UN NUEVO NEW DEAL ESTÁ
EN MARCHA
Yann Moulier Boutang
Veinte años de consenso sobre el paro borrados
de un plumazo. Acabado el pensamiento único de la fatalidad, trastocadas
las articulaciones de la mundialización, la moneda única
y los criterios de Maastrich. La lucha de los parados por necesidades
inmediatas, de absoluta urgencia, no dio frutos únicamente por lo
que estos nuevos pobres, que una sociología llorona describe como
"inútiles para el mundo" han conseguido arrancar en un mes y medio,
mucho más de lo que los asalariados obtuvieron en 1995. Sino sobretodo
porque el liberalismo de los años 80 ha sido herido de muerte en
su última trinchera: la falsa evidencia de que no había nada
que esperar de la política, de un progreso futuro de la protección
social y la idea que estábamos condenados a no hacer otra cosa que
negociar durante los próximos veinte años el desgaste continuo
de los niveles de bienestar social.
Desde luego, la Izquierda administrativa en el
poder continúa queriendo "una sociedad del trabajo y no una sociedad
de asistidos". Declaraciones de sobremesa entre cincuentones de la Escuela
Superior de Administración. Cierto es que un movimiento sin precedentes
en la Europa de 15 millones de parados se ve denegado con condescendencia
profesoral todo carácter de movimiento de masa. Distingamos: es
el paro el fenómeno masivo, no el movimiento de parados. ¿Y
si este dudoso juego de palabras condujera sólo a aquellos que nos
gobiernan a no medir la increíble claridad de esta señal
? En la historia pluri-secular de las luchas de los Pobres y las
leyes del Estado-Providencia, bien podría ser que este movimiento
social tan particular marcara los inicios de un mar de fondo. Al mismo
tiempo, marcaría el comienzo de una nueva legislación del
"derecho a la vida", como el Speenhamland en la Inglaterra de 1795
y la aparición finalmente en el horizonte de ese New Deal sin el
cual las recetas keynesianas de retorno al pleno empleo son meros encantamientos
agotados. Sin este New Deal la "buena voluntad" de la Izquierda (tanto
de la primera como de la segunda) se muestra, en el mejor de los casos,
sin contenido, impotente y tartamuda, y en el peor de los casos,
obscena, en su apología de la disciplina del trabajo, en su defensa
de empleos pagados con el SMIC e incluso menos, en su obstinación
en querer mantener el carácter "estimulante" de los mínimos
sociales.
Lo que pretendemos señalar aquí
es que, de ahora en adelante, la reivindicación de un salario universal
de ciudadanía debe ser el planteamiento en el cual deberían
centrarse tanto la reconstrucción de un sistema de protección
social en una economía de trabajo intermitente, de trabajo omnipresente
pero poroso y en gran parte invisible a los ojos del viejo trabajo asalariado,
como la redefinición constitutiva de la actividad humana, de las
fuentes reales de la productividad, de la invención, de la creación
de riqueza social, del tiempo de trabajo y el estatuto legal del empleo.
La protección social no debe ser medida a partir del patrón
fijado por el SMIC, por mitades o cuartos del SMIC. Porque el SMIC no es
nada más que un salario de subsistencia. Eso es lo que representan
el tiempo parcial tal y como es considerado por el SMIC, un alumno de formación
profesional denominado "cualificado" que percibe 1800 F, los subsidios
de solidaridad específicos de 2800 F o el RMI, con el que se cobra
un máximo de 2400 F. Se trata de una cuestión de justicia,
también se trata de una cuestión de...creación de
empleos de forma justa.
En una economía moderna, compleja, altamente
capitalista, los parados no están más asistidos que los beneficiarios
de los empleos o que las empresas. Sabemos que una tercera parte de la
renta efectiva del conjunto familiar proviene ya de la redistribución
a través del Estado. Dicho de otra manera, los salarios del sector
privado son "asistidos". Los liberales puros y duros protestan: dejemos
que el mercado haga por sí solo, suprimamos la protección
social, los salarios descenderán pero habrá menos parados
por una parte, por otra, favoreceremos la creación de empleos aunque
estos sean grises (es decir, estén poco protegidos), con tal de
que haya un crecimiento de la economía privada. De hecho, esto es
lo se ha venido haciendo desde hace más de diez años: subvenciones
a las empresas, medidas fiscales, zonas francas y supresión parcial
o total de las cargas sociales. La empresa está ampliamente asistida,
la creación de empleo (la mayoría de las veces con un estatuto
precario) también está subvencionada. Pero esta subvención
disimulada se paga una vez que el Estado se saca de encima las cargas sociales.
Con el resultado que sabemos: más de 3 millones de parados y cerca
de un 85% de los nuevos trabajos que aparecen en el mercado laboral lo
hacen con la forma de estatuto de rebajas. Un verdadero dumping social...
O bien, se dice que el empleo depende de la demanda efectiva. Reducimos
esta última al simple consumo. ¿Que es lo que alimenta el
consumo? Los salarios, responden los economistas atiborrados con la leche
de treinta gloriosos años de pleno empleo. Pero, precisamente, los
salarios dependen del empleo. Y no hay trabajo. Y cerramos el círculo
después de treinta años. La demanda efectiva no depende de
los salarios, sino de las rentas. Es por esta razón que sólo
la renta garantizada es un factor de creación de trabajos normales.
Cuando más de un 70% de los franceses expresan
su solidaridad y su simpatía por las reivindicaciones de parados
y precarios, no es simplemente porque conozcan personalmente a muchos de
ellos. Es también porque cada día hay razones más
sólidas para ello. Desde luego y puesto que existe una asistencia
general, un país rico que ha doblado su riqueza nacional en veinte
años, debe ofrecer toda su solidaridad hacia aquellos que sufren
directamente las consecuencias de la precarización de la actividad.
Es decir, la única garantía contra
la proliferación del trabajo precario sin estatuto (CDD, cursillos
de formación múltiples, imposición de trabajo a tiempo
parcial, interinos) así como contra los salarios muy bajos, son
los niveles elevados de mínimas sociales. Es cierto que el aumento
de los mínima sociales puede significar una crisis del trabajo a
tiempo parcial, que será cada día más rechazado (excepto
si es acumulable con el RMI o el ASS) y un aumento del SMIC. A menos que
se desee convertir Francia en un país con un pleno empleo con salarios
de miseria ( lo que crece vertiginosamente, como en Inglaterra, es la pobreza,
y limitaría el crecimiento sostenible), lo que necesita la economía
es un choque saludable, aumentando la renta disponible para los gastos
habituales. Pero queda todavía otra razón que hace de la
renta universal de ciudadanía la clave de la transformación
de la economía hacia mejor y no hacia peor. No habrá movilidad
sectorial, flexibilidad en la creación de empresas, inversión
en los sectores de alta tecnología, si no hay una nueva forma de
protección que salvaguarde el trabajo inmaterial, ese trabajo no
reconocido plenamente por la sociedad, explotado actualmente sin vergüenza
por las empresas pioneras en su uso. Todos aquellos que trabajan a veces
como asalariados, otras veces por su cuenta, al ritmo de las "carretadas",
a destajo, tienen necesidad de una garantía de renta para desarrollar
su inventiva. Todos aquellos que contribuyen a la productividad colectiva,
a la creación de nuevos territorios productivos, al desarrollo sostenible,
a la calidad de vida, a la salud de la población, son tan productivos
como el asalariado del sector mercantil. La renta de ciudadanía
constituye el reconocimiento del carácter social, colectivo de la
creación de riqueza. Abole el trabajo asalariado en su aspecto corporativista,
disciplinario, de ostracismo, para los que no tienen trabajo.
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