L@s gobernantes de Cantabria tratan de hundir el semanario "La Realidad" a través de querellas judiciales

Santander. La Realidad y grupo de apoyo. 21/06/01.
La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, Laura Cuevas Ramos, acaba de promulgar una sentencia por la que se condena al director y a la cooperativa editora del semanario "la REALIDAD", publicación que lleva en los kioskos algo más de un año, al pago de veinte millones (20 millones) de pesetas a Carlos Sáiz, secretario general del Partido Popular de Cantabria, presidente del Consejo de administración de Caja Cantabria y diputado regional. Aparte de los veinte millones la jueza ha estimado que la cooperativa que edita "la REALIDAD" debe pagar las costas judiciales.

Carlos Sáiz, auténtico hombre fuerte del PP cántabro, había entablado una demanda civil contra ese periódico semanal independiente en la que solicitaba 30 millones de pesetas para restaurar "su derecho al honor", que consideraba mancillado por diversas informaciones incluidas dentro de una sección denominada "Tinta Confidencial", cuyos contenidos suelen ser de matiz irónico y crítico. En los fundamentos de la condena la jueza Laura Cuevas estima que hay delito en el contenido de las informaciones porque "dada la relevancia de los cargos públicos ocupados por el demandante, sembrar dudas sobre su honorabilidad supone un indiscutible desprestigio".

Entiende la jueza Laura Cuevas que se menoscaba la imagen pública del secretario general del PP, al afirmarse en "la REALIDAD" que pasó de ser un simple parado en el año 1995 a gerente del partido conservador y, partiendo de ahí, emprender una fulgurante carrera de éxito como empresario avalado por la poderosa familia de Gonzalo Piñeiro, presidente entonces y actual del PP cántabro. También se afirmaba en las mencionadas informaciones que, durante las pasadas elecciones autonómicas, Carlos Sáiz hizo un viaje relámpago desde Santander a Zürich (Suiza) junto con la secretaria del Grupo Popular en el parlamento cántabro, sin especificar el objeto último del viaje y por lo tanto que se tratara de algo ilegítimo.

Aunque el director del semanario, Francisco Ibarrondo Albo, se acogió al secreto profesional y al derecho a no desvelar sus fuentes informativas, sí que precisó el lugar y el momento de alguna de las reuniones de cargos del PP donde se expresaron ampliamente esos pormenores publicados, adjuntando nombres y apellidos de los testigos que acudieron a las mismas.

Sin embargo, la jueza no tuvo en cuenta esta circunstancia y no consta en la sentencia que llamara a ninguno de esos militantes y cargos del PP a declarar acerca de la veracidad de las informaciones objeto de una condena tan insólita por lo cuantiosa. Es más, el hecho de no revelar las fuentes y el seudónimo del autor de la mencionada Sección "Tinta Confidencial" lo ha considerado la misma jueza una agravante y un claro exponente de la escasa credibilidad de la información. Por lo tanto deduce que esta es falsa y atenta contra el honor de Carlos Sáiz.

A lo largo de la sentencia judicial condenatoria se expone asimismo que las informaciones del semanario "despojadas de toda la ironía y el trasfondo que le imprime el autor, pueden considerarse objetivas y por ello baste leer los artículos para apreciar que el informador pretende claramente -y para ello adorna la información- poner en conocimiento de la opinión pública que el diputado, secretario general del PP y presidente del Consejo de Administración de Caja Cantabria ha conseguido avanzar en política y prosperar económicamente de forma dudosa"...

El semanario LA REALIDAD se circunscribe al ámbito geográfico de Cantabria, es independiente de cualquier partido o grupo de presión y lo edita una cooperativa de periodistas, junto con otros trabajadores de diseño gráfico y administración. Su línea informativa es crítica y se basa fundamentalmente en el periodismo de investigación. Sus informaciones son acogidas con gran irritación por los altos cargos del PP y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que forman un pacto de legislatura y juntos conforman la mayoría absoluta que gobierna en esta Comunidad Autónoma.

Entre estas informaciones destacan los turbios asuntos urbanísticos de una región donde casi 500 viviendas construidas en el litoral han sido condenadas a demolición por los tribunales. Estas urbanizaciones tienen licencia de ayuntamientos del PP-PRC y han sido ratificadas por la Comisión Regional de Urbanismo que preside el vicepresidente autonómico Miguel Angel Revilla, a su vez secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Apenas aparecida esta publicación en los kioskos, tanto miembros del gobierno cántabro como alcaldes del PP iniciaron una secuencia de querellas y demandas civiles que suman en total unos cien millones de pesetas. Entre los querellantes están Miguel Angel Revilla (vicepresidente del gobierno y secretario general del PRC), Federico Santamaría (PP, consejero de Economía y Hacienda), Carlos Sáiz (secretario general del PP, presidente de Caja Cantabria y diputado regional), Francisco Rodríguez Argüeso (portavoz del Grupo Popular en la Asamblea regional), Joaquín Fernández San Emeterio (alcalde del PP en el ayuntamiento costero de Argoños), Ignacio Diego (alcalde del PP por el ayto. de El Astillero, miembro de la dirección regional del PP y presidente de varias empresas públicas).

Apoyos
Finalmente, indicar que a las 20 horas del día de hoy "La Realidad" había convocado una concentración de protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, de la que aún no tenemos más que el comunicado elaborado para la ocasión, que ha sido suscrito por decenas de organizaciones sociales y políticas de izquierda:

MANIFIESTO DE APOYO A "LA REALIDAD"
Las organizaciones y personas presentes en esta concentración queremos manifestar nuestra más profunda decepción por la Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Santander, que condena al semanario "La Realidad" a indemnizar con 20 millones de ptas. al Secretario General del Partido Popular de Cantabria, Presidente de Caja Cantabria y Diputado Regional, Carlos Sáiz.

Estimamos que, aún siendo respetuosos con las decisiones judiciales, hay que decir que esta sentencia hace mucho daño a derechos fundamentales como el de recibir y emitir información o el de la libertad de expresión.

Nos preocupa que algunos altos cargos del Gobierno y Ayuntamientos de esta región estén empeñados en ahogar económicamente, a golpe de querellas, al semanario "La Realidad", y les pedimos que dejen de judicializar la vida política.

Creemos que esta obsesión sólo puede enmarcarse en un contexto como el de Cantabria, en el que su clase dirigente se empeña en silenciar y acabar con todo lo que sea la más mínima crítica hacia su gestión. En la sociedad por la que luchamos no cabe una escala de valores en la que se le da más importancia, al supuesto honor de una persona que a la dignidad de toda una región, que ve cómo una vez más se pretende, desde el poder establecido, fomentar la desinformación y ocultar los desmanes, corrupciones e inmoralidades que se producen.

Nos oponemos frontalmente a las maniobras que intentan hacer desaparecer a "La Realidad", y defendemos la necesidad de que esta publicación siga existiendo. La presencia de este medio de comunicación contribuye al enriquecimiento del capital cultural de la región.

Queremos, también, expresar nuestra más absoluta solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que cada semana sacan a los kioscos el semanario "La Realidad", que pueden ver en peligro sus puestos de trabajo por la prepotencia y la soberbia de la cúpula dirigente que mal gobierna esta región."