Desde que la organización armada ETA dio por concluida, el pasado 28 de noviembre de 1999, la tregua que unilateralmente ella misma había declarado meses antes, se han ido acumulando nuevamente sobre la mesa del panorama político nacional las muertes y los atentados. A fecha de hoy, suman ya 28 las víctimas mortales de ETA desde la ruptura de la tregua. Estas líneas no pretenden ser más que una modesta aportación, desde la sociedad civil, encaminada a la construcción de un escenario político y social que posibilite la futura superación de todas las expresiones de violencia del conflicto vasco. Igualmente tienen como objetivo denunciar públicamente las posiciones ideológicas de aquellos que, desde la autodenominación de "demócratas" y contando con toda la maquinaria mediática del estado español, silencian y niegan todo discurso diferente al suyo imposibilitando con ello posibles soluciones al conflicto. Con el fin de hacer llegar la propuesta política aquí planteada del modo más claro y ordenado posible, procederemos al desarrollo argumental siguiente: trataremos de definir los puntos de partida que caracterizan al conflicto vasco, intentaremos plantear los caminos que racionalmente se deriven de dichos puntos para alcanzar la paz y abordaremos las subsiguientes conclusiones. Premisa primera: toda expresión de violencia, sea ésta del tipo que sea y provenga de quien provenga, es repudiable (aunque no por ello condenable o ilegítima). Se deriva de ello por tanto la incuestionable necesidad de perseguir marcos de no-violencia.

Premisa segunda: El objetivo político único y final definido hasta la saciedad por los "demócratas" a la hora de abordar el conflicto vasco ha sido y es la paz. No existe ningún otro objetivo declarado por parte de los principales partidos políticos del Estado español más que la paz. Paz que además no tiene precio, no se negocia.

Premisa tercera: el problema vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado español y el Estado francés. La resolución de dicho conflicto debe ser necesariamente política. Seguramente esta premisa, compartida por una gran parte de la sociedad vasca, no lo sea tanto en el resto del Estado español. Pero las pruebas de que verdaderamente el conflicto es político, y no "criminal" (como pretenden hacernos creer los medios de comunicación), son innegables: ETA ha matado casi a 800 personas desde que se creo, en torno a un cuarto de millón de ciudadan@s vascos les apoyan y otros 300.000 comparten sus objetivos políticos (aunque no sus medios), más de 3.000 ciudadanos vascos han cumplido y cumplen condenas de cárcel y otros 20.000 abertzales han sido detenidos desde 1978 …Pero por si estas cifras no hablasen por sí solas de las dimensiones del conflicto, de que éste no es policial sino político, y de la imposibilidad fáctica y la torpeza política que supone criminalizar a un 15% de la población vasca, tenemos la guinda de la hipocresía: el gobierno español mantiene la tesis de que el conflicto vasco no es un conflicto político, y sin embargo trata a los presos de ETA como si lo fuera. ¿Cómo, si no, se explica la política penitenciaria del Ministerio del Interior basada en el sistemático incumplimiento de la legalidad española vigente (dispersión geográfica, cumplimientos generalizados superiores a los 3/4 de las sentencias…)?

Ante problemas políticos, soluciones políticas. La derrota policial de ETA no es posible en la medida en que una supuesta desactivación de la estructura militar de la organización sería siempre temporal mientras no se eliminasen al mismo tiempo las circunstancias politico-sociales que constituyen el germen del conflicto y, por tanto, el motor del apoyo social aberzale. Acordadas estas premisas, ninguna de ellas a mi juicio descabellada, pasemos a examinar los caminos políticos que se abren ante nuestros pies. Recordemos para ello cual era el objetivo final perseguido: la paz.

Los "demócratas" españoles y su aparato propagandístico han repetido hasta la saciedad que con los "violentos" no se negocia, que primero ETA tiene que dejar de matar, y que luego se negociará. Y yo, desde la más honesta ingenuidad, me pregunto…¿qué es lo que hay que negociar con ETA y con su brazo político una vez que la organización armada haya dejado de matar? La respuesta es NADA, por que lo que hay que negociar es precisamente eso: que dejen de matar. Decir que para que haya paz lo que hace falta es que ETA deje de matar es como no decir nada; es una tautología política y mediática carente de argumento. Para que una pared esté blanca no tiene que ser blanca: es necesario pintarla.

Si realmente el objetivo perseguido por los "demócratas" fuese la paz, única y exclusivamente la paz, ésta sería fácilmente alcanzable. Bastaría con afrontar el reto político de crear un escenario de negociación abierto, sin exclusiones, donde participe el conjunto de la sociedad vasca y donde se sienten las bases que permitan a Euskal Herria tener la última palabra respecto a la conformación de su futuro. La autodeterminación del pueblo vasco, plasmado en forma de referéndum en un marco exento de violencia, debe ser la pieza clave que articule el proceso de paz. Indudablemente las dificultades de dicho proceso serían, pero nunca insalvables con voluntad política. Dificultades similares o mayores plantean los conflictos abiertos en Irlanda o Palestina y sin embargo se han iniciado procesos de diálogo.

No obstante, este camino parece difícil. Los "demócratas" parecen empeñados en no ver que, si su objetivo único y final fuese exclusivamente la paz, ésta no se nos antojaría tan lejos. La responsabilidad política, ética y moral a la que se enfrenta ETA después de cada atentado es inmensa, cada vez más. Es la responsabilidad de aquellos que han optado por la lucha armada, y por tanto por la muerte, como instrumento para conseguir un fin políticamente tan legítimo como cualquier otro, pero que queda desvirtuado por sus medios. Sin embargo, la responsabilidad a la que se enfrentan el gobierno del PP y sus aliados en la oposición es mayor aún si cabe, pues en sus manos está la posibilidad real de desactivar el conflicto vasco y no lo hacen. La diferencia radica en que ETA es una organización armada que se legitima en base a su propia estructura militar y a sus apoyos sociales, mientras que el Estado español, supuestamente democrático y de derecho, pretende anclar su legitimidad en la legalidad vigente, no siendo posible comparar el grado de responsabilidad de unos y otros en la consecución de la paz. De lo único que es capaz este gobierno es de promover y convocar manifestaciones; es decir, lo único que no le corresponde.

Así pues, se nos antoja difícil creer, después del ejercicio anterior de intentar plasmar el conflicto vasco en sus más simples elementos, que el único y final objetivo del los "demócratas" sea el de lograr la paz. Parece más bien que, en contra de lo que ellos mismos repiten una y otra vez en sus medios de comunicación, la paz sí tiene precio, y además no están dispuestos a pagarlo. El precio de la paz, hoy por hoy, asciende al caro sacrificio que para el nacionalismo español supone el posibilitar un proceso de autodeterminación para Euskal Herria; proceso de autodeterminación que podría llegar a concretarse política y jurídicamente en forma de independencia.

De esta manera, llegamos a un punto en el que nos vemos obligados a cuestionar y redefinir una de las premisas de las que partíamos; la segunda: no es cierto que el único y final objetivo de los "demócratas" sea la paz. Sin lugar a duda éste es uno de sus objetivos a la hora de abordar la cuestión nacional vasca, pero no el prioritario. El objetivo prioritario sigue siendo, a corto plazo, la rentabilización política y electoralista del conflicto por parte de PP y PSOE, y, en última instancia, el mantenimiento de la unidad política y territorial de España, y el precio que están dispuestos a pagar por ello (en vidas humanas) es tremendo. El propio gobierno así lo reconoce: "los concejales del PP están escribiendo una página gloriosa en la historia de España; ni un paso atrás". Vemos ahora como la paz, cuando es la propia maquinaria del Estado español quien lo fija, sí que tiene un precio.

Nacho A.