LA
REPUBLICA
29 de Noviembre de 2002
El fiscal Moller había mencionado el la causa cuando negó que
se reabrieran juicios por desaparecidos
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Juez no archivó caso Gelman y
solicitará a Batlle que dilucide si rige Ley de Caducidad
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El doctor Gustavo Mirabal no incorporó la desaparición de
la nuera del poeta a los otros casos archivados. Estaría dispuesto a iniciar instrucción
y tendría que preguntarle al Poder Ejecutivo si el caso está o no amparado por la Ley de
Caducidad. Batlle dijo saber quién fue el asesino material de María Claudia.
ROGER RODRIGUEZ
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Posiciones encontradas a nivel de la Justicia en el caso de la nuera
de Gelman.
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La denuncia sobre la desaparición de María Claudia García, la
nuera del poeta Juan Gelman, no fue archivada y el juez Penal de 2º Turno, doctor Gustavo
Mirabal, está dispuesto a instruir la causa y remitirla al Poder Ejecutivo para que diga
si está incluida en los delitos de la dictadura, dijeron a LA REPUBLICA fuentes
vinculadas al expediente.
El caso había sido mencionado por el fiscal Enrique Moller en un dictamen en que
consideró que no debían desarchivarse una serie de denuncias vinculadas a las
violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, porque, según adujo,
estarían amparadas por la Ley de Caducidad.
Sin embargo, la denuncia que los abogados de Gelman presentaron este año no llegó a ser
incorporada a las que Moller ordenó mantener archivadas y el juez Mirabal iniciaría la
instrucción correspondiente por entender que una causa de 2002 no puede integrarse al
"paquete" de casos de 1984 y 1985.
El polémico dictamen de Moller impidió que se reabrieran las investigaciones judiciales
sobre la desaparición forzada de un grupo de uruguayos secuestrados en Argentina, como
solicitaron familiares de las víctimas, quienes argumentaron que la desaparición
constituye un delito permanente.
Moller incluyó en su escrito la denuncia de privación de libertad y homicidio de María
Claudia García Irureta Goyena de Gelman, una ciudadana argentina, sin filiación
política, a quien secuestraron en Buenos Aires en 1976 y luego la trasladaron
clandestinamente a Uruguay, donde dio a luz una hija (entregada a un policía y hoy
recuperada), antes de quedar en condición de desaparecida.
El caso Gelman fue protagonista de un complejo litigio de jurisdicciones desde julio
pasado cuando la denuncia se presentó ante el Juzgado Penal de 4º Turno, a cargo del
doctor José Balcaldi y éste, en lugar de dar vista al fiscal de 4º Turno, entregó el
expediente al fiscal Moller.
Batlle tendría que pronunciarse
La decisión judicial fue apelada por los abogados de Juan Gelman, quienes pidieron una
fundamentación al magistrado por el destino dado a la denuncia, pero el juez Balcaldi
dijo que su resolución era inapelable y la instancia derivó al Tribunal de Apelaciones
de 2º Turno.
El tribunal, integrado por los jueces Dardo Preza, Darío Gómez Tedeschi y Willam Corujo,
estaba resolviendo ese diferendo cuando el fiscal Moller --sin esperar el pronunciamiento
de sus colegas-- incluyó el caso Gelman en su dictamen, pese a que formalmente no había
sido incorporado a los otros casos.
La argumentación de Moller recibió diversas críticas porque se consideró
"ilógico" que se mandara archivar un caso nuevo, cuya instrucción no se había
iniciado y en el que tampoco se llegó a pedir opinión al Poder Ejecutivo sobre si los
delitos denunciados fueron cometidos "por funcionarios militares y policiales,
equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus
funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el
período de facto", como reza la norma.
El artículo 3º de la propia Ley de Caducidad ordena al juez que, para saber si los
delitos están incluidos "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo
perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera
comprendido o no" en la ley.
Esa es la instancia mínima de instrucción que realizaría el juez Mirabal cuando
aparezca en su despacho la denuncia de Gelman, cuyo expediente, misteriosamente, no se
encontraba ayer ni en el juzgado de Balcaldi, ni en la oficina de Moller, ni en manos de
los miembros del Tribunal de Apelaciones.
El presidente Jorge Batlle, que creó la Comisión para la Paz luego de la aparición de
la nieta de Gelman, precisamente, fue quien --según trascendidos de prensa-- manifestó
al senador Rafael Michelini tener conocimiento de cómo habría sido asesinada María
Claudia García, por lo cual, su decisión sobre los móviles del crimen resultaría
esclarecedora. * |
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