Con el endurecimiento de la represión el Estado Alemán aspira a crear un efecto disuasorio para los inmigrantes potenciales

Desde hace diez años, el Estado Alemán lleva a cabo experiencias de agrupamiento en campos con un grupo estrechamente delimitado de población: refugiad@s que solicitan asilo. Estas experiencias de control y represión van a confluir y ser generalizadas en los llamados campos de agrupamiento. Esta es la consecuencia del acuerdo sobre el derecho de asilo de los partidos estatalistas en diciembre de 1992 y de la ley sobre procedimiento para asilo de verano de 1992.
Tanto el/la que había vivido hasta ahora como refugiad@ en una de las residencias dispersas en la RFA como el/la recién llegad@ que ha logrado filtrarse ilegalmente por una frontera oriental guarecida por electrónica, aparato policial y guardias jurados armados por el Estado, se verán en 8 o 9 de cada 10 casos considerados como «caso evidentemente injustificado» y enviados a uno de los previstos 40 o 50 campos de agrupamiento con una capacidad cada uno de entre 500 y 1000 personas. Salvo que prefieran esfumarse en la ilegalidad.
Para los campos se están aconcicionando antiguas instalaciones militares con tapia y alambradas alrededor, con guardias jurados y controles de acceso. Algunas de las constantes de este régimen, como la superpoblación, las prohibiciones de visita, la mala comida, las limitaciones de movimientos, la presencia obligada, han provocado luchas. Repetidamente se han sucedido las huelgas de hambre, las ocupaciones, sabotajes y las manifestaciones de l@s refugiad@s. A largo plazo y empleado como sistema, el internamiento pretende la desmoralización de la víctima; son sobradamente conocidas las consecuencias tales como la apatía, claustrofobia, agresividades y el establecimiento de jerarquías propias de las bandas.
En los campos se encuentran además cuartelillos de la policía criminal, instalaciones para el uso informático, delegaciones de la Administración de extranjería y una Caja de las Oficinas de Ayuda social. No hay psicólog@s, ni medios de consulta y terapia, p.ej. para refugiad@s víctimas de tortura. Tampoco hay médicos, porque los refugiad@s están prácticamente excluid@s de la asistencia médica. En caso de ausencia injustificada, el/la refugiado pierde, pasados tres días, alojamiento, ayuda social, permiso de residencia y se dicta orden de captura. A través de tales condiciones represivas, el Estado aspira a crear un efecto disuasorio para inmigrantes potenciales. Y también, el aislamiento social y la estigmatización racista de un grupo determinado. Al exponerlo a la curiosidad pública, se amedrenta indirectamente al resto de la población.
El sistema de Ayuda social en la RFA ya no es el último y unitario escalón de la pobreza en la sociedad: desde principios de este año reciben los refugiados un 25% menos de ayuda porque, dicen, no necesitan participar en la vida cultural. Una parte de las ayudas se da en material, la otra con bonos y el resto como limosna en metálico para gastos.
Poco a poco se está formando una rama económica dedicada a la administración de seres humanos: muchos campos son encomendados a empresas privadas o caritativas. El Estado paga un fijo por persona y día -entre 20 y 28 marcos- y cede la administración a los nuevos consorcios. Estos ofertan a la administración desde campos de contenedores «llave en mano», hasta el aprovisionamiento, seguridad y vestido con prendas usadas, incluida la gestoría administrativa y legal de l@s recluid@s. Es un sector económico en expansión alimentado por los 4.000 millones de marcos gastados por el Estado en 1992. Lo que reducen en ayudas sociales para refugiad@s se lo meten en el bolsillo de este nuevo sector de gestión de recursos humanos. Todos los debates sobre recortes en los gastos para inmigrantes se traducen -dada la total dependencia de las decisiones estatales a las que se somete su subsistencia- en una implícita fuente de enriquecimiento para lucrativos sectores conómicos.
Adicionalmente se crean condiciones de explotación laboral de l@s refugiad@s. Desde 1991 se vuelve a dejar trabajar a l@s refugiad@s: 62.000 permisos en 1992; otras formas de trabajo obligatorio se encuentran en discusión. En hoteles, restaurantes y en las cosechas, la contratación barata de refugiad@s es una realidad. A partir de 1993 se espera, como consecuencia del endurecimiento legal por un lado, y de la creación de los campos de agrupamiento y de las medidas masivas de expulsión por otro lado, un paso masivo a la ilegalidad.