El gobierno español vende armamento y material de tortura a dictaduras de todo el mundo

Madrid. Opinión Libertaria.20/6/01. Ignorando las violaciones de derechos humanos y las recomendaciones de las organizaciones humanitarias y de instituciones como la Unión Europea, el gobierno español vende armamento y material de tortura a dictaduras de todo el mundo, según un informe de Amnistía Internacional denominado "Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2001".

A medida que el peso económico de España en el mundo se expande, la acción del gobierno en el extranjero se centra cada vez más en defender los intereses económicos y comerciales del país, mientras los derechos humanos pasan a ocupar un lugar cada vez más reducido en esta política", afirma la organización.

A lo largo de 2000, el presidente Aznar y el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, cimentaron unas relaciones privilegiadas con países como China, Colombia, Guinea Ecuatorial, Rusia o Argelia, basadas casi exclusivamente en los intereses económicos de España y donde la defensa de los derechos humanos, gravemente comprometidos en esos estados, ha pasado a un plano insignificante cuando no ha sido directamente obviada.

A lo largo de 2000, el Gobierno español ha concedido créditos a estos países por valor superior a 195.000 millones de pesetas. Ya anteriormente la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona había denunciado la venta de munición española a países que no respetan los derechos humanos ni cumplen con los requisitos del Código de Conducta sobre transferencias de armamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea, como Guinea Ecuatorial y Turquía. España vendió a Guinea a lo largo del año 2000, 11.500 proyectiles por un importe superior a los 180 millones de pesetas. El hecho de que el importe de los productos exportados supere las quince mil pesetas por unidad, evidencia que no se trata de munición común o cartuchería de caza, sino de proyectiles pesados destinados a las fuerzas militares, que son recurrentemente condenadas por su contribución al deterioro de los derechos humanos y de la situación civil en la ex colonia española. En cuanto a Turquía, el propio Ejecutivo ha reconocido ventas de material bélico por valor de 1.781 millones de pesetas durante el primer semestre del 2000, mientras diversos países de la Unión Europea han decidido congelar algunos contratos para la exportación de material de defensa a Turquía.

Amnistía Internacional ha detectado también el tránsito por España de material bélico con destino a Sierra Leona, país bajo embargo de armas por la ONU, y ha identificado la posibilidad que compañías españolas puedan exportan productos susceptibles de ser utilizados para la tortura a países donde se violan los derechos humanos.

Empresas vascas como Larrañaga y Elorza podría haber exportado material de tortura a Ruanda, concretamente grilletes a través de un intermediario británico. «Larrañaga y Elorza tiene representantes en Pakistán, donde se han descubierto escuelas en las que se aplicaban grilletes a niños, en Tailandia o en Yemen. La falta de transparencia es tal que las exportaciones de estos grilletes figuran en los registros arancelarios con los candados». El informe sobre la política exterior española llama también a la responsabilidad de las empresas de nuestro país, cuyo impacto en el exterior es cada vez mayor, para que respeten y fomenten los derechos humanos en los países donde se instalan.

Nutridas delegaciones empresariales han acompañado a lo largo de 2000 al presidente y al Ministro de Asuntos Exteriores en sus viajes en el exterior, y sus intereses son asunto preferente en los contactos de las autoridades españolas con sus homólogos de China, Rusia, Argelia, Marruecos o México. Por ello, Amnistía Internacional recomienda al Gobierno español que fomente códigos de conducta para las empresas españolas que operan en el exterior.