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LA REPUBLICA
11 de Setiembre de 2002


Profesionales coincidieron en el diagnóstico y en críticas "a la Justicia de ricos y de pobres"

Los saqueos fueron el reflejo de la violencia del hambre y la angustia

Profesionales del Derecho y la Psicología consideran que los saqueos ocurridos a comienzos de agosto en Montevideo son un emergente de la situación sociopolítica que atraviesa el país, producto de una violencia latente por el hambre y la angustia social. Destacando que el miedo fue uno de los ingredientes que se introdujeron desde el poder, hubo coincidencia en la injusticia e ineficacia del sistema penal que no trata igual a ricos y pobres. saque.gif (57125 bytes)

Los saqueos de principios de agosto fueron analizados en una mesa redonda en Facultad de Psicología.

Más allá del mero ejercicio del derecho a la protesta, las ocupaciones estudiantiles se han transformado en ámbitos propicios para el encuentro y la reflexión sobre diferentes asuntos que van marcando pautas de la sociedad actual.

Uno de los centros de estudios que viene realizando diversas actividades es la Facultad de Psicología, cuya Cátedra Libre de Psicología Jurídica convocó a una mesa redonda a propósito de los saqueos producidos el 1º y 2 de agosto, además de los "rumores" del día después.

La doctora Ana María Araújo, socióloga y docente de Facultad de Psicología planteó que los saqueos "fueron un emergente no sólo social sino también político". Estableció un paralelismo entre los hechos y "una película de ciencia ficción, donde está la ciudad del bien y la ciudad del mal. De la ciudad del mal arriban las hordas salvajes a desposeernos, a atacarnos. Pero esas hordas nunca aparecieron. Sin embargo sí aparecieron los desfalcos de los bancos, los seudo-corralitos y la situación financiera, económica y social del país".

Araújo dijo que "cuando uno vivió lo que vivió no puede menos que hacer una comparación entre una dictadura cívico-militar y una dictadura financiera, que al igual que la primera goza de impunidad". Señaló que los saqueadores "son un emergente de una violencia no dicha, pero latente, de hambre, sufrimiento social y psíquico, angustia y de amenaza de pérdida de trabajo.
Los uruguayos que todavía estamos acá tenemos una sensación de abandono".

La profesional dijo que en nuestro país "existe una justicia de los pobres y una justicia de los ricos, la ley de los pobres y la ley de los ricos".

Según Araújo "una de las armas del neoliberalismo es provocar que nos veamos a nosotros como competidores, ver al otro como amenazante porque me puede sacar el trabajo o conseguirlo antes que yo". Para la socióloga, "la ciudad está dividida, los espacios sociales no nos pertenecen más y en la medida que esta situación continúe, vamos a ir viendo cómo la gente pone cada vez más cercas y vigilancia. Eso está provocado por el miedo al otro, al pobre, al niño que pide en la calle que nos puede romper el auto para robarnos la cartera".

Opinó que los helicópteros sobrevolando la ciudad luego de los saqueos "evocaron momentos terribles" que generan miedo, y "el miedo se vence colectiva y solidariamente".

Bigamia

Para el defensor de oficio Eduardo Pesce, "nuestro sistema penal es injusto e ineficaz porque no capta todos los delitos que se cometen y porque no sirve para solucionar el problema de la delincuencia, sino para crear carreras criminales". Agregó que "se estima que el sistema penal sólo capta dos de cada mil delitos cometidos. Por lo tanto sólo son castigados los delincuentes fracasados, el ladrón bobo".

Respecto a la difusión de los hechos, Pesce comentó que "se informa del delito del pobre; no se informan por ejemplo, delitos como la bigamia". El miedo también estuvo presente en las consideraciones del abogado, que se preguntó: "¿Existe interés de tranquilizar a la gente o existe interés en que la gente tenga miedo?". Sugiriendo lo segundo concluyó que "el miedo hace que estemos dispuestos a renunciar a derechos".

Estado de necesidad

Alberto Alonso, docente de Facultad de Derecho y defensor de oficio en lo penal, es quien defiende a seis de los detenidos durante el saqueo del 1º de agosto. Destacó que "de un fenómeno en el que se supone participaron 100 o 200 personas, solamente 19 fueron procesadas". Informó que en varios casos se pidió el archivo por falta de pruebas.

Alonso marcó diferencias entre el primer saqueo registrado el miércoles 1º contra un supermercado ubicado en San Martín y Yatay, y los saqueos del jueves 2. Para el abogado llama la atención que el primero de los saqueos, en el que participaron sus seis defendidos, "fue sumamente civilizado, no hubo destrozos y solamente se llevaron comestibles. Todos los testigos coinciden en la total ausencia de violencia y mis defendidos carecen de antecedentes".

El abogado señaló que según el juez que actúa en la causa pudo haber un estado de necesidad ­figura prevista en el art. 27 del Código Penal que exime de responsabilidades a los autores­, asunto que está pendiente de resolución. En cambio, "lo que pasó el segundo día fue totalmente distinto. Muchas cosas sucedieron al mismo tiempo" con la participación de gente con antecedentes que sí hizo destrozos en los locales saqueados y no se llevaron solamente comida.

José Petito, también abogado y docente de la Facultad de Derecho, puso énfasis en que el Código Penal que nos rige es de 1934 "inspirado en el código fascista de 1931". Explicó que si bien la situación del primer saqueo estaba mucho más cerca que los otros del estado de necesidad, en la que "claramente se da el hurto famélico, aquel es un instituto que no se ha aplicado nunca o casi nunca puesto que la jurisprudencia lo interpreta desde el punto de vista material y no humanitario".

Coincidiendo con esa visión, Pesce señaló que "el artículo 27 está en desuso porque se le da una interpretación sumamente limitada". Su texto establece que el mal causado en dicho estado "debe ser igual o menor del que tratare de evitar (...) y que revista el doble carácter de inminente e inevitable". Pesce se preguntó acerca de la subjetividad que existe en la valoración de ese doble carácter.

Cabe recordar que la posibilidad de que los sucesos configuraran el estado de necesidad fue planteada por el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Eduardo Borges. *

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