El proyecto del llamado PHN presentado a la opinión pública, no es ni pretende ser otra cosa que un ejercicio de retórica hidráulica destinado a intentar justificar el trasvase del Ebro. De hecho, todo el proceso de planificación hidrológica que se viene desarrollando en España desde mediados de los años 80 tiene como finalidad obvia apoyar la realización de grandes trasvases de agua en dirección norte-sur. Los planes de cuenca no han tenido otro objeto que el de clasificar arbitrariamente las cuencas en excedentarias y deficitarias, para que el concepto de trasvase acabe apareciendo ante la opinión pública como la consecuencia natural de la realidad hidrográfica de la península ibérica.

Al mismo tiempo, los trasvases han sido presentados como una necesidad vital de las cuencas designadas como deficitarias, las cuales, sin estas aportaciones hídricas, estarían abocadas al colapso económico y social. Sin embargo, a poco que se examine la situación real de las zonas a las que podría llegar el agua del trasvase del Ebro, se observará que los posibles beneficiarios de esta operación se circunscriben a un reducido círculo de agentes económicos, mientras que la inmensa mayoría de la población del litoral mediterráneo va a resultar seriamente perjudicada en sus intereses económicos y medioambientales. Cabe limitar por el momento el análisis a 3 aspectos concretos: la habitabilidad de la costa mediterránea, los mercados turísticos, y los mercados agrarios.

El deterioro de la habitabilidad

En las provincias de la costa mediterránea peninsular viven más de 12 millones de personas, que además se concentran en su inmensa mayoría en una franja costera cuya anchura oscila entre unas pocas decenas de kilómetros. Asimismo, en este espacio se amontonan varios millones de plazas turísticas y de residencias secundarias, producto del desarrollismo turístico de las últimas décadas, que ha continuado hasta hoy. (..) Con los estándares actuales de consumo por persona, los 400 Hm3 que pretende aportar el trasvase para usos urbanos permitirían abastecer a una población del orden de 6 millones de nuevos residentes permanentes. Además, las mejoras de eficiencia que se están consiguiendo progresivamente mediante la introducción de mejoras tecnológicas a lo largo de todo el ciclo de abastecimiento, una vez aplicadas tanto a los nuevos recursos del trasvase como a los recursos actualmente dilapidados, permitirían abastecer, en el futuro, a varios millones de personas más.

De este modo, si se llegase a aprobar el trasvase, la disponibilidad de agua dejaría de actuar como un freno a la expansión urbanística en las provincias mediterráneas, para pasar a actuar como un potente factor de estimulación. A largo plazo, se podría llegar a doblar la población de las provincias "beneficiadas" por el trasvase. Además, dado que el agua del trasvase se distribuirá a lo largo de la costa, este incremento poblacional se acumularía en la ya abigarrada franja costera. Apenas es necesario señalar el espectacular deterioro de las condiciones de habitabilidad del litoral mediterráneo que cabría esperar de una evolución de este tipo, y la brutal pérdida de calidad de vida que ello conllevaría para sus habitantes actuales.

La degradación de los mercados turísticos

Una espiral de crecimiento poblacional y urbanístico como la que se podría inducir al amparo del trasvase ocasionaría una paralela espiral de degradación en el sector turístico del mediterráneo español. En efecto, al desaparecer, como ya se ha indicado, uno de los pocos factores limitantes que –tras la última y más que desvergonzada reforma de la Ley del Suelo– aún subsisten para el desarrollo urbanístico, millones de nuevas plazas turísticas y millones de nuevas residencias secundarias podrían superponerse a las ya existentes.

Para satisfacer las exigencias de toda esta nueva población turística y residente, nuevas infraestructuras de transporte y de todo tipo tendrían que hallar acomodo en la ya saturada franja costera: nuevos aeropuertos o ampliaciones de los existentes, nuevas autopistas longitudinales y transversales, nuevas instalaciones de tratamiento de residuos y producción y transporte de energía, nuevos espacios logísticos para el abastecimiento turístico, etc.

En tales condiciones de saturación de población y actividad, sería obviamente imposible aspirar a mantener unas condiciones mínimas de calidad ambiental, exigencia crecientemente indispensable para la reproducción de una demanda turística estable y rentable. (..)

La ruina de los mercados agrarios

El trasvase del Ebro aportaría directamente del orden de 600 Hm3 de agua a la agricultura mediterránea. Además, la reutilización agraria de las aguas residuales urbanas depuradas está ya muy generalizada en la costa mediterránea, y se va a afirmar aún más en el futuro, por lo que cabe esperar que al menos dos terceras partes de los 400 Hm3 de agua trasvasada destinada a usos urbanos –el retorno mínimo de los sistemas de depuración–, acaben también irrigando cultivos mediterráneos. Por último, se afirma en el PHN que el trasvase vendría acompañado de grandes inversiones en mejoras de eficiencia en los actuales sistemas de riego, lo que podría generar disponibilidades complementarias de muchos cientos de Hm3 más (..).

Si se tiene en cuenta que en la agricultura mediterránea cada m3 de agua puede generar por término medio, con las actuales tecnologías de riego, producción agraria por valor de más de 300 pta. (de hecho se superan las 1.000 pta./m3 en algunos invernaderos de Almería), se observará que el trasvase del Ebro podría elevar las producciones actuales en varios cientos de miles de millones de pta., y eventualmente hasta medio billón de pta. Esta última cifra es aproximadamente el volumen que alcanzó en 1998 la producción final agraria de toda la Comunidad Valenciana, incluyendo todos los subsectores, esto es, forestal, ganadero y agrícola, tanto de secano como de regadío.

¿Alguien ha evaluado el efecto que podría tener semejante avalancha de nueva oferta sobre los precios agrarios? Los mercados de la agricultura mediterránea están, para muchos productos, prácticamente saturados, y los países del Norte de Africa están entrando en muchos de estos mercados con precios muy inferiores a los españoles, habiéndose generado ya en las últimas temporadas diversos conflictos por esta razón. (..) No es difícil pronosticar que, en una situación como ésta, una ampliación masiva de la oferta sólo redundaría en una caída profunda y generalizada de los precios. Con toda probabilidad, los perjuicios globales para el conjunto del sector agrario mediterráneo serían mucho mayores que los posibles beneficios a obtener por los nuevos regantes. Éstos son en la mayoría de los casos, como implícitamente reconoce el propio borrador del PHN, grandes propietarios de antiguas fincas de secano que fueron transformadas en regadío de modo más o menos legal o precario, sobre la base de las grandes expectativas del trasvase Tajo-Segura, pronto frustradas, o a diversas operaciones de sobreexplotación de acuíferos que se han revelado insostenibles. Estas grandes extensiones no están en producción regular porque no tienen aseguradas las dotaciones de agua necesarias, pero entrarían en plena producción en régimen intensivo en cuanto recibieran los nuevos caudales.

En esta situación, resulta muy sorprendente ver cómo el sector agrario mediterráneo actual defiende ardientemente un proyecto que va a incrementar dramáticamente la competencia en su propio ámbito productivo, dinamitando los precios y ocasionando, con toda probabilidad, la ruina definitiva de miles de pequeños y medianos agricultores.

No menos sorprendente resulta la postura de Bruselas, que no ha hecho pública de inmediato su más rotunda negativa a financiar esta descabellada obra. En efecto, es bien sabido que la Política Agraria Común constituye el mayor lastre económico de la Unión Europea. Más de la mitad del presupuesto comunitario se emplea en subvenciones agrícolas, básicamente dedicadas a mantener en pie la llamada agricultura continental (cereales, lácteos, etc.), generadora de grandes excedentes y cuyos precios de mercado no alcanzan a rentabilizar las explotaciones. Por el contrario, la agricultura mediterránea llamada "de primor" o intensiva (hortalizas, cítricos, etc.) no es en general objeto de subvenciones, dado que sus producciones son absorbidas por los mercados a precios que compensan los costes de producción, aunque cada vez con más dificultades, como ya se apuntaba más arriba.

Este precario equilibrio de la agricultura mediterránea intensiva, que la mantiene mal que bien fuera del sistema de subvenciones, se acabará con el trasvase del Ebro (..) y pasará a ser generadora de gigantescos excedentes con precios de mercado ruinosos.

La trasnochada envoltura tecnocrática con que se ha presentado el proyecto no podrá impedir que los análisis críticos de las consecuencias del trasvase, que sin duda se van a ir realizando con profundidad creciente en los próximos meses, ofrezcan muchas más sorpresas como las arriba esbozadas. Se irá demostrando con datos cada vez más contundentes que la ejecución del trasvase resultaría a largo plazo aún más perjudicial para los intereses de los residentes de las cuencas receptoras, que para los de las cuencas cedentes, amén de ser una operación grotesca para las arcas europeas. Aunque a costa de unos y otros harían su agosto, claro está, las empresas hidroeléctricas monopolistas, un puñado de grandes regantes, y un pequeño grupo de grandes promotores urbanísticos. En definitiva, nada nuevo en la vieja política hidráulica española.

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