Un menor fue encerrado 24 horas por darle un beso de despedida a una compañera
La coordinadora de barrios pide que la Administración asuma su responsabilidad en los casos de torturas en Centros de Menores

El asunto salió a la luz pública cuando Juan, un menor de 14 años, fugado a mediados de febrero de un centro de acogida, llamado Diagrama, situado en la madrileña sierra de Guadarrama, consiguió denunciar, corroborado después por 5 compañeros suyos, los malos tratos cometidos por los educadores del centro. Por ejemplo, encerrar a los chavales en una habitación pequeña con solo una ventana con rejas, amarrados a un colchón con correas o cinta de embalar. El menor afirmaba en su declaración ante el fiscal de menores que ya pasó siete veces por esta "sala de observación" y que en una ocasión llegaron a ser cuatro días seguidos de encierro. Este caso tuvo bastante bombo en los medios de comunicación, tanto que el Fiscal de menores se personó en este centro para comprobar las denuncias del menor, después de lo cual aconsejó clausurar el centro al ver las gravísimas irregularidades. También parece ser que el subdirector del centro era un guardia jurado y que solo había en el centro dos educadores titulados.

Al día siguiente la directora del Instituto Madrileño del Menor y de la Familia acudió al centro y, tras oír el testimonio de otros cinco menores decidió cerrar el centro más otros dos que gestiona la misma empresa. En la rueda de prensa dada por la Coordinadora de Barrios se quiso destacar en todo momento que, si bien el escándalo hubiera recaído sobre el centro Diagrama (quien cuenta con unos 19 centros por todo el Estado) éste no era un caso aislado, sino que es consecuencia directa de una política única por parte de las administraciones autonómicas sobre las cuales recae la responsabilidad de protección y tutela del menor desamparado. Los Centros de Acogida de Menores Desamparados se crearon en 1998 en Madrid y en varias comunidades autónomas, para "modificar" y controlar la conducta de menores de conducta "disocial". Son una respuesta por parte de la administración a la existencia de cantidad de menores tutelados ,que viven en sus casas y a los que la CAM ya no reconoce sus tutela, pero que tampoco devuelven a sus padres. La situación de estos chavales es ambigua porque su tutela no la tienen sus padres y la administración prefiere desentenderse de ellos situándolos bajo una tutela que media entre la protección y la reforma. A pesar de que el internamiento de los menores no responde a una medida judicial, si no de guarda o tutela, su situación es de total indefensión ante una "educación" que coarta así su libertad y desarrollo.

Estos centros responden a un perfil preconcebido, una reglamentación general que asumen las diferentes entidades privadas que gestionan estos centros con dinero público, basado en técnicas educativas conductistas de premio y castigo Luis San Juan, miembro de la Coordinadora de Barrios en la zona de Canillas, red social presente en medio país, declaraba al respecto ante medios de comunicación lo siguiente: "Los centros de menores están funcionando como una empresa de servicios, como cuando se concierta una empresa de limpieza de basura. Si pasa algo, la comunidad autónoma queda eximida de responsabilidad; la subcontrata paga. Es una manera de quitarse la responsabilidad y de que otros hagan el trabajo sucio... Prima la rentabilidad. Todo esto supone un abaratamiento de costes, que haya trabajadores en precario y con un perfil muy concreto, tipos duros que den soluciones y contengan al menor», señala Sanjuan. «La filosofía es la siguiente: aquí hay un salvaje y hay que domarlo como a un caballo"

Otro tema que ha querido denunciar Coordinadora de Barrioses el abuso de sedantes que se está repitiendo en diferentes centros de menores. Así, a algunos internos se les está administrando tranquilizantes que desinflan al chico y lo dejan manso como un cordero. Ya han sido presentadas diversas denuncias, pero la se han cerrado sin poder demostrar nada.

La Coordinadora de Barrios presentó abundante documentación, entre ella, reglamentos de diferentes centros de acogida donde venían explicitadas la "metodología educativa" anteriormente descritas. Así como una gráfica de control individual del Centro de acogida O Belem, de Toledo, donde se ven materializadas las reglamentaciones generales de la administración, donde se tipifica como castigo el aislamiento en un cuarto con sujeción física de correas.

Después de la alerta despertada por la denuncia , diferentes medios de comunicación tomaron el relevo y han investigado las reglamentaciones internas de diferentes centros de acogida del Estado. Así por ejemplo en los centros gestionados por Diagrama se consideran «faltas leves» el hecho de «llamar a los compañeros por el mote», «ducharse sin gel», «no lavarse las manos antes de las comidas», «contar batallitas», «llamar al educador sin motivo justificado una vez acostados», «hablar gritando»... En el centro Altamira, en Madrid, del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, los menores son obligados a desnudarse, y someterse a una exploración visual tras cada visita, "por si les meten droga". Los críos pueden estar hasta tres días recluidos en una celda de aislamiento. Un menor fue encerrado 24 horas por darle un beso de despedida a una compañera que dejaba el reformatorio. Si un menor eructa mientras come o suelta un taco, es apartado del resto. Las puertas están cerradas con llave. Si dos chavales se enzarzan en una pelea, son recluidos un día, incomunicados.

La Coordinadora de Barrios anunció su intención de denunciar por ahora, además de a Diagrama de Madrid, a otros dos centros, uno El Picón, de Extremadura y el O Belem de Toledo. También pretenden que la Administración asuma su responsabilidad en el régimen de tutela creado y la revisión de una ley que ha dado carta blanca para que estos abusos se puedan cometer en estos centros.

Eli