En libertad los jóvenes valencianos encarcelados tras las protestas contra el desalojo de un centro social

Tras devolver la audiencia nacional al juzgado de Valencia el sumario de los cuatro libertarios acusados de terrorismo por haber participado presuntamente en acciones de protesta tras el desalojo de un centro social okupado, las acusaciones quedaron sensiblemente rebajadas. Así el polémico juez instructor de Valencia que había ordenado los encarcelamientos, no tuvo más remedio que acceder a las demandas de los abogados defensores y conceder la libertad a los encarcelados. A mediados de marzo, los tres jóvenes que permanecían desde octubre en la prisión de Picassent (uno de los cuatro detenidos fue puesto en libertad provisional en diciembre pasado) eran recibidos a las puertas de la cárcel por centenares de personas.
El traslado del sumario al tribunal especial de Madrid, único competente en delitos de terrorismo, había sido forzado por los abogados defensores de los jóvenes con la esperanza de conseguir lo antes posible su puesta en libertad (Ver Molotov anterior). Y, efectivamente, el cinco de marzo, el juzgado de la audiencia nacional que dirige Ruiz Polanco, informaba que desestimaba los cargos de “terrorismo” contra los cuatro jóvenes por falta de pruebas y que devolvía el sumario al juzgado del que salió. Con este paso, los cargos contra los jóvenes quedan sustancialmente rebajados, ya que pasan de asociación ilícita y daños y destrozos con el agravante de terrorismo a una acusación por daños y lesiones, que eran los cargos iniciales. Tras la espera de la llegada del sumario, los abogados defensores pidieron la inmediata puesta en libertad de los tres encarcelados. El once de marzo, después de mantenerlos en prisión por más de cinco meses sobre la base de informes policiales sin pruebas, el juez instructor Luis Francisco de Jorge Mesas les dejaba en libertad provisional bajo unas fianzas de 4.000 euros por persona. Dos días más tarde, una vez satisfechas las elevadas fianzas, abandonaban la cárcel.
Ahora cabe reflexionar sobre cómo devolverán a estos jóvenes, a sus familiares y amigos estos cinco meses de sufrimiento y aislamiento (les fue aplicado el régimen especial de vigilancia reservado a los encarcelados por delitos de terrorismo) que han pasado en la cárcel, por culpa de un juez que les encarceló por protestar contra un desalojo sobre la base de un claro montaje politico-policial. Atrás quedan también muchas asambleas, charlas, concentraciones, debates, conciertos, páginas de diarios y textos así como numerosas muestras de solidaridad y apoyo a lo largo y ancho de todo el estado y de fuera también. /Pepín

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