CGT.Madrid. 27/11/1. El juzgado de instrucción nº 35 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal presentada por el sindicato CGT contra Francisco Javier Ansuategui, delegado del gobierno en Madrid y contra el cuerpo nacional de policía por su responsabilidad en una brutal carga contra una manifestación autorizada. En esa carga la policía hirió al menos a diez manifestantes y detuvo a dos personas que participaban en una protesta contra la precariedad laboral en el sector del Telemarketing. Según un auto del juzgado "los hechos podrían ser constitutivos de delito" por lo que se practicarán "las diligencias necesarias".

En la mañana del jueves 29 de junio del 2000, la CGT había convocado en la zona centro de Madrid una concentración ante un edificio judicial en el que se iba a celebrar la vista del recurso interpuesto contra varios puntos del convenio colectivo del sector del Telemarketing. Tras la concentración, la central sindical había convocado a nivel estatal una manifestación para hacer visible su oposición a dicho convenio y más ampliamente para protestar contra la precariedad y la subcontratación. Ambos actos, en los que participaron unas 500 personas, habían sido autorizados por el delegado del gobierno y se desarrollaron con normalidad a pesar del desmesurado despliegue policial y aunque durante todo el recorrido de la manifestación, los antidisturbios fueron provocando y obligando a l@s manifestantes a ir en ocasiones por la acera o por el carril bus. Cuando la manifestación subió por uno de los carriles de la calle Gran Vía, al llegar a la calle Montera, dentro del recorrido legalizado, l@s manifestantes giraron para enfilar el último tramo del itinerario hacia la puerta del Sol, entonces sin previo aviso, varios antidisturbios arremetieron a empujones contra l@s sindicalistas partiendo en dos la manifestación y ante las recriminaciones l@s golpearon con las porras.

El saldo de los golpes policiales fue de diez contusionad@s, entre ellos un niño de 12 años. Además dos personas fueron detenidas -una de ellas, la madre del niño herido- y llevadas a comisaría acusadas de haber causado lesiones a dos de los antidisturbios. Según la versión policial l@s manifestantes, que iban por la acera, pretendieron cortar el tráfico por lo que los agentes trataron de "acompañarlos a la acera para que no retuvieran la circulación, pero entonces, tras unos forcejeos, se produjeron agresiones contra varios policías", con el resultado de cinco antidisturbios lesionados. Sorprende este argumento pues la manifestación discurrió por la calzada y es precisamente función de la policía dirigir y cortar el tráfico para permitir el paso de l@s manifestantes. Pese a la violencia policial l@s manifestantes se reorganizaron y terminaron su recorrido.

La protesta sindical coincidió en día y lugar con una serie de pequeñas manifestaciones dentro de un día de acción de la última edición de la "Semana de Lucha Social. Rompamos el Silencio". Para vigilar esta protesta, toda la zona centro de Madrid fue tomada por un impresionante despliegue de policías antidisturbios (una furgoneta en casi cada esquina y varios helicópteros) que no se privaron de cometer todo tipo de abusos contra las personas que participaron en esa protesta. En un comunicado, la central sindical denunció públicamente "la violenta actuación policial que se inscribe en un marco de creciente obstaculización al ejercicio del derecho de manifestación en Madrid, cuyo responsable directo es el delegado del gobierno, el señor F. J. Ansuategui, del que están siendo víctimas los movimientos sociales y sindicales de Madrid".

El juicio contra l@s dos sindicalistas detenid@s se celebró a finales de abril y aunque la fiscalía solicitó para ambos penas de un año y tres meses de cárcel por un delito de atentado, más tres fines de semana de arresto domiciliario por faltas sobre las personas, el juez absolvió a l@s acusad@s. Ahora, un año y medio después de estos hechos la denuncia de la CGT contra la policía inicia su largo trámite.

Según el sindicato CGT, el sector del Telemarketing, es un sector donde la eventualidad ronda el 90% de los contratos, no se respetan las leyes de prevención y a pesar de trabajar en turnos partidos de mañana, tarde y noche incluidos sábados, domingos y festivos, su sueldo anual medio es de 1.410.000 ptas. Además este sector, altamente precarizado, está compuesto casi en su totalidad, por jóvenes que además son mayoritariamente mujeres.