Esos son los dictámenes emitidos
ayer en acuerdo entre la fiscal Mónica Ferrero y el juez Penal de 8o. Turno, Pablo
Eguren: inspector principal Carlos de Avila, hasta ayer director nacional de Cárceles,
procesado con prisión por «un delito continuado de abuso de funciones en reiteración
real con un delito de desacato»; inspector Wila, tercero en jerarquía en la dirección,
procesado con prisión por «un delito continuado de abuso de funciones»; comisario
inspector Pablo Machado (ex director del COMCAR y Libertad) procesado con prisión por
«un delito de abuso de funciones en reiteración real con un delito de falsificación
ideológica».
El magistrado y la fiscal venían trabajando en el expediente desde febrero pasado,
recibiendo denuncias de actos de corrupción generados dentro del sistema carcelario,
promovidos por sus máximas jerarquías, tal como lo revelara en exclusiva LA
REPUBLICA en aquel entonces. La denuncia tuvo como detonante una amenaza de muerte
sufrida por un recluso del COMCAR, cuando Machado era director de ese centro de
reclusión.
La denuncia indicaba que el preso realizaba gestiones en nombre del director para
coordinar traslados de los módulos más conflictivos a los más tranquilos, por sumas que
llegaban hasta los 1.500 dólares. Sabiendo incluso que penalmente su situación era
delicada si denunciaba estos episodios, el recluso y sus familiares decidieron recurrir a
los resortes legales.
Arrastre
Después de recibir la denuncia, que entró por el Juzgado Penal de 20a. Turno (a cargo de
la causa del recluso amenazado) y derivó en el Juzgado Penal de 8o. Turno. En primer
lugar se tomaron los testimonios a presos, para después pasar a policías que cumplían
funciones bajo las órdenes de los investigados, quienes también aportaron elementos a la
causa.
La denuncia original contra Machado ameritó que las pesquisas se ampliaran y abarcaran
entonces a los máximos responsables del sistema carcelario uruguayo. En todo momento el
Ministerio del Interior estuvo al tanto de las pesquisas y los indicios y las pruebas que
se iban reuniendo, pese a lo cual mantuvo en el cargo a los funcionarios que hoy están
tras las rejas.
En medio del inicio del proceso y la decisión de ayer, pasaron muchas cosas especialmente
en Libertad y COMCAR, como por ejemplo el motín del primero de marzo en el penal maragato
y el hallazgo de túneles en el COMCAR hace diez días. Sobre ambos temas hay versiones
que indican que de alguna manera las autoridades tuvieron parte; concretamente en el caso
de los túneles se denunció que eran centro de almacenamiento de drogas que las
autoridades usaban para distribuir dentro y fuera de la prisión.
También en Libertad, bajo el mando del por entonces cuestionado inspector De Avila, se
sucedió un exterminio de presos que habían participado en el motín, todos asesinados de
la misma manera. Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA explican que la matanza
fue una suerte de eliminación de pruebas que podrían perjudicar penalmente aún más a
los directores.
Inteligencia
Cuando el expediente acumuló fojas y reunía elementos de peso, el magistrado le dio
intervención a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que se
encargó de realizar investigaciones directas sobre los imputados. Fue entonces que en
calidad de indagados fueron conducidos a la sede del organismo De Avila, Wila y Machado.
El delito de desacato que recibió ayer De Avila fue justamente porque intentó resistir
la acción de la DNII, lo cual empeoré su situación. Tras estas instancias fue que se
produjo el allanamiento en el establecimiento Tacoma, donde un homicida gozaba de
beneficios insólitos, como ser la libre circulación dentro del recinto, y también fuera
de él.
Además tenía para su descanso una lujosa habitación en la que dormía y realizaba,
incluso, reuniones sociales. Ese operativo marcó la suerte de los jerarcas. Cabe recordar
que el Tacoma está lindero a la dirección de cárceles y que el preso en cuestión se
encontraba allí por decisión de De Avila
El Ministerio del Interior estuvo al tanto de los indicios y pruebas que se
reunían, pese a lo cual mantuvo en el cargo a los funcionarios.
Pese a eso y al hecho inédito de allanar una cárcel, el funcionario siguió en su
puesto.
Las denuncias abarcan delitos mucho más graves que los tipificados ayer, último día de
accionar judicial ya que entró en vigencia la feria judicial menor. Las pruebas reunidas
por Ferrero y Eguren demostraron irregularidades en el manejo de los traslados, aunque
hasta el momento no se demostró el pago de coimas para que se concretaran.
Con estos procesamientos se inicia ahora el proceso, el cual permitirá una vez más la
recolección de información. Tal como lo informara LA REPUBLICA en la
oportunidad había gran expectativa entre los funcionarios policiales y los propios presos
por lo que la Justicia pudiera decidir, ya que se sentían amenazados constantemente por
los jerarcas hoy caídos en desgracia. Nuevos elementos podrán recoger ahora los
magistrados, que tras la feria de julio retomarán el expediente. |
