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Comunicado ante la expulsión colectiva de 37 nigerianos
Madrid.SOS Racismo 14/05/2001. En la madrugrada del 16 de mayo se produjo la expulsión de unos 37 inmigrantes nigerianos que permanecían encerrados en el centro de Internamiento Capucino.
Durante el traslado de los inmigrantes, al menos tres personas resultaron heridas leves en la carga policial realizada en las puertas del centro contra un grupo de personas que trataban de impedir la expulsión de los nigerianos. Diputados de la oposición han planteado al PP que tipo de negociación se ha llevado a cabo con Nigeria cuando no existe un tratado formal de readmisión de inmigrantes con ese país. Los diputados de la oposición afirmaron que el Gobierno a utilizado medio centenar de policías nacionales cubiertos de cascos y armados con porras, que han cargado violentamente contra numerosos miembros de asociaciones solidarias y ONG´s que trataban de impedir que salieran del centro de internamiento los furgones blindados de la Policía, que iban a trasladar a los inmigrantes.
Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y restó importancia a los incidentes denunciados. Según el subdelegado, el traslado de los inmigrantes estaba previsto para realizarse por la mañana ,pero se optó por adelantarlo para evitar el enfrentamiento con algunas ONG's.
Una de estas asociaciones, SOS RACISMO en un comunicado quiso manifestar su profunda repulsa ante la expulsión de estas 36 personas, cinco años después del escándalo ocurrido en 1996, cuando más de 100 inmigrantes fueron drogados con haloperidol antes de ser expulsados.
La ley de extranjería permite que puedan darse situaciones como la que nos ocupa, vulnerando derechos fundamentales y garantías jurídicas internacionalmente reconocidas. En tan sólo cuatro meses desde su aprobación, demuestra cada día que pasa su inoperancia para resolver los "problemas" y "efectos" para los que supuestamente se dijo se dictaba. Más de 50 personas ahogadas en el Estrecho desde noviembre del 2000 muestran que las leyes restrictivas no disminuyen el control de flujos, y en cambio sí que fomentan las entradas clandestinas y aumentan su peligrosidad.
Ante el hecho de la expulsión masiva de 36 nigerianos, SOS racismo manifiesta que:
a) Estas personas llevaban ya 10 meses en territorio español, durante los cuales habían seguido cursos de castellano, formación laboral, etc. Muy probablemente habrían encontrado una oferta de trabajo si se hubieran puesto los medios necesarios para ello. Se expulsa a personas que hace tiempo que están en nuestro país, formadas por el mismo Estado e incorporables al mercado laboral.
b) Durante este tiempo, estas personas estuvieron alojadas y recibieron formación en un CETI (Centro Temporal de Acogida de Inmigrantes), cuyo objetivo es la acogida y la integración. Denunciamos, pues, que el Gobierno está utilizando estos centros como Centros de Internamiento encubiertos, incumpliendo el objetivo de integración para el que han sido creados.
c) Este caso se ha llevado con total secretismo y discrecionalidad. El gobierno ha llegado a un acuerdo puntual con Nigeria para realizar la expulsión, ante la falta de un convenio general con este país en este sentido, pero desconocemos qué contraprestación económica o de otro tipo se ha ofrecido. No sabemos si los nigerianos han recibido asistencia jurídica, y si ésta ha sido o no correcta. Desconocemos también qué ha motivado el traslado de Ceuta a Málaga de estos extranjeros.
d) El número de acompañantes, 86 para 36 expulsados, es absolutamente desproporcionado, y sólo puede responder a la consideración de que se trata de peligrosos delincuentes, cuando su único delito ha sido el tratar de aspirar a una vida mejor que la que tenían en su país de origen. El hecho de que se trate de agentes antidisturbios acaba de reforzar esta hipótesis.
Expuesta nuestra preocupación por esta expulsión masiva y por las condiciones en las que va a realizarse:
a) Pedimos las necesarias explicaciones al Gobierno español,
y el apoyo en esta petición de las instituciones competentes y
de cuantas asociaciones y colectivos quieran sumarse.
b) Reiteramos nuestro llamamiento a las instituciones, en especial al
Defensor del Pueblo, para que denuncien esta expulsión masiva,
y exigimos al Ministerio del Interior que rectifique la decisión
tomada.
c) Instamos a la sociedad a que reaccione de forma activa contra esta
actuación y, en general, contra la política migratoria del
Gobierno español y la ley de extranjería.