UPA. 09/01/02. Este es el texto de la convocatoria envíado por la CGT:

La Ley Orgánica 8/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, más conocida por la "Ley de Extranjería", cumple en estas fechas un año de existencia. El 23 de enero del 2.001 entró en vigor la nueva ley de extranjería, con la que se produjo un enorme retroceso en los derechos y garantías de uno de los sectores de nuestra sociedad, las personas extranjeras que viven en el Estado español. Esta ley, al igual que sus predecesoras, la ley 4/2000 y la 7/85, conciben al inmigrante como mano de obra barata y a la inmigración como un problema, agravando aun más las circunstancias de marginación y exclusión social de la comunidad inmigrante consecuencia del tratamiento meramente policial dado por esta ley a toda la temática de la inmigración. La Ley de Extranjería ignora a los inmigrantes como personas, y como tales con derechos, y dificulta la integración de las personas venidas de fuera que viven y trabajan aquí, propiciando su superexplotación, su exclusión y su rechazo social.

Desde esa perspectiva, los y las trabajadoras extranjeras y sus familias son vistos fundamentalmente como individuos de segunda clase, cuyos derechos están sometidos al "interés nacional", tratados como sospechosos y presuntos delincuentes a los que hay que dar un tratamiento policial, y expuesto impunemente a una situación de precariedad laboral y de indefensión ante la explotación de las mafias y de las empresas que los contratan, ignorando en la práctica cualquier actuación real y seria en el marco de la integración social y la igualdad de derechos.

Mientras vivimos en esta etapa globalizadora de liberalización del comercio sin igual, donde el capital y las mercancías ya no conocen fronteras en Europa, se obstaculiza la libre circulación de ciudadanos entre países pobres y ricos; se elimina la igualdad de derechos fundamentales entre ciudadanos e inmigrantes en situación de regularidad; se elimina para los "sin papeles" derechos fundamentales como los de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga; se limitan los derechos de libre residencia y circulación; se obstaculiza a través de múltiples trabas la reagrupación familiar; se amplía hasta límites intolerables la discrecionalidad del Ministerio del Interior (se despoja a los inmigrantes de sus escasos derechos de asistencia letrada, intérprete o recurso a la justicia); se aumentan los supuestos de infracción y de sanciones de expulsión; se consagra los centros de internamiento -verdaderas cárceles de inmigrantes, carentes de cualquier tipo de garantía jurídica- y se promueve la permanente precarizacion del trabajo de los y las inmigrantes, legalizando a su vez el traslado temporal de grupos de trabajadores extranjeros con billete de ida y vuelta, según sean las necesidades empresariales de los sectores productivos afectados.

La actual Ley de Extranjería está recurrida por inconstitucionalidad a través de varios parlamentos autonómicos, a pesar de la vergonzante actuación del Defensor del Pueblo, Sr. Enrique Múgica, en ese aspecto (ignorando la petición de más de 300 organizaciones sociales que le habían reclamado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad a la ley, por entender que ésta es contraria al cumplimiento de la Carta Universal de los Derechos Humanos); a su vez, es una ley que fue aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta que actualmente ejerce el PP en el Gobierno, sin ningún tipo de consenso con los agentes sociales.

Llamamos a la insumisión de la Ley de Extranjería, porque la consideramos una de las leyes más injustas y nefastas que existen en la legislación actual, porque no da soluciones a la inmigración, a la regularización de los "sin papeles" y a que se generen condiciones dignas y justas para el conjunto de la población que componemos este país.

También llamamos a participar en las movilizaciones que en numerosas localidades del estado se van a desarrollar el sábado 26, convocadas por los colectivos de inmigrantes y los movimientos sociales, para manifestar nuestro rechazo a la actual (y a cualquier otra) Ley de Extranjería.