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LA REPUBLICA
29 de Noviembre de 2002


El fiscal Moller había mencionado el la causa cuando negó que se reabrieran juicios por desaparecidos

Juez no archivó caso Gelman y solicitará a Batlle que dilucide si rige Ley de Caducidad

El doctor Gustavo Mirabal no incorporó la desaparición de la nuera del poeta a los otros casos archivados. Estaría dispuesto a iniciar instrucción y tendría que preguntarle al Poder Ejecutivo si el caso está o no amparado por la Ley de Caducidad. Batlle dijo saber quién fue el asesino material de María Claudia.


• ROGER RODRIGUEZ

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Posiciones encontradas a nivel de la Justicia en el caso de la nuera de Gelman.

La denuncia sobre la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman, no fue archivada y el juez Penal de 2º Turno, doctor Gustavo Mirabal, está dispuesto a instruir la causa y remitirla al Poder Ejecutivo para que diga si está incluida en los delitos de la dictadura, dijeron a LA REPUBLICA fuentes vinculadas al expediente.

El caso había sido mencionado por el fiscal Enrique Moller en un dictamen en que consideró que no debían desarchivarse una serie de denuncias vinculadas a las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, porque, según adujo, estarían amparadas por la Ley de Caducidad.

Sin embargo, la denuncia que los abogados de Gelman presentaron este año no llegó a ser incorporada a las que Moller ordenó mantener archivadas y el juez Mirabal iniciaría la instrucción correspondiente por entender que una causa de 2002 no puede integrarse al "paquete" de casos de 1984 y 1985.

El polémico dictamen de Moller impidió que se reabrieran las investigaciones judiciales sobre la desaparición forzada de un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina, como solicitaron familiares de las víctimas, quienes argumentaron que la desaparición constituye un delito permanente.

Moller incluyó en su escrito la denuncia de privación de libertad y homicidio de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, una ciudadana argentina, sin filiación política, a quien secuestraron en Buenos Aires en 1976 y luego la trasladaron clandestinamente a Uruguay, donde dio a luz una hija (entregada a un policía y hoy recuperada), antes de quedar en condición de desaparecida.

El caso Gelman fue protagonista de un complejo litigio de jurisdicciones desde julio pasado cuando la denuncia se presentó ante el Juzgado Penal de 4º Turno, a cargo del doctor José Balcaldi y éste, en lugar de dar vista al fiscal de 4º Turno, entregó el expediente al fiscal Moller.

Batlle tendría que pronunciarse

La decisión judicial fue apelada por los abogados de Juan Gelman, quienes pidieron una fundamentación al magistrado por el destino dado a la denuncia, pero el juez Balcaldi dijo que su resolución era inapelable y la instancia derivó al Tribunal de Apelaciones de 2º Turno.

El tribunal, integrado por los jueces Dardo Preza, Darío Gómez Tedeschi y Willam Corujo, estaba resolviendo ese diferendo cuando el fiscal Moller --sin esperar el pronunciamiento de sus colegas-- incluyó el caso Gelman en su dictamen, pese a que formalmente no había sido incorporado a los otros casos.

La argumentación de Moller recibió diversas críticas porque se consideró "ilógico" que se mandara archivar un caso nuevo, cuya instrucción no se había iniciado y en el que tampoco se llegó a pedir opinión al Poder Ejecutivo sobre si los delitos denunciados fueron cometidos "por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto", como reza la norma.

El artículo 3º de la propia Ley de Caducidad ordena al juez que, para saber si los delitos están incluidos "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no" en la ley.

Esa es la instancia mínima de instrucción que realizaría el juez Mirabal cuando aparezca en su despacho la denuncia de Gelman, cuyo expediente, misteriosamente, no se encontraba ayer ni en el juzgado de Balcaldi, ni en la oficina de Moller, ni en manos de los miembros del Tribunal de Apelaciones.

El presidente Jorge Batlle, que creó la Comisión para la Paz luego de la aparición de la nieta de Gelman, precisamente, fue quien --según trascendidos de prensa-- manifestó al senador Rafael Michelini tener conocimiento de cómo habría sido asesinada María Claudia García, por lo cual, su decisión sobre los móviles del crimen resultaría esclarecedora. *

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