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28 de Mayo de 2003
by Amnistía Internacional - Wednesday May 28, 2003
at 08:29 PM
Resúmenes del Informe mundial 2003 de Amnistía Internacional
AMERICA
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Datos más destacados del Informe 2003 de Amnistía Internacional,
que abarca el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre del 2002
A lo largo del pasado año hubo una ofensiva general para impulsar medidas de seguridad
nacional en el contexto de la "guerra contra el terrorismo", a menudo a costa de
los derechos humanos. El clima internacional ha amenazado la protección de los derechos
humanos en la región de varias formas.
Estados Unidos siguió negando derechos consagrados por la legislación internacional a
las personas detenidas en el contexto de la "guerra contra el terrorismo". Se
mantuvo recluidas a miles de personas detenidas durante la guerra de Afganistán en
violación del derecho internacional humanitario. Más de 600 personas continuaron
privadas de libertad en la base naval estadounidense Camp X-Ray, en la bahía de
Guantánamo, Cuba, donde permanecieron recluidas sin cargos ni asistencia letrada. Estados
Unidos se negó a reconocerlos como prisioneros de guerra o a concederles otros derechos
incluidos en la legislación internacional. Las condiciones imperantes en Camp X-Ray, y
posteriormente en Camp Delta, suscitaron honda preocupación. Las fuerzas estadounidenses
también recluyeron a centenares de detenidos en Afganistán o en lugares sin revelar.
Muchos de los 1.200 ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos durante las
investigaciones llevadas a cabo sobre el 11 de septiembre del 2001, en su mayoría hombres
musulmanes de origen árabe o del sur de Asia, también siguieron privados de las
garantías consagradas en el derecho internacional. Al concluir el año, la mayoría de
los detenidos durante las operaciones iniciales habían sido expulsados de Estados Unidos,
algunos a países donde se temía que estuvieran en peligro de sufrir tortura, o habían
sido excarcelados o acusados de delitos que nada tenían que ver con el
"terrorismo".
Las medidas de seguridad promulgadas por el nuevo gobierno de Álvaro Uribe Vélez
exacerbaron el ciclo creciente de violencia política en Colombia. La ruptura de las
conversaciones de paz en febrero entre el gobierno y el principal grupo armado de
oposición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), intensificaron la
crisis de derechos humanos. La población civil siguió siendo la principal víctima de
las violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por el ejército, con sus aliados
paramilitares, como por los grupos armados de oposición. Los datos estadísticos del año
son escalofriantes: más de 500 personas "desaparecidas", más de 4.000 civiles
muertos por motivos políticos, más de 350.000 personas desplazadas en los nueve primeros
meses del año y más de 2.700 secuestradas por grupos de la guerrilla o fuerzas
paramilitares. Por su parte, el gobierno aumentó la implicación de la población civil
en el conflicto mediante la creación de una red de un millón de informantes que se
espera que colaboren con las fuerzas de seguridad.
La legislación "antiterrorista" amenazó con socavar la protección dispensada
a los derechos humanos en Guyana y Paraguay, mientras que la legislación antiterrorista
de Perú siguió negando a las personas que fueran juzgadas con las garantías debidas. En
Canadá aumentó el temor a que las personas acusadas de apoyar a los grupos armados
islámicos estuvieran en peligro de ser deportadas a países donde podían ser torturadas.
Siguieron registrándose casos de tortura y malos tratos infligidos por las fuerzas de
seguridad y los guardias penitenciarios en al menos 20 países de la región, entre ellos
Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y
Venezuela. En países como Brasil, Ecuador y México, la tortura a los detenidos y presos
siguió siendo una práctica generalizada. En México, según los informes, varios
detenidos murieron como resultado de tortura, mientras que en Paraguay un menor de 12
años denunció que dos agentes de policía lo habían torturado con una picana
eléctrica.
En al menos 13 países siguieron registrándose homicidios ilegítimos y uso excesivo de
medio letales, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Guyana, Haití y Paraguay. Agentes
de la policía militar y civil de Brasil fueron una vez más responsables de la muerte de
miles de personas en todo el país (sólo en el estado de São Paulo la policía acabó
con la vida de 703 personas) y, según informes, los escuadrones de la muerte siguieron
actuando en connivencia con la policía. El compromiso manifestado por el gobierno de
Honduras de investigar la muerte de niños no logró impedir el aumento de los homicidios
en el 2002, algunos en circunstancias que sugerían que habían sido ejecuciones
extrajudiciales. En Jamaica, la policía mató al menos a 133 personas, a muchas
aparentemente de forma ilícita. En Argentina, la policía mató a manifestantes y en
Venezuela se recibieron numerosos informes de homicidios policiales en varios estados.
Mientras, en Estados Unidos, al menos tres personas murieron tras ser alcanzadas por armas
táser M-26, pistolas paralizantes de alto voltaje que disparan dardos y son utilizadas
por un número cada vez mayor de cuerpos policiales estadounidenses.
Al igual que en años anteriores, los paramilitares que actuaban en connivencia con las
fuerzas de seguridad de Colombia fueron responsables de la inmensa mayoría de las
"desapariciones", mientras que también se recibieron denuncias de este tipo de
hechos en Guatemala y México. En lo que constituye un fenómeno preocupante, se
recibieron varios informes de "desapariciones" en Haití, mientras que en el
conjunto de la región, miles de familias seguían padeciendo la tortura diaria de ignorar
la suerte corrida por sus seres queridos que habían "desaparecido" en años
anteriores.
Los abusos contra los derechos humanos contra los pueblos indígenas y los activistas
rurales aumentaron considerablemente en toda la región. En Brasil, los ataques y
homicidios sufridos por las poblaciones indígenas se debieron principalmente a su lucha
por la tierra. La situación de los derechos humanos siguió deteriorándose en Guatemala,
y entre las principales víctimas estaban los activistas agrarios. Mientras, en México y
en Argentina, las comunidades indígenas siguieron sufriendo violencia y marginación.
Por toda la región, pero especialmente en países como Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Brasil, Haití, Honduras y Nicaragua, los defensores de los derechos humanos y
otros sectores como sindicalistas, periodistas y abogados, siguieron sufriendo amenazas,
agresiones y muerte. En Colombia, más de 170 sindicalistas murieron a lo largo del año
y, en México, siguió sin resolverse el homicidio de Digna Ochoa, la abogada de derechos
humanos asesinada en el 2001.
Estados Unidos volvió a ser el único país de todo el continente donde se llevaron a
cabo ejecuciones. Al concluir el 2002, 71 personas habían sido ejecutadas, 33 de ellas
sólo en Texas. Según los datos disponibles, Estados Unidos era el único país del mundo
del que había constancia que había llevado a cabo ejecuciones de menores. En el lado
positivo cabe mencionar que la Corte Suprema de Estados Unidos falló que la ejecución de
personas con retraso mental era inconstitucional.
Se recibieron informes de duras condiciones penitenciarias en toda la región en países
como Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, Perú y Uruguay, y de
casos de muertes bajo custodia en Brasil y Estados Unidos. En Perú continuaron
encarceladas muchas personas consideradas presos de conciencia por AI, y en Cuba se
llevaron a cabo más detenciones de personas consideradas presos de conciencia, lo que
mostró claramente que las autoridades seguían utilizando medidas severas para reprimir
la disidencia.
La falta de investigaciones eficaces sobre la violencia ayudó a perpetuar el clima de
impunidad en países como Colombia y Venezuela. Mientras, en Guatemala, el hecho de que no
se hubiera hecho justicia para las víctimas de las violaciones derechos humanos cometidas
en el curso del conflicto que durante 30 años padeció el país sirvió para prolongar la
impunidad.
Con este telón de fondo, se produjeron algunos avances en la lucha contra la impunidad.
En Chile, si bien cesaron las actuaciones procesales contra Augusto Pinochet, prosiguieron
otras investigaciones de violaciones de derechos humanos. En Argentina, un juez federal
ordenó la detención preventiva del ex general Leopoldo Fortunato Galtieri y de otros 25
ex miembros de las fuerzas armadas y ordenó el embargo de sus bienes. Fueron acusados de
ser responsables del secuestro, privación ilegal de libertad, tormentos, desaparición
forzada y homicidio de 20 miembros del grupo armado Montoneros en 1978 y 1980. En su
resolución, el juez Claudio Bonadio manifestó que las Leyes de Punto Final y de
Obediencia Debida, dos leyes que obstaculizaron las investigaciones judiciales sobre miles
de "desapariciones" llevadas a cabo a fines de los setenta y principios de los
ochenta, eran inconstitucionales y nulas. En Uruguay, un ex ministro de Relaciones
Exteriores fue acusado del delito de "privación de libertad" en la persona de
Elena Quinteros Almeida, que "desapareció" en 1976 cuando la sacaron a la
fuerza de la embajada venezolana en Uruguay, donde había buscado refugio. Era la primera
vez que se detenía a alguien por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el
régimen militar.
Violaciones de derechos humanos en América detalladas
en el Informe 2003
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y HOMICIDIOS ILEGÍTIMOS
Hubo ejecuciones extrajudiciales, posibles o confirmadas, en 9 países: Argentina, Brasil,
Colombia, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Venezuela.
"DESAPARICIONES"
Agentes estatales hicieron "desaparecer" a personas en 12 países: Argentina,
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay.
TORTURA Y MALOS TRATOS
Según los informes, las fuerzas de seguridad, la policía u otras autoridades hicieron
uso de la tortura o los malos tratos en 20 países: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica,
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y
Venezuela.
PRESOS DE CONCIENCIA
En 2 países había presos de conciencia o personas que podían serlo: Cuba y Perú.
DETENCIÓN SIN CARGOS NI JUICIO
Se dieron casos de detención arbitraria o de detención sin cargos ni juicio en 7
países: Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela.
PENA DE MUERTE
Se dictaron penas de muerte en 7 países: Bahamas, Cuba, Estados Unidos, Granada, Guyana,
Jamaica y Santa Lucía; se llevaron a cabo ejecuciones en un solo país: Estados Unidos.
ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS DE LA OPOSICIÓN
Los grupos armados de oposición cometieron graves abusos contra los derechos humanos,
como homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, torturas y toma de rehenes en un
país: Colombia. |
Puedes acceder al sitio de Amnistía Internacional en:
http://www.amnistiauruguay.org.uy/
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