudadano está reclamando, básicamente, es no seguir perdiendo calidad
de vida. Que mucha gente la ha ido perdiendo en aras de un avance de ciertos aspectos de
la delincuencia. Es tan conocido que nosotros vivimos enrejados y los delincuentes viven
en libertad, eso creo que es una apreciación que nosotros tenemos la obligación
institucional de revertir. Nuestro país se ha caracterizado por tener una modalidad,
todos los uruguayos tenemos un estilo de vida. Ese es el gran tema del Ministerio del
Interior, asegurar y presevar los derechos humanos de los ciudadanos.
MINORIDAD. El fenómeno de la minoridad infractora cobró especial relevancia en estos
meses, al aparecer como protagonistas de varios de los hechos delictivos más violentos.
La Policía ha criticado las escasas condiciones de seguridad con que Iname contiene a los
infractores.
--No parece haber un diálogo fluido entre las autoridades policiales y el Iname, que
tiene el cometido de la contención y el tratamiento de los infractores. ¿Qué medida se
puede tomar al respecto?
--Pero se ha iniciado el diálogo. En días pasados tuvimos una larga entrevista con el
presidente de Iname, Martín Marzano, otra directora de Iname, la doctora (Stella) López
ha estado en reuniones barriales y creemos que el tema minoridad pasa por una mayor
coordinación y continentación, mayores esfuerzos entre la Justicia de Menores, Iname y
nosotros. Es impensable que nosotros no tengamos esa actitud de tratar de encontrar campos
comunes para buscar la respuesta a un tema que realmente lo vivimos. El menor de la calle,
el consuetudinario infractor, donde tenemos que empezar a buscar fórmulas sancionatorias
no sólo para los menores. Para los menores las de reeducación, la que tiene que ser
sancionatoria es para los padres que son omisos en las obligaciones del cumplimiento del
ejercicio de la patria potestad.
--Hay un proyecto piloto que se está realizando en Las Piedras, con la participación de
Iname, Policía Comunitaria y Justicia, que precisamente procura sancionar la
responsabilidad de los padres de infractores. ¿Eso puede hacerse extensivo a Montevideo?
--Claro. Creo que tenemos que ir a sanciones, debería pensarse en la viabilidad de
sanciones económicas a los padres, más allá de lo que pueden ser las eventuales
pérdidas de sus derechos sobre el hijo, pero sanciones económicas sobre aquellos que son
omisos en forma absolutamente reiterada de las conductas y desviaciones de sus hijos.
--¿Esa medida se está discutiendo en algún ámbito?
--Nosotros lo estamos analizando a nivel interno del Ministerio.
CUPULA POLICIAL. La falta de respuesta de la
Policía ante el incremento de delitos ha motivado drásticas medidas, sobre todo en el
interior del país. La semana pasada en Salto el Ministerio del Interior dispuso la
remoción de toda la cúpula policial de esa jefatura. Poco tiempo atrás, y con el
argumento de que la Policía no estaba respondiendo adecuadamente en el combate al
contrabando, fue removido el jefe de Policía de Cerro Largo. En Montevideo se pidió a la
Jefatura extremar los controles y obtener más resultados en la recuperación de objetos
robados.
--¿Esto significa que el Ministerio se dispone a hacer relevos, es un llamado de
atención a los mandos policiales?
--Una primera precisión, el jefe Luis Burgos ya había adelantado hace mucho tiempo su
intención de renunciar, la reiteró en otra oportunidad. El sustituto Julián Rodríguez,
que tomó posesión hace unas semanas, no encontró una respuesta hacia la situación
delictiva que se estaba dando en la ciudad de Salto, básicamente. Mayor presencia,
mayores patrullajes, que la capacidad policial fuera más disuasiva con respecto al tema
delictivo. Recogía, en cierto aspecto, la inquietud que me había transmitido la
Asociación Comercial de Salto y algunos indicadores de que estabamos viviendo en esta
ciudad el inicio de una frecuencia delictiva preocupante. En estas semanas, evidentemente
que el jefe buscó una respuesta mayor, mayor presencia en la calle, más actitud de
prevención. Ha dispuesto estos relevos en función de buscar las personas con las cuales
él ha trabajado muchos años, buscando mayor eficiencia en el trabajo policial.
--¿Esta situación se puede plantear en otras jefaturas?
--Nosotros hacemos un seguimiento semanal de toda la evolución delictiva de las jefaturas
del país y evidentemente que estoy satisfecho con el trabajo que se viene haciendo en
todas las jefaturas. Las tasas delictivas en el interior son de un aumento muy bajo. No se
da la misma frecuencia en Montevideo, nosotros tenemos tasas delictivas que han ido
subiendo, pero más que en cantidad en calidad, con más violencia. Por ejemplo, a todos
ha impactado la muerte de un taximetrista, a todos ha impactado la muerte del doctor
Alfredo Iraola y eso yo creo que tiene una repercusión directa en la sensación de
inseguridad. En ese sentido, yo esta semana he hecho algunas reflexiones en cuanto a que
la Policía está trabajando, sobre todo en Montevideo donde se notan estos perfiles
delictivos preocupantes, está trabajando muy bien, hay mucha gente procesada.
--Sin embargo la gente sigue reclamando mayor presencia policial en la calle, actuando
contra la delincuencia.
--De acuerdo, pero una cosa muy importante son los resultados. Los últimos crímenes han
sido resueltos en pocos días. Sí creo que tenemos que tener más gente en la calle. Sí
creo que tenemos que tener mejor respuesta en cierto tipo de delitos. Es decir, han
existido desde hace unos años robos a farmacias, que es un robo bastante calificado,
porque las personas que entran y roban saben lo que están robando. Eso tiene que tener
una boca de salida. Sí creo que tenemos que tener una mayor contundencia en el recupero
de los automóviles robados. Sí creo que la Policía debe tener una mayor contudencia en
el recupero de los hurtos de casas de familia, que en eso es muy baja la tasa de recupero.
Y eso, para mí también es muy preocupante.
CORRUPCION. Los casos de corrupción han golpeado al
instituto policial en los últimos tiempos. Oficiales de alto rango y subalternos
involucrados en una red de abortistas, policías remitidos por cobro de coimas,
funcionarios involucrados en las redes del contrabando. Entre enero y abril ya han sido
procesados 48 policías por distintos delitos.
--El fenómeno de la corrupción policial ha aparecido con fuerza al conocerse varios
casos. ¿Más allá de los resultados de las distintas investigaciones, la corrupción se
puede estar transformando en una amenaza para el instituto policial?
--Lo que hay es una actitud por parte de los jerarcas policiales en limpiar la casa. Hay
una generalizada política por parte de todos los jerarcas de la Policía de no ocultar
ningún caso que se denuncie o se detecte de corrupción. Una clarísima actitud
política, digamos institucional, de parte mía en respaldar ese accionamiento que tienen
los jerarcas. Sería impensable generar esta acción de depuración de las filas
policiales si no exisitiera el respaldo, el apoyo, la voluntad y la firmeza de los
jerarcas de ir separando a aquellos funcionarios que son desleales. Yo diría que los
resultados más espectaculares de los últimos tiempos los protagonistas han sido la
propia Dirección de Inteligencia, los propios mandos de la Jefatura de Montevideo,
Interpol, donde se detectaron en las primeras instancias la eventual participación de
policías y se hicieron trabajos de verdadera inteligencia para poder ir desbrozando el
camino no sólo para encontrar a los policías, sino a quienes estaban involucrados en
actos delictivos.
--Al iniciar una investigación de este tipo seguramente se abre un panorama muy amplio de
la situación. ¿Qué percepción queda después de recorrer ese camino con respecto al
tema corrupción? ¿Es una enfermedad institucional que presente un cuadro muy agudo?
--Yo digo que no. Hago una lectura de nuestra realidad social y evidentemente que en todos
los ámbitos uno ve actos de corrupción. Yo creo que no hay ningún ámbito donde no se
vean actos de corrupción. Lo que sí manifiesto es que la organización policial quizás
es la más expuesta a la contaminación de la corrupción, porque es la que tiene que
convivir con el delincuente, el gran corruptor. Tiene que convivir con el contrabandista,
con el traficante de drogas, con el ladrón, con el gigoló, el que explota a las
prostitutas, tiene que convivir. Hay una relación diría permanente y en ese sentido, los
actos de corrpución, frente a los más de veinte mil funcionarios ejecutivos, son
relativamente pocos para el peligro de contaminación que tienen los funcionarios.
BALANCE PROVISIONAL. Stirling admite que algunos problemas relativos a la seguridad
pública son más graves ahora que al iniciarse como ministro del Interior. También le
preocupa la escasez de medios con que debe enfrentar el tema. A punto de cumplir cuatro
años de gestión, reflexionó sobre estos aspectos.
--¿Los problemas que tiene ahora son mayores que los que tenía cuando entró al
Ministerio del Interior?
--Son distintos. Algunos se han agudizado, también la falta de recursos del Ministerio
incide. Yo acepto a conciencia los recortes, porque no pienso en el Ministerio del
Interior, pienso en el país, en la necesidad que hay de que bajemos el déficit fiscal,
ya que eso va a tener una contribución directa a todo el entorno del país. En las
consideraciones de la categorización de las consultoras que califican el riesgo, el
incremento es importante en los últimos meses, por eso todos tenemos que hacer un gran
esfuerzo. Son necesarios estos esfuerzos que hacemos todos los ministros. Sin lugar a
dudas que repercute, cuando no se puede invertir. Pero no va a repercutir en lo esencial
del Ministerio que es en la parte operativa.
--¿No tiene la sensación de estar sentado en un polvorín?
--Sin duda. Por el tipo de actividad que es, no termina nunca. Yo no me voy el viernes,
cierro el despacho y lo reabro el lunes. Yo me voy el viernes y tanto el subsecretario
como toda la secretaría quedan con los teléfonos abiertos porque este es un trabajo de
24 horas al día, los siete días de la semana. Porque son las noticias, son los
imprevistos, son los pedidos, son las urgencias. Es tal el riesgo que se está corriendo
sobre temas tan delicados que son los que competen a nuestro Ministerio, que evidentemente
uno no puede estar inmunizado de todas las consecuencias que la conducta de alguno de los
27 mil funcionarios puede llegar a generar. Pero no puedo vivir tampoco pensando en eso,
estoy trabajando con mucha convicción.
La ETA, los agitadores y violentistas
* Hace una semana fue detenido en Bayona, Francia, un ciudadano vasco integrante de ETA
que estaba requerido por la muerte de 16 personas y varios atentados en España. El vasco
José María Zaldúa Corta vivió clandestinamente en Uruguay y su presencia fue
descubierta por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, cuyos datos
permitieron la captura internacional.
--¿Hay algún motivo por el que Uruguay sea un lugar apetecible como refugio para
terroristas que actúan en países lejanos?
--No son tantos los que están, me refiero a los ciudadanos vascos vinculados a esta
organización que han estado en el país. Sin lugar a dudas que Uruguay tiene una
política contra el terrorismo muy clara, muy dinámica. Uruguay participa totalmente de
aquellos conceptos de preservar la seguridad.
--Ligado a esto, pero en el plano netamente local, ¿el Ministerio del Interior entiende
que haya organizaciones radicales que estén preparando algún tipo de acción directa?
--Mas allá de que se sientan, de tiempo en tiempo, rumores de saqueos de supermercados
donde se toman todas las previsiones, donde se trata de neutralizar cualquier acción, no.
Hemos sido muy precisos con los jefes de Policía del país en cuanto a permitir sí las
manifestaciones gremiales, pero no permitir que se transgredan normas constitucionales
como es el corte de caminos, es decir la libertad de circulación de los ciudadanos. Sin
embargo hubo expresiones de sectores radicales. Se han expresado, se han manifestado, por
lo tanto no podemos caer en la ingenuidad de decir esto no puede pasar. Tenemos que estar
atentos a que pueda haber un sector de estos grupos que en algún momento quiera impulsar
soluciones violentistas.
ENCUESTA | Sin distinción de ideología, edad y estudios, 8 de cada 10 quieren
mayor control
Montevideanos reclaman "mano dura" a la Policía
Ocho de cada diez montevideanos dicen estar de acuerdo con que la Policía desarrolle
operaciones masivas de control callejero tanto durante el día como la noche, de acuerdo a
un sondeo desarrollado esta semana por Consultora Datos.
El 84 por ciento de los capitalinos creen que está bien que las fuerzas del orden
público solicitan cédula a los ciudadanos en la calle, según la encuesta desarrollada
entre el 24 y 26 de abril en base a 350 personas consultadas.
El planteamiento que realiza el Ministerio del Interior a la Jefatura de Policía en estos
días tiene amplio consenso ciudadano: el 93 por ciento considera que los operativos deben
ser a toda hora y en varias zonas a la vez.
El informe de Consultora Datos comenta a partir de las respuestas de los capitalinos que
existe "necesidad de mayor control social", o "dicho de otra manera,
aplicar la mano dura". Aunque sin embargo, el planteo contiene una contradicción:
mientras se pide más guardia, casi la mitad de los montevideanos (47%) piensa que la
Policía "no está preparada" para enfrentar el desafío.
Los montevideanos inclusive van más allá en su afirmación: ante la pregunta
específica, un 67 por ciento de los consultados (casi siete de cada diez) dice
"tener poca confianza" en los uniformados.
Como medidas de apoyo, los montevideanos creen que una ley seca no vendría mal. Tres de
cada cuatro capitalinos (76%) considera que prohibir el consumo de alcohol en la vía
pública mejoraría sensiblemente los problemas de seguridad ciudadana.
Las libertades individuales que podrían verse afectadas por el mayor control policial no
parece preocupar a la ciudadanía, a la luz de los últimos índices delictivos. Ante la
pregunta de Consultora Datos, seis de cada diez capitalinos (61%) afirman que el pedido de
cédulas en la calle y otros operativos de seguridad no afectarán "en nada"
esas libertades. El 36 por ciento admite que esta política sí limitará "un
poco" el libre movimiento de las personas.
Las mujeres son más fervorosas en el pedido de mayor control policial: el 95 por ciento
dijeron que sí, en tanto el 90 por ciento de los hombres coincidieron con esta postura.
Ante la misma pregunta, otra sorpresa: son los menores de 29 años quienes más solicitan
a los agentes en las calles: el 95% de ellos están de acuerdo con el plan, superando por
poco margen a otras franjas etarias.
El 81 por ciento de los menores de 29 años está de acuerdo en que la Policía solicite
la cédula a los transeúntes. Sólo los mayores de 50 años superan en proporción este
reclamo: 95 por ciento afirma que está bien incluir esta operativa en los controles
diarios de seguridad. En esta franja de consulta, los universitarios son más reticentes,
aunque son mayoritariamente favorables a la medida. El 73 por ciento contestó
afirmativamente a la exigencia de cédula a los ciudadanos.
CARCELES
Una crisis provocada por agentes violentistas
* El sistema penitenciario llegó al clímax de su crisis el primero de marzo pasado,
cuando los reclusos del Penal de Libertad protagonizaron un violento motín que destruyó
el establecimiento. La cantidad de 5.615 reclusos en todo el país marca una cifra récord
en materia de población reclusa. Lejos de disminuir, la agitación se mantiene en el
penal de máxima seguridad donde se han producido cuatro muertes por ajustes de cuentas.
Unos veinte internos han pedido protección a las autoridades porque están bajo amenazas
de muerte. También se investiga a nivel judicial el pago de coimas a funcionarios para
favorecer traslados.
--¿Qué diagnóstico hace el ministro del Interior en este momento del sistema
carcelario?
--Creo que lamentablemente, todo lo que estamos viviendo lo fuimos denunciando en los
últimos tres años, conjuntamente con las autoridades carcelarias. Y no era que había
que ser un gurú para poder anunciar cuál podía ser la evolución del sistema
carcelario. Lo que se denunciaba hace tres años y lo que está ocurriendo ahora, es la
correspondencia por la ley de los hechos. Naturalmente, teníamos que terminar como
terminamos. Además de la superpoblación carcelaria, yo creo que en esta instancia hubo
factores detonantes que sí los podemos vincular a esas minorías violentistas que tienen
incidencia, porque lo han declarado, porque lo han escrito, que el Penal de Libertad es
una expresión de la dictadura por lo tanto hay que destruirlo tantas veces sea necesario.
Acá se habla de luchadores sociales que están detenidos, han pintado muchas paredes,
frente a mi casa una de ellas, dos ciudadanos suecos luchadores sociales. Libertad para
ellos, cuando son simples rapiñeros, para la Justicia, no para la Policía. Rapiñeros
que han sido sentenciados por un juez y fue confirmada la sentencia por un tribunal de
apelaciones. Se está invocando que son luchadores sociales, se ha difundido en el mundo
de que acá la Justicia está cometiendo una gran injusticia.
--¿A usted le molesta ver esas pintadas cuando sale de su casa?
--No, para nada. Ese tipo de violentismo es el germen que se va inoculando en una sociedad
para generar más violencia. Por eso sí tenemos que decirlo, como lo he dicho de este
ciudadano uruguayo que tuvo sus hijos en Suecia. El pertenece a un grupo anarquista, grupo
que está legalmente permitido, pero que tiene una concepción de vida totalmente distinta
a la nuestra. Y por eso está propiciando la destrucción del penal de Libertad. Con esos
extremismos sí tenemos que ser muy firmes, muy firmes.
--¿Cómo administra el Ministerio ese equilibrio entre una situación carcelaria interna
tan complicada y los sectores que operan desde afuera en esa crisis?
--Yo creo que son sectores minoritarios, pero que tuvieron la capacidad en el nacimiento
del motín de colectivizar la causa. Y bueno, terminó como terminó. Pero también los
presos están viviendo en las condiciones que ellos crearon. En eso el Ministerio ha sido
inflexible, porque nosotros le transmitimos a la población carcelaria que no se podía
redistribuirlos en todo el país, por la nefasta experiencia que en 1994 se había vivido.
Hoy viviendo esa situación, lamentablemente están pagando las consecuencias de ese
hacinamiento donde se han cometido, casi con total certeza, ajustes de cuentas en cuatro
de los ahorcamientos. Donde han aparecido elementos en las requisas que seguramente han
sido utilizados para llevar a cabo estos actos. |
