El pasado 24 de Marzo comenzaron las movilizaciones de protesta contra el segundo traslado de residuos nucleares desde la central de reprocesamiento francesa de La Hague al cementerio alemán de Gorleben. Se trata de residuos provocados por las centrales nucleares alemanas que se trasladan a Francia para ser sometidos a un proceso de vitrificación. Debido a la oposición social a estos transportes el anterior gobierno alemán había suspendido estos viajes, pero a principios de año el canciller Schroeder pactó con el gobierno Jospin el retorno de los residuos a Alemania como condición previa a que La Hague acoja nuevos envíos, y su almacenamiento en unas minas de sal en Gorleben.

Desde el primer día se sucedieron las manifestaciones en Francia, pero sobretodo en Alemania. 15.000 personas en Lünenburg denunciaban el riesgo de los contenedores Castor que portan los residuos así como su oposición al modelo energético nuclear. A lo largo de todo el recorrido se intentaron establecer acampadas de protesta que en muchos casos fueron desalojadas por la masiva ofensiva policial (hasta 30.000 policías fueron movilizados a ambos lados de la frontera), pero aún así miles de activistas lograron instalarse en acampadas desde las que se lanzaron acciones para el bloqueo del convoy policial-nuclear. Barricadas en la línea ferroviaria y en las pistas forestales por las que se movía la policía se sucedieron entre Lünenberg y Gorleben.

Activistas de Greenpeace consiguieron bloquear durante dos horas el convoy ya casi en el mismo punto de partida, pero la más sonada y mediática de las acciones fue la de cuatro militantes del grupo Robin Wood (escisión activa de Greenpeace) que lograron detener y retrasar el convoy casi 24 horas encementándose a las vías ferroviarias. Policías, bomberos y cerrajeros tuvieron que emplearse a fondo durante 15 horas para desalojar a los militantes ecologistas. Al final el convoy llegó a Gorleben, con retraso, dejando una estela de enfrentamientos, decenas de detenidos, y un agrio debate social sobre los enormes gastos que las protestas antinucleares provocan en seguridad y vigilancia policial.

Precisamente eso es lo que pretende el movimiento antinuclear, encarecer los transportes de residuos para presionar así por el cierre de las centrales nucleares.

El gobierno de coalición SPD-Los Verdes ha acordado el abandono definitivo de la energía nuclear como prometieron en la campaña electoral, pero debido a las presiones de la industria nuclear y del entramado económico y financiero, este cierre se ha pospuesto hasta el año 2025, algo que ha exasperado a las bases socialdemócratas y sobretodo a las bases de Los Verdes, que se sintieron traicionadas cuando el Ministro verde de Exteriores Fischer apoyó los bombardeos de la OTAN contra Serbia y que se sienten totalmente decepcionadas con el verde ministro de Medio Ambiente Trittin por su pusilanimidad a la hora de defender el parón nuclear.
En esta coyuntura el movimiento ecologista (tanto dentro como fuera de Los Verdes) ha decidido tensar la cuerda precisamente por donde más le duele al gobierno y al empresariado: en lo económico. Son conscientes de la inevitabilidad del reprocesamiento y traslado de los residuos, pero encarecer desorbitadamente estos convoyes es la estrategia de presión más efectiva para que se adelante el prometido desmantelamiento nuclear.

El movimiento ecologista alemán ha demostrado públicamente su disposición a colaborar en la resolución del problema de los residuos nucleares siempre y cuando se dejen de producir, es decir cuando se cierren las centrales nucleares; mientras tanto han prometido boicotear y dificultar al máximo el trasiego de basura radioactiva. Y lo están consiguiendo, así como deslegitimar públicamente un modelo energético irracional, antipopular, peligroso y antiecológico.

En esta monarquía bananera en la que vivimos deberíamos tomar buena nota, toda vez que con el gobierno PP estamos asistiendo en silencio a un incremento del uso de la energía nuclear, cuyo lobby goza de influencia en las bancadas populares. Un incremento sutil que no se lanza a abrir nuevas nucleares por la oposición social que éstas generan, pero que está aumentando la potencia de las ya existentes, y lo que es más grave, está alargando la vida de las más viejas contra todo criterio de precaución.

El 18 de Abril la Junta de Seguridad Nuclear decidió prorrogar la vida de Zorita (Guadalajara) hasta el 2007, cuando su cierre estaba previsto para el año próximo, con el agravante de que esta central vetusta ha tenido serios problemas de seguridad al detectarse grietas en la tapa del reactor hace cuatro años.

El mismo problema de residuos que tiene Alemania se tiene aquí, sólo que ningún gobierno se ha atrevido a designar un lugar para el almacenamiento de los residuos más peligrosos, que de momento se hacinan en las propias nucleares; pero éstas están al límite y es de prever que pronto el PP decida coger la patata caliente.

Como el ejemplo alemán pone en evidencia, no se puede esperar que gobiernos e industria vayan a ceder en su locura desarrollista sin una contundente, masiva y constante movilización social que les denuncie, deslegitime y sobretodo que les cueste millones, muchos millones de euros.

Más info en:
www.gmx.net
www.indymedia.org
www.info.partisan.net
www.nadir.org

Nandu