Antes del epílogo, desbordadas por
la situación, las autoridades del Ministerio del Interior debieron solicitar apoyo al
Ministerio de Defensa que, cuando faltaban quince minutos para las 19 horas, hizo ingresar
al predio del Penal de Libertad al menos siete tanquetas ocupadas por soldados con el fin
de reforzar el perímetro externo y evitar una eventual fuga masiva.
Los militares permanecieron toda la noche en el
lugar ante eventuales rebrotes de violencia. A pocos meses de cumplirse tres años del
motín liderado por el delincuente conocido como "El Rambo", un nuevo alzamiento
se registró en la cárcel de máxima seguridad del departamento maragato. En esta
oportunidad Rambo no participó, al encontrarse desde hace varios meses en un sector
aislado del resto de los internos.
Fue sobre el mediodía que trascendió que la
situación en el establecimiento había quedado en control de los presos, cuya cantidad
aproximada ronda los seiscientos.
Los motivos para el motín se encuentran en los
mismos reclamos que los internos arrastran desde varios años: superpoblación, malos
tratos, falta de condenas, de atención médica, etcétera.
En comunicación con los medios los propios reclusos
explicaron algunos de los motivos. Uno de ellos dijo: "Estamos en son de paz, vio.
Estamos rompiendo todo porque acá no se puede estar. No estamos matando a nadie".
Las negociaciones para destrabar la situación
fueron asumidas por el ministro del Interior, Guillermo Stirling, y el presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, quienes se presentaron en el penal junto a
diputados de la Comisión de Derechos Humanos.
A la luz de los hechos, los intentos por controlar
la situación no dieron los resultados en el tiempo esperado. Sobre las 19 y 15 una fuerte
explosión se escuchó dentro del celdario, marcando entonces sí el principio del fin.
Las primeras informaciones indicaron que se trató
de un explosivo empleado por los grupos de choque para avanzar sobre las posiciones de los
presos, que llegaron a dominar todo el complejo.
Los datos indicaban, al cierre de la presente
edición, que el Penal de Libertad fue nuevamente destruido por completo y quemada gran
parte de las estructuras y materiales combustibles, cuando aún no habían terminado las
reparaciones necesarias tras el conflicto de junio de 1999.
En su momento, y ante las amenazas de nuevos
motines, el ministro y el subsecretario de la cartera habían asegurado que si rompían el
establecimiento los internos deberían dormir en carpas.
Heridos
Sobre el mediodía, y aparentemente haciendo uso de
armas de fuego propias o cortes de fabricación casera, un grupo de reos logró dominar a
un guardia y a partir de ese momento continuaron con la toma de funcionarios como rehenes.
Algunas fuentes manejaban un total de diez y otras
afirmaban ser menos. Lo cierto es que la tensión y el nerviosismo se instalaron en los
alrededores del centro de reclusión, que convocó a periodistas y familiares de los
amotinados.
Estos reclamaron que la salida a la crisis no fuera
mediante el uso de violencia, pedido que contrastaba con las imágenes que se apreciaban
sobre el movimiento de efectivos, vehículos y armamento.
Las fuerzas de choque intentaron en varias
oportunidades hacerse con el control de la situación, pero no lo consiguieron. El acceso
a la información durante la pasada jornada se vio dificultado por el hermetismo de las
autoridades. La posibilidad de que hubiera heridos se manejó durante toda la jornada,
pero en ningún momento se vio salir a algún policía o preso con lesiones para ser
trasladado a algún centro asistencial.
Al terminar el motín se supo que no había secuelas
humanas que lamentar. Finalmente el desenlace se dio cuando los canales de televisión
ingresaron para filmar las negociaciones de los reclusos con las autoridades, requisito
puesto por los primeros.
Si bien la violencia dominó la jornada, el epílogo
llegó sin el uso de la violencia extrema. De acuerdo con lo informado por el presidente
de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, junto al ministro Guillermo Stirling y
el diputado Guillermo Chiflet, encabezaron las negociaciones.
Por parte de los presos, Mario Soria, procesado por
varios homicidios, fue la voz cantante de los amotinados. "Cumplimos con el agua y
con el ingreso de los canales, ahora cumplan ustedes", dijo Guillot al inicio de las
conversaciones.
El alto magistrado hacía referencia a la
liberación de los policías que a esa altura todavía estaban en poder de los rebeldes.
Eran entonces poco más de las 20 horas y entonces los cinco guardiacárceles que aún
estaban privados de su libertad comenzaron a salir.
El primero de ellos, visiblemente cansado y tenso,
declaró que "todos están bien", ratificando que no había que lamentar heridos
de consideración entre los rehenes.
Si bien al cierre de la presente edición no estaban
claros los puntos acordados entre ambas partes, se supo sí que los presos recibieron la
promesa de que no habría represión como represalia tras este hecho.
También se dijo que los presos deberán permanecer
en ese centro de reclusión ante la falta de espacios para albergarlos en otros penales.
Las autoridades explicaron que el gobierno
adjudicará en estos días la construcción del nuevo centro de reclusión, que en un
plazo de entre dos y tres años podrá albergar a unos 600 presos. Sin embargo, Guillot
anunció que se formará en los próximos días una comisión que analizará caso por caso
para intentar la reinserción en otras cárceles, en un plazo no definido. Si bien sobre
las 21 horas la situación comenzaba a estar en control de los funcionarios carcelarios,
hasta la medianoche estuvieron presentes en el establecimiento altas autoridades para
garantizar el cumplimiento de los puntos acordados. * |
