|
|
Grupo Tripartito de Trabajo para el
mejoramiento del sistema carcelario
Análisis de la realidad carcelaria y recomendaciones para superar sus problemas
|
Montevideo, 8 de agosto de 2002. |
En los primeros días de marzo del corriente año, reclusos del
Penal de Libertad tomaron como rehenes a algunos guardias y, en protesta contra las
condiciones carcelarias, comenzaron a destruir el Establecimiento. Después de varias
horas de extrema tensión, gestiones realizadas por el señor Ministro del Interior,
escribano Guillermo Stirling, el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor
Gervasio Guillot y miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Representantes, diputados Raúl Argenzio, Edgar Bellomo y Guillermo Chifflet, tuvieron
como resultado que los reclusos depusieran su actitud y liberaran a los rehenes, a partir
del compromiso, asumido con las autoridades, de que no habría castigos físicos -ni
individuales ni colectivos- y que se instalaría una comisión para analizar los problemas
carcelarios.
El lunes 4 de marzo, en la sede del Ministerio del Interior, comenzó a trabajar el Grupo
Tripartito, compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, de la Suprema Corte de
Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
A partir de ese momento, el Grupo trabajó en forma ininterrumpida y con particular
espíritu constructivo.
Los acuerdos que se sintetizan en este informe, alcanzados en su mayoría por unanimidad,
son recomendaciones sobre las cuales el Grupo Tripartito y demás autoridades competentes
deberán controlar su cumplimiento.
Han participado en los intensos trabajos del Grupo Tripartito las siguientes
instituciones:
Colegio de Abogados (Doctor Liborio Lagos).
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes (Diputados Edgar Bellomo y
Guillermo Chifflet).
Diputado Ernesto Agazzi.
Docentes de la Facultad de Veterinaria (Profesor Juan Calvo, Doctor Ignacio Lago y Doctora
Clara Larocca).
Fundación Kolping (Doctora Adriana Chiancone y Señor Pablo Alvarez).
Gobernador del Distrito 4980 del Rotary Club (Señor Norberto Alvarez).
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Doctor Francisco Ottonelli).
Maestro Juan Carlos Díaz Serra.
Ministerio del Interior (Inspector General Luis Alberto Soares Segovia y Psicóloga
Gabriela Fulco).
Ministerio de Salud Pública (Doctora Graziella Levaggi, Doctora Margarita Serra y Doctor
Sergio Curto).
Patronato de Encarcelados y Liberados (Señor Oscar Ravecca y Señora Cristina Gil).
Servicio Paz y Justicia (Doctor Guillermo Payssé, Prof. Graciela Romero y Asistente
Social Señor Eduardo Pirotto).
Suprema Corte de Justicia (Doctora María Angélica Sehabiaga y Doctor Alejandro Bonanni).
Actuó en Secretaría la Soc. Susana Carballal.
En apretada síntesis, los principales Capítulos de la temática analizada (en el marco
de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el país)
sobre los cuales se acordaron propuestas de solución que se desarrollarán más adelante,
fueron los siguientes:
A) Superpoblación carcelaria: En la mayoría de los
Establecimientos la superpoblación ha determinado graves problemas de hacinamiento que
aumentan los focos de tensión y obstaculizan posibilidades de distribución y atención
de los internos multiplicando, además, riesgos para la salud.
B) Problemas de salud: hacinamiento, falta de higiene ambiental y
personal, carencia de respuestas inmediatas a las solicitudes de asistencia reclamadas por
internos o sus familiares, insuficiencia y falta de medicamentos, problemas de
alimentación, etc.
C) Información a los internos y relevamiento a efectos de instrumentar el
sistema penitenciario progresivo. Hay reclusos que desconocen hasta el nombre
de su abogado defensor o la etapa en que se encuentra el expediente. Se considera esencial
informarles con toda claridad cuáles son sus derechos en materia jurídica y cuáles las
vías a seguir para tener la información necesaria sobre el estado de la causa.
D) Educación, Recreación y Trabajo. El Grupo Tripartito
consideró imprescindible y acordó recomendaciones para el desarrollo de tareas
laborales, educativas, recreativa, y de ocupación del tiempo libre, que permitan evitar
el ocio compulsivo, abrir caminos hacia la futura inserción social de los internos y
tender a la producción necesaria para el autoabastecimiento de los establecimientos
penitenciarios, tal como ya lo proponía en 1996 el informe de la Comisión que presidió
el doctor Tommasino. Dicho Informe desarrolló, inclusive, muchas propuestas que aparecen
aquí en apretada síntesis. Tanto sus recomendaciones como las del Parlamento
Latinoamericano deberán tenerse en cuenta por todos quienes se encarguen del
cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Tripartito.
E) Problemas de comunicación: Se ha considerado esencial
determinar las vías por medio de las cuales los reclusos de todo el país podrán
comunicar sus propuestas, quejas, sugerencias, etc., a la Comisión de Derechos Humanos,
con garantía de que sus planteamientos no sean interferidos y lleguen a destino.
F) Medidas tendientes a evitar arbitrariedades:
1) Es necesario aportar información clara, a internos y familiares, sobre el reglamento
carcelario.
2) Debe determinarse quién está al frente de cada requisa para establecer -en los casos
de arbitrariedades- al responsable de las mismas.
3) Traslados: Encontrar un criterio para que el cambio del local de reclusión no se
determine por la sola voluntad de algunos jerarcas. Hasta hoy, ni siquiera se informa de
cada traslado al Poder Judicial o -lo que resulta importantísimo- al abogado defensor.
Los criterios estrictos que determinen las normas por las cuales deben decidirse los
traslados, contribuirán a combatir la corrupción.
4) Trato a familiares y visitantes: deben tomarse medidas para que el trato a familiares
sea respetuoso. En el mismo sentido, debe explicárseles, por escrito, cuáles son los
criterios sobre los elementos (víveres, etc.) que pueden entregar sin dificultades a los
internos, en qué casos y porqué hay que solicitar autorización previa, etc.
5) Ficha de ingreso, instalaciones sanitarias, baños, y visita conyugal.
6) Acceso a los establecimientos carcelarios de organizaciones defensoras de derechos
humanos, iglesias y demás instituciones interesadas en ayudar a las personas recluidas.
|
Algún desarrollo de los puntos acordados
|
A) Superpoblación carcelaria:
Uno de los problemas más graves planteado en casi todas las cárceles del país es la
superpoblación. Sus consecuencias de hacinamiento impiden la menor privacidad; hay celdas
con capacidad máxima para doce personas, en las que están alojadas hasta diecinueve, lo
que hace que algunas tengan que dormir en el piso.
Resulta innecesario destacar los riesgos que provocan la promiscuidad y falta de higiene,
a lo que se suman los efectos del encierro ocioso. Algunos informes destacan, con asombro,
que no se han registrado mayor cantidad de epidemias por verdadero milagro.
Esa realidad, propia de campos de concentración, no sólo es incompatible con el debido
respeto de los derechos humanos elementales, sino que conduce a situaciones de violencia
que dificultan aún más las posibilidades de rehabilitación.B) Atención
de la salud
El Grupo analizó detenidamente los problemas en el área de la salud y recomienda
especialmente:
1) Un relevamiento sanitario ambiental, y
2) El relevamiento sanitario de toda la población carcelaria.
1.- El Relevamiento Sanitario Ambiental tiene como objetivo la
evaluación de las condiciones del hábitat de reclusión con miras a establecer las
medidas sanitarias que correspondan ante el riesgo de epidemias o de patologías
resultantes de dicha situación. El mismo debe realizarse en primera instancia en los
Establecimientos de COMCAR, La Tablada, Libertad y Canelones, que son los más
superpoblados. Pero puede comenzar simultáneamente en todo el país.
Para dicha tarea se requiere:
- la conformación de un equipo integrado por
técnicos de los Ministerios de Salud e Interior;
- establecer las medidas de seguridad que correspondan para garantizar el desarrollo del
trabajo médico;
- organizar la ubicación transitoria, durante la inspección médica, de los internos
alojados en los Establecimientos;
- informar a la población reclusa de los objetivos del trabajo.
|
|
Las referidas tareas se iniciarán en el COMCAR el día 14 de
agosto de 2002 a las 09:30 de acuerdo con el fax 307/02 de la Dirección Nacional de
Cárceles.
2.- El Relevamiento Sanitario de toda la población carcelaria
tiene como objetivo la evaluación del estado de salud de cada interno, detectar el
desarrollo de patologías, derivar los enfermos a los especialistas que correspondan,
concretar la internación en los casos que lo ameriten y establecer una base de datos
clínicos (actualización de la ficha médica de cada recluso) que permita el seguimiento
de cada caso.
Para la presente tarea se requiere, asimismo:
|
* la conformación de un equipo médico. Al respecto, se determinó que es
necesario contar, como mínimo, con 4 médicos que, trabajando diariamente por un período
de entre tres y cuatro meses, evaluarían 400 reclusos por semana;
* equipamiento para la concreción de estudios paraclínicos;
* asistencia administrativa para la base de datos clínicos;
* informar a la población reclusa del objetivo del trabajo, el modo y la fecha de
realización;
* prever un mecanismo de registro certificado para los casos en que los internos se
nieguen participar del relevamiento;
* brindar información, con la ficha médica a la vista, a cada recluso y /o familiares
que éste autorice.
|
Para concretar el relevamiento sanitario de la población
carcelaria reforzar los recursos humanos y contar con equipos para exámenes
paraclínicos. El Grupo Tripartito, con apoyo de la Embajada de Francia, ha solicitado la
colaboración a la Organización Internacional Médicos del Mundo.
La información proporcionada por el Doctor Luis Puime, representante nacional de la
citada Organización, permitió conocer las posibilidades de obtener ayuda internacional.
La Comisión entiende, además, que es necesario solicitar al Ministerio de Salud
Pública la ampliación del cupo de internación en los hospitales públicos. Actualmente,
los únicos hospitales que dan respuesta a pacientes provenientes de establecimientos
penitenciarios son: el Hospital de Clínicas, que recibe pacientes para neurocirugía; el
Hospital Saint Bois, que dispone de un cupo de 20 camas; el Hospital Vilardebó, con 40
camas; el Hospital Pasteur que dispone de una salita de seguridad para internación pre y
post operatoria. El Hospital Maciel no dispone de sala especial para internación de
reclusos; la internación de pacientes de HIV se coordina con el servicio de enfermedades
infecto-contagiosas.
C) Información a los internos y relevamiento a efectos de instrumentar
el sistema progresivo.
El desconocimiento de los reclusos y de sus familiares sobre el estado de la causa., las
posibilidades de apelación, la marcha del expediente, etc., son factores de angustia que
sólo pueden ser superados con una correcta información.
Habrá que informar sobre las circunstancias que permiten reclamar los beneficios del
Pacto de San José de Costa Rica. Se buscará detectar, además, las situaciones que
pueden considerarse enlentecidas por dificultades propias del sistema jurídico.
Para el relevamiento de carácter asistencial, psicológico, psiquiátrico y jurídico se
estableció una pauta de trabajo para cada una de las áreas.
En el área Social, es necesario conocer los intereses laborales, educacionales
recreativos de cada interno en atención al nivel de escolaridad alcanzado, experiencia
laboral e inclinación manifiesta para el empleo en cada área. Deberá realizarse,
asimismo, una evaluación de la situación de sus vínculos familiares y redes de apoyo.
El área Psicológica y Psiquiátrica es necesario relevar patologías para su control
médico, recomendaciones, etc.
El relevamiento médico, psicológico, psiquiátrico, jurídico y social propuesto,
brindará datos para la implementación de un sistema progresivo para un correcto
tratamiento penitenciario.
Si bien la Comisión analiza los componentes de los items de las distintas áreas
de atención, se entiende necesario una adecuada articulación entre las mismas. El estado
de salud de un interno condicionará su inclusión en un sistema de tratamiento progresivo
que podrá limitar, eventualmente, su participación en un área laboral o determinará un
sistema de atención especial.
Las condiciones de salud están en relación directa con las condiciones del hábitat de
reclusión, la alimentación, el suministro de ropa apropiada y los soportes
psicológicos, psiquiátricos y sociales imprescindibles.
Para los casos documentados de enfermos con extrema fragilidad o para aquellos a los que
la prisión pueda producir agravamiento de patologías, se deberá consultar con el Poder
Judicial y los técnicos en Derecho Penal la posibilidad de un espectro de penas
alternativas a la prisión, o sistemas de reclusión para enfermos crónicos.
D) Trabajo, Educación, Recreación
Resulta innecesario destacar, aquí, las consecuencias del ocio obligatorio a que están
sometidos la mayoría de los internos en Uruguay, o la dignificación que puede aportar el
trabajo. El grupo analizó esta temática y los resultados positivos de los diversos
trabajos que pueden realizar los reclusos, que con frecuencia solicitan esa posibilidad.
Pero el presente informe no se propone analizar planteamientos doctrinarios sino indicar,
en síntesis, propuestas que puedan ser llevadas a la práctica en forma inmediata con los
menores costos posibles, como lo exige la realidad económico-financiera del Estado.
Las medidas sobre trabajo que se proponen pueden ayudar, además, a superar carencias
graves de los centros de reclusión y disminuir los gastos en diversos rubros, como
alimentación, etc.
De las diversas consultas y asesoramientos recibidos el Grupo destaca, como especialmente
viables, los siguientes:
Trabajo de la tierra que no sólo permitirá abastecer de
alimentos a los centros de reclusión, evitando compras, sino que además -como destacó
el diputado Ernesto Agazzi en un amplio informe con propuestas concretas al Grupo de
Trabajo- esa actividad tiene resultados que van más allá de lo económico, en una
política de recuperación: en las labores de la tierra, además, se valora el trabajo en
grupo, que estimula la solidaridad. El citado legislador, además de informar sobre suelos
de los principales establecimientos destacó las posibilidades paralelas de crianza de
animales, y el perfeccionamiento de muchas personas en el trabajo de granja.
Preparación en oficios, como tornería, carpintería, entre
otros.
La Fundación Kolping ha planteado diversas opciones de trabajo remunerado
para la población carcelaria. Dicha Fundación ha analizado, junto al Patronato de
Encarcelados y Liberados, la posibilidad de desarrollar -entre otras- una actividad de los
reclusos en la construcción de viviendas prefabricadas.
El señor Alvarez, que representó a la Fundación en el Grupo de Trabajo relacionó al
mismo con el Rotary Club, Institución que luego de analizar la realidad de las cárceles
planteó -con generosidad- que estudiará la manera de poner en marcha y de contribuir
alguna medida con los proyectos considerados.
Campo de recría. Un grupo de Docentes de la Facultad de
Veterinaria, sensibilizado ante los problemas carcelarios desarrollo, en el Grupo de
Trabajo, la posibilidad de organizar -entre otras labores- campos de recría.
Propuestas del Patronato de Encarcelados y Liberados. Además de
los trabajos que ha organizado ya el Patronato, el Grupo de Trabajo considera importante
hacer seguimiento y ahondar en sus diversas propuestas.
Este aspecto del informe se refiere especialmente a los Establecimientos Penitenciarios de
Libertad, Santiago Vázquez y Canelones, pero es necesario que medidas similares
se apliquen (adecuando las propuestas) a los demás centros de reclusión de todo el
país.
|
El funcionamiento de las escuelas y la acreditación del
aprendizaje deberán ser verificados de manera sistemática; como mínimo dos veces por
año o a solicitud de la Dirección de Educación en cualquier momento.
Según informes oficiales, aproximadamente 8% de la población reclusa participa de los
programas educativos, porcentaje que, con un planificado acompañamiento técnico del
personal disponible (asistentes sociales, psicólogos, etc.) se vería sensiblemente
incrementado.
Del último censo -efectuado en junio de 1999 por el Departamento de Educación de la
Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación surge que se
registra un 7,4% de analfabetismo y que sobre un total de 2000 reclusos, el 27% no había
completado Enseñanza Primaria. Ante esa evidencia resulta recomendable contar con mayor
número de docentes. Se ha informado al Grupo que los convenios con ANEP llevados adelante
en años anteriores resultaron positivos.
Será necesario dotar a los Establecimientos con material didáctico y mobiliario. (Hay
reclusos que se han ofrecido para realizar trabajos de carpintería, y que están en
condiciones de construir no sólo pizarrones, bancos, sillas, mesas para los
Establecimientos Carcelarios sino también para la Enseñanza en general. Los reclusos
podrían encargarse, además, de reparar mobiliario con desperfectos o en desuso).
Los talleres que existen (algunos con buenas plantas físicas) no funcionan como
corresponde; y las razones con las que se intenta explicar esa realidad son falta de
equipamiento, de recursos económicos, humanos o de seguridad.
Convenios con diversas Instituciones pueden brindar esa colaboración. Aportes voluntarios
y, eventualmente, convenios con Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro
pueden contribuir mucho con los programas de capacitación laboral que
deben encararse como formación para el mundo del trabajo. Los programas deberán contar
con un seguimiento técnico que permita una información cuidadosa sobre sus resultados.
|
No ha existido una organización sistemática de actividades
recreativas y de educación física que permita utilización de tiempo libre. En la
Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación revistan
varios profesores de Educación Física que deberán plantear las líneas fundamentales de
un plan, con el cual podrán colaborar honorariamente entrenadores deportivos, directores
de teatro, profesores de música, de artesanías, etc.
En reciente visita de integrantes del Patronato se pudo constatar la avanzada
construcción de una cancha de fútbol frente al Módulo 13 del COMCAR, lo que hace
suponer una voluntad de las actuales autoridades del centro estimular la actividad
deportiva de los reclusos.
Hay varias experiencias desarrolladas en los Establecimientos Penitenciarios sobre
organización de grupos de teatro, concursos literarios, expresión plástica, etc., que
deberían incentivarse.
E) Problemas de comunicación
La falta de información de las personas que están en los Establecimientos
Carcelarios y su imposibilidad de contar con las vías para hacer llegar sus denuncias,
propuestas, sugerencias, pedidos, iniciativas, etc., ha incidido en el
agravamiento de las tensiones que culminan, periódicamente, en conflictos o estallidos.
En marzo de 2000, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes
llevó a cabo conversaciones con reclusos que estaban en huelga de hambre; un punto
importante en el acuerdo que permitió superar problemas fue la determinación de que los
reclusos de algunos establecimientos pudiesen comunicarse por teléfono con el Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos.
Con esa finalidad se les proporcionó un número telefónico y se informó a los
directores de los Establecimientos que debían facilitar la comunicación.
Durante un tiempo ese medio funcionó, permitiendo una información fluida. Luego,
inconvenientes sucesivos lo fueron dejando, de hecho, fuera de uso.
En el último mes de marzo, durante el estallido que se produjo en el Penal de
Libertad, el diálogo que, con motivo de la mediación se planteó entre los reclusos y la
autoridades (el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro del Interior y
miembros de la Comisión de Derechos Humanos) permitió comprobar que quienes plantearon
la protesta no estaban informados de que las denuncias no sólo habían llegado, ya, a la
Comisión de la Cámara de Representantes, sino que la mayoría de los internos ni
siquiera tenía noticia de que un Instituto como el Procurador Parlamentario para el
Sistema Carcelario (destinado a atender las quejas de los reclusos o de sus familiares, a
plantear iniciativas y controlar el respeto de los derechos humanos) ya había sido
aprobado por la Cámara de Representantes pasando a consideración del Senado de la
República. Menos aun tenían noticia de que dicho proyecto había exigido un profundo
trabajo de la Comisión que incluyó consultas a técnicos y especialistas en ese tema.
Tampoco tenían información sobre otras preocupaciones que habían merecido la atención
de la Comisión, como las iniciativas sobre Rehabilitación Carcelaria y diversos temas y
denuncias relacionados a la realidad carcelaria. (El informe hecho llegar por la Comisión
de Derechos Humanos al Parlamento Latinoamericano en mayo de 2001, donde se ha informado
la realidad y se plantean propuestas sobre las cárceles del Continente, es otro
testimonio, entre muchos, del intenso trabajo de la Comisión de la Cámara de
Representantes y de su preocupación sobre la necesidad de que se respeten los derechos
humanos en los establecimientos carcelarios).
La desinformación acentúa la idea de que las denuncias, petitorios o sugerencias
de los reclusos no tienen eco, lo que aumenta la sensación de arbitrariedad y desamparo
absoluto que incide, obviamente, en estados de ánimo que culminan en protestas y
estallidos.
La instalación de buzones en cada uno de los establecimientos carcelarios
de todo el país y el restablecimiento de la comunicación telefónica sin trabas, durante
algunas horas diarias especialmente determinadas, permitirán el diálogo con los reclusos
sobre sus problemas de salud, trabajo y demás temas relativos a la realidad carcelaria.
Los buzones sólo podrán ser abiertos por quien designe la Comisión de Derechos
Humanos y en su exterior deberá indicarse la reserva y la finalidad de la
correspondencia.
Soluciones para diversos problemas concretos.
|
|
1.- Sobre los reglamentos:
Debe elaborarse un reglamento mínimo, sencillo, claro, con las
observaciones fundamentales sobre las normas que el recluso deberá observar en el
establecimiento carcelario. Este -de acuerdo al Decreto-ley No. 14.470- será entregado
por escrito inmediatamente al ingreso del recluso, tanto a él como a sus familiares
directos, debiendo quedar constancia mediante firma de que fue entregado.
Este reglamento contendrá normas mínimas comunes a todos los establecimiento
carcelarios del país, independientemente de que existan normas específicas de acuerdo al
tipo de establecimiento y al perfil funcional específico, que también deberán
informarse.
El reglamento, además, deberá indicar al recluso y a los familiares de este, a
qué funcionario público del establecimiento, o fuera de él podrá dirigirse a los
efectos de plantear iniciativas, reclamos, sugerencias o pedidos especiales. Dicha
información deberá incluir a la Comisión de Derechos Humanos o al Procurador
Parlamentario para el Sistema Carcelario, si dicho proyecto termina de aprobarse.
Deberán, además, quedar consignadas las posibilidades que el establecimiento ofrece en
materia de alimentación, enseñanza, atención médica y odontológica, recreación y
trabajo.2.- Procedimiento de requisa.
La requisa que se realiza en forma periódica es una medida de carácter preventivo
que procura determinar que no existan elementos (armas, alcohol, drogas, etc.) que puedan
poner en riesgo la vida y la integridad física tanto de los reclusos como de los
funcionarios encargados de la custodia y técnicos que trabajan en el establecimiento.
La experiencia internacional indica que la seguridad no se alcanza si no se logra
un clima que favorezca la cooperación de los internos con el personal penitenciario. Por
lo tanto, las requisas deben realizarse sin menoscabar los derechos y la dignidad del
recluso.
Los internos han manifestado, en reiteradas oportunidades, que no se oponen
a que se realicen requisas. No obstante, señalan que durante el desarrollo de
estas no deben emplearse métodos humillantes y reclaman que se evite el uso de la
violencia.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes nunca se ha
podido determinar quién es el responsable de las requisas, especialmente en aquellas
realizadas de manera indebida y con métodos agraviantes a la dignidad humana.
En función de estas constataciones es importante que se determine:
a) Quién es el jerarca responsable de cada requisa. Sólo así
podrán deslindarse conductas en casos donde resulten personas lesionadas o se cometan
arbitrariedades.
b) Luego de cada requisa, si se ha procedido con arbitrariedad o rompiendo
innecesariamente pertenencias personales, los reclusos podrán plantear las denuncias por
las vías establecidas, es decir, telefónicamente o mediante el buzón correspondiente,
dirigiéndose a la Comisión de Derechos Humanos o al Procurador Parlamentario para el
Sistema Carcelario, a otras autoridades o a su abogado defensor.
c) Es deseable que este tipo de procedimientos se realice siempre
bajo la observación de un agente externo y nunca en horarios nocturnos.
3.- Ubicación de reclusos y traslados de los mismos a otros
establecimientos carcelarios.
En la actualidad los destinos y traslados de internos se realizan sin ningún control del
Poder Judicial. La determinación del lugar al cual se destina a cada procesado o penado
es un acto que no debe ser arbitrario ni favorecer conductas corruptas.
El destino debe ser decidido en función de variables específicas: primariedad o
reincidencia, edad, estado de salud física y mental, pena a cumplir, radicación de sus
familiares o referentes, etc.
En tal sentido deberá modificarse la normativa vigente.
4.- Trato a familiares.
El personal de cada establecimiento deberá ser informado especialmente sobre el trato
digno y respetuoso que debe observar con cada visitante. Los familiares y visitantes en
general no deben ser sometidos a largas esperas, que con frecuencia se realizan al aire
libre, a pleno sol o bajo lluvia y al frío, con los inconvenientes que ello supone.
Los establecimientos más grandes cuentan con espacio suficiente como para que se
dispongan construcciones apropiadas para las visitas de familiares, abogados, técnicos,
etc. Estas construcciones pueden realizarse con el trabajo de los reclusos con la
remuneración correspondiente.
Con frecuencia los familiares y demás visitantes no tienen información suficiente
y concreta acerca de qué cosas pueden ingresar al Establecimiento. Una explicación
clara, racional, sobre por qué no son autorizados determinados elementos constituye una
manera simple de evitar problemas, facilitándose el relacionamiento y la cooperación.
Deberá informarse a qué controles y por qué razones se someterá a registro el ingreso
de equipos, materiales, alimentos, etc.
La llamada visita íntima o visita conyugal puede ser implementada de una manera diferente
a como se realiza actualmente en la mayoría de los establecimientos carcelarios del
país.
Este tipo de visita se puede mejorar destinando construcciones independientes del
celdario (del tipo de las que existen en algunas cárceles del interior del país) con la
intimidad mínima, de manera que el interno acceda por turnos y por lo menos una vez al
mes, a su visita conyugal, en ese lugar específico. Quedaría a criterio del propio
interno si ese día recibe a su esposa o pareja o si prefiere recibir a otros miembros de
su familia. Estos lugares también pueden ser construidos por los propios internos.
5.- Ficha de ingreso.
En todos los establecimientos se llevará una Ficha de Ingreso de cada recluso, en la cual
se dejará constancia de su estado general de salud a través de un control médico
(enfermedades, lesiones, heridas, etc.). En la misma ficha debe establecerse información
que incluya el nombre, la dirección del familiar y del abogado a quienes deberá
comunicarse cualquier noticia o incidente que afecte la situación del recluso.
En caso de traslado, la ficha de ingreso deberá ser remitida a las autoridades del nuevo
establecimiento donde será alojado el recluso.
6.- Instalaciones sanitarias y baños.
El estado de las instalaciones sanitarias y especialmente de los baños, constituye un
problema de primer orden. La falta de higiene y privacidad son, con frecuencia, causas de
situaciones conflictivas y generadoras de riesgos, teniendo el altísimo número de
personas en reclusión. Por lo tanto, la construcción de baños con alguna privacidad
aliviará las condiciones de encierro. Constituye una aspiración razonable que los
propios reclusos participen en la construcción de los mismos.
7.- Información sobre compras con destino a cocina, alimentos y
limpieza.
La Comisión de Derechos Humanos y el Grupo Tripartito de Trabajo deberá contar con la
información oficial sobre compras de alimentos y elementos para la cocina y limpieza de
cada establecimiento carcelario, detallándose cantidad y precio de cada rubro. De esta
manera se contará con elementos para despejar toda acusación sobre robos y gastos
inútiles.
Por otra parte, al mismo tiempo que se podrán controlar los rubros destinados a gastos de
cada establecimiento, los internos tendrán garantías de que no se producen robos o
extravíos.
8.- Acceso de organismos de derechos humanos e instituciones de
voluntarios interesados en ayudar a personas recluidas.
Resulta fundamental que las cárceles estén abiertas a la visita periódica de organismos
que trabajan para la protección y promoción de los derechos humanos, así como de
aquellas instituciones con fines humanitarios y sociales que se interesan por las personas
sometidas a penas privativas de libertad.
Es importante que las autoridades carcelarias faciliten la presencia de estas
instituciones. Ello, lejos de ser un problema, constituye un recurso que le da mayor
transparencia al mundo del encierro y ayuda a generar mayores oportunidades de apoyo de la
sociedad civil.
Esta postura, que debe estimularse por parte de las autoridades, permitirá promover
encuentros periódicos entre los funcionarios penitenciarios y representantes de estas
instituciones con el fin de evaluar conjuntamente las dificultades y las medidas para
superarlas.
|
Algunas recomendaciones fundamentales sobre
política carcelaria.
|
* Todos los planteamientos realizados por el Grupo Tripartito
llevan a algunas conclusiones importantes sobre política carcelaria.
* Se entiende -por todos los integrantes del Grupo- que la política carcelaria debe estar
fuera de la órbita del Ministerio del Interior.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes tiene a consideración el
proyecto que crea el Instituto Nacional de Rehabilitación presentado por el diputado
Díaz Maynard y un anteproyecto elaborado por el Ministerio del Interior.
El Señor Ministro Stirling ha señalado, al respecto, las dificultades económicas
que actualmente existen para la instrumentación de ese proyecto. En lo inmediato será
necesario ir preparando al personal con el cual deberá contarse para la transformación
imprescindible de los Establecimientos Penitenciarios. Sin ese paso previo, podría irse
sólo a un cambio de Ministerio, o de rótulo, sin cumplir con los objetivos.
* De los análisis del Grupo Tripartito surge, además, la necesidad de que se
apruebe el proyecto de Procurador Parlamentario para el Sistema Carcelario que la Cámara
de Representantes pasó a consideración del Senado.
* Se considera necesario, además, contar con un proyecto de penas alternativas,
las que contribuirían a facilitar la rehabilitación de delincuentes primarios. Hay
jueces que aplican, ya, algunas penas alternativas, pero se entiende mejor contar con
lineamientos jurídicos concretos.
* Otra línea general de política carcelaria sobre la que hubo acuerdo en el Grupo
se refiere a la necesidad de que se vayan construyendo lugares de reclusión para pocas
personas lo que permitirá al encargado o referente de cada módulo un conocimiento
directo y el seguimiento a través de un trato más personal de cada recluso a su cargo.
* La instalación de módulos que se proyecta es una buena oportunidad para iniciar
este aspecto de la política carcelaria. En tal sentido se podrán organizar grupos
modulares con capacidad poblacional para no más de 120 reclusos, cada uno con su
dirección y equipo técnico.
* Debe jerarquizarse el trabajo de los funcionarios penitenciarios apuntando a
crear un Cuerpo que trabaje en estrecha coordinación y elaboración de planes con los
equipos interdisciplinarios del Sistema. También deberá crearse una Unidad de Apoyo
Emocional que atienda el impacto y consecuencias que éste tipo de trabajos provocan.
* En síntesis, el Grupo estima necesario priorizar tres niveles de
acción:
1) La puesta en marcha en forma inmediata de soluciones en los temas de salud,
hábitat y hacinamiento.
2) La preparación de programas y acciones tendientes a una mejor distribución de la
población carcelaria. Asimismo se considera insoslayable la organización progresiva del
trabajo (con alcance a toda la población carcelaria), así como la atención inmediata de
los mecanismos de comunicación y visitas familiares.
3) La instauración definitiva de un sistema de tratamiento penitenciario elaborado sobre
bases científicas y de acuerdo a las recomendaciones internacionales.
El Grupo de Trabajo, al presentar este informe, deja expresa constancia de que
sintetiza objetivos importantes ya desarrollados (varios de ellos) en trabajos anteriores,
como el Informe Tommassino, elaborado en 1996.
Para que esos objetivos que deben alcanzarse en los Establecimientos Carcelarios del país
y que no son más que los determinados en la Constitución de la República y las leyes
nacionales, no queden una vez más en simples enunciados, el Grupo de Trabajo hará
seguimiento estricto de la realidad de las cárceles.
Un informe más no tendría sentido si terminase en una nueva frustración. El
compromiso con los Derechos Humanos es, también, con los internos y sus familiares.
Periódicamente, el Grupo de Trabajo hará valoraciones de los avances alcanzados y de las
dificultades a superar. Existe voluntad, decisión y empeño en que los objetivos
acordados se logren. Para alcanzarlos, el Grupo de Trabajo, una vez realizado el informe
público, analizará el camino más eficaz para la creación de Comisiones de Internos
(periódicamente rotativas y electas mediante voto secreto, etc.), así como Comisiones de
Familiares, para facilitar la información y relacionamiento con los internos.
Cuando se plantea -como en el informe del Grupo de Trabajo- la defensa de los
derechos humanos de los internos, en algunos medios se suele replicar que hay quienes se
preocupan por los derechos humanos de quienes han transgredido la ley y no los derechos
humanos de las víctimas. Debe quedar claro que si el país y sus autoridades no se
preocupan de los derechos de los internos y las cárceles no son establecimientos de
corrección sino de corrupción, de ellas no saldrán en libertad personas en condiciones
de reintegrarse al medio familiar y social, como muchos de ellos han reclamado. Mantener
las cárceles como en las últimas décadas, resulta, en los hechos, un atentado contra la
seguridad pública, y un estado de violación de derechos humanos que desprestigia al
país y desvirtúa la democracia.
|
[arriba]
 [principal]
[otros idiomas / other languages] [historia] [info] [novedades] [colabora]
[escríbeles] [prensa]
[comisión] [e-mail]
[foro] [desdeadentro]
[links] [judiciales]
[adhesiones] [DD.HH.]
|
|
 |
