LA
REPUBLICA
9 de Agosto de 2002
Comisión Tripartita dio a conocer el informe iniciado tras el
motín de marzo
Presentaron las "soluciones" para el sistema carcelario
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"Mantener las cárceles
como en las últimas décadas resulta, en los hechos, un atentado contra la seguridad
pública, y un estado de violación de derechos humanos que desprestigia al país y
desvirtúa la democracia", señala el informe final del grupo tripartito de trabajo
para el mejoramiento del sistema carcelario.
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Representantes de los tres sectores que integran la tripartita
dieron a conocer el informe.
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En la tarde de ayer el grupo, compuesto por representantes del
Poder Ejecutivo, de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos de
la Cámara de Representantes, presentó el informe final de su actuación. A grandes
rasgos se trata de las mismas iniciativas que luego del motín de 1999 se plantearon y
nunca fueron implementadas.
Los principales capítulos de la temática analizada fueron la superpoblación carcelaria
teniendo en cuenta que en la mayoría de los establecimientos ha determinado "graves
problemas de hacinamiento que aumentan los focos de tensión y obstaculizan posibilidades
de distribución y atención de los internos, multiplicando, además, riesgos para la
salud".
En cuanto a los problemas de salud se destaca "el hacinamiento, la falta de higiene
ambiental y personal, la carencia de respuestas inmediatas a las solicitudes de asistencia
reclamadas por internos o sus familiares, insuficiencia y falta de medicamentos, y
problemas de alimentación".
En tal sentido el grupo recomienda un relevamiento sanitario ambiental de toda la
población carcelaria para lo cual requiere de "la conformación de un equipo
integrado por técnicos de los Ministerios de Salud Pública e Interior, establecer las
medidas de seguridad que correspondan para garantizar el desarrollo del trabajo médico,
organizar la ubicación transitoria, durante la inspección médica de los internos
alojados en los Establecimientos, e informar a la población reclusa de los objetivos del
trabajo".
El fin de esta acción es la "evaluación del estado de salud de cada interno,
detectar el desarrollo de patologías, derivar los enfermos a los especialistas que
correspondan, concretar la internación en los casos que lo ameriten y establecer una base
de datos clínicos".
Por otro lado, se destaca que hay reclusos que desconocen hasta el nombre de su abogado
defensor o la etapa en que se encuentra el expediente.
Por tal motivo, se considera esencial informarles con toda claridad cuáles son sus
derechos en materia jurídica y cuáles las vías a seguir para tener la información
necesaria sobre el estado de la causa.
El grupo también acordó recomendaciones para el desarrollo de tareas laborales,
educativas, recreativas, y de ocupación del tiempo libre, que permitan "evitar el
ocio compulsivo, abrir caminos hacia la futura inserción social de los internos y tender
a la producción necesaria para el autoabastecimiento de los establecimientos
penitenciarios". Proponen para los reclusos trabajo de la tierra, preparación en
oficios y campo de recría.
Sobre la educación formal se propone que "el funcionamiento de las escuelas y la
acreditación del aprendizaje deberán ser verificados de manera sistemática; como
mínimo dos veces por año o a solicitud de la Dirección de Educación en cualquier
momento".
La agrupación considera que "no ha existido una organización sistemática de
actividades recreativas y de educación física que permitan la utilización del tiempo
libre".
En cuanto a los problemas de comunicación de la población carcelaria se entiende que
"la falta de información de las personas que están en los establecimientos
carcelarios y su imposibilidad de contar con las vías para hacer llegar sus denuncias,
propuestas, sugerencias, pedidos e iniciativas, ha incidido en el agravamiento de las
tensiones que culminan, periódicamente, en conflictos o estallidos".
Con esa finalidad se "les proporcionó un número telefónico y se informó a los
directores de los establecimientos que debían facilitar la comunicación". Sobre el
trato a familiares y visitantes, proponen tomar medidas para que el mismo sea respetuoso.
De los análisis del grupo tripartito surge la necesidad de que se apruebe el proyecto de
Procurador Parlamentario para el Sistema Carcelario que se encuentra en el Senado y contar
con un proyecto de penas alternativas.
Asimismo, se destaca la necesidad de que se vayan construyendo lugares de reclusión para
pocas personas.
Finalmente, el grupo estima necesario priorizar tres niveles de acción: "La puesta
en marcha en forma inmediata de soluciones en los temas de salud, hábitat y hacinamiento.
La preparación de programas y acciones tendientes a una mejor distribución de la
población carcelaria". Asimismo se considera insoslayable "la organización
progresiva del trabajo, así como la atención inmediata de los mecanismos de
comunicación y visitas familiares". * |
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