PEPÓN
El 27 de abril tuvieron lugar las elecciones en Argentina en un clima enrarecido. Sirvan de ejemplo el que la pobreza alcanza al 57% de la población, que está pendiente una reforma del sistema bancario, que el FMI quiere “negociar” en el marco de un nuevo acuerdo, que los candidatos electorales con más posibilidades tienen que pagar al público para que acuda a sus mítines, en un contexto de desprestigio de las instituciones, pero también de resignación de una parte de la población. A esto se le suma un repunte de las protestas populares a causa de las constantes provocaciones de la judicatura y de un gobierno que mira para otro lado ante las exigencias sociales.
Para hacernos una idea de la situación actual, reproducimos un articulo de contexto y varias informaciones sobre agresiones a los organismos populares.

Para ampliar información: redaccion@anred.org, www.obrerosdezanon.org, prensaobrerosdezanon@neunet.com.ar, www.argentina.indymedia.org.


“Una clara escalada represiva contra nosotros”

>> El 14 de abril la policía desalojó a la asamblea barrial de Lezama Sur (...). El 18 de abril a la madrugada, cerca de 300 uniformados arremetieron brutalmente otra vez contra los trabajadores de Brukman. Durante la misma semana, la mayoría de los candidatos presidenciales (con especial dedicación Carlos Menem y Ricardo López Murphy) centraron sus discursos de campaña en la expulsión de los piqueteros de las calles. En batallas verbales disputaron quién reprimirá más fuerte a los desocupados organizados. Ni los aprietes, ni los desalojos, ni la criminalización de la protesta son nuevos, pero está cada vez más claro que forman parte de un mismo rompecabezas.

En una pequeña carta que hizo circular por Internet, el Chango, un vecino humilde de la Asamblea Popular Caminito, daba la noticia de que junto con sus pares acababa de recuperar una ex sede bancaria en la Boca e instalado allí un comedor. Fue algo muy especial para una asamblea que no hace mucho descubrió varios chicos desnutridos entre su gente, una situación favorecida por la dificultad en el acceso a los bolsones de comida. Confesaba el Chango, a la vez, su temor porque “varios locales de asambleas han sido desalojados”. No entiendo, acotaba, por qué “el Gobierno y muchos vecinos desinformados no nos apoyan” en vez de “considerarnos enemigos”. (...)

La máquina de expulsar y amedrentar se dirige al activismo que, aunque en algunos casos preexistente, cobró ímpetu después del 19 y 20 de diciembre de 2001. Para actuar suele invocar la propiedad privada o algún otro argumento económico y se mete en aquellos espacios que vienen mostrando ser laboratorios de proyectos transformadores (algo de lo que la dirigencia política carece): empresas o edificios deshabitados y reconvertidos en comedores o centros culturales por vecinos y desocupados, fábricas quebradas o vaciadas resucitadas por sus obreros, instituciones públicas o privadas rescatadas por asambleístas.

Uno tras otro
Cuando los ex obreros de la fábrica Sasetru, en Avellaneda, comenzaban a hacer funcionar la empresa alimentaria que llevaba 19 años cerrada, llegaron 700 policías para echarlos, reprimiéndolos con balas de goma y gases lacrimógenos. El abogado de los trabajadores fue detenido.

El 23 de marzo, 50 efectivos de Infantería entraron al predio recuperado por el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de San Telmo para sacarlos apuntándoles con sus ametralladoras y llevarse cuatro detenidos.

El 11 de abril un pelotón de Infantería reprimió a un grupo de cartoneros que había cortado el Puente La Noria. La televisión mostraba arrestos, pero la policía los negaba.

La asamblea popular de Parque Avellaneda, que tiene un comedor que atiende a más de 150 personas por día, fue atacada a balazos. Los caceroleros de Boedo fueron desalojados del local de una veterinaria vacía donde hacían sus actividades y los de Haedo y Paternal están hace días bajo amenaza de correr la misma suerte.

Los asambleístas de Córdoba y Anchorena, que batallan hace un año para que el Centro de Salud 11 funcione y distribuya leche a los pobres, habían sido invitados por las autoridades a una reunión. Al llegar a la cita los esperaba un cordón policial y el anuncio de que la directora les había iniciado una causa judicial por una toma pacífica del lugar que habían hecho días antes para debatir cómo sacarlo a flote.
La asamblea de Floresta, que nació con las protestas por asesinato de los tres chicos de ese barrio a manos de un ex policía, sufrió hace dos semanas el secuestro con torturas, por 36 horas, de uno de sus miembros.

En los mismos días, la Justicia de Salta encarceló a cuatro piqueteros [que a fecha de hoy siguen encarcelados].En todos los desalojos de viviendas donde aparecen organizaciones sociales resistiendo hay un gran despliegue de fuerzas de seguridad. El caso del Padelai, en San Telmo, fue impresionante. La policía valló tres cuadras a la redonda. El operativo dejó más de 10 heridos y 50 detenidos. Hay montones de otros ejemplos por todas partes. (...)

En alerta
La expulsión de la asamblea Lezama Sur, a la que se agregó la de la textil Brukman, terminó de decidir a un enorme grupo de intelectuales y académicos a intentar conformar una “red antirrepresiva”. “Vemos una clara escalada represiva, que se acentúa en un momento de vulnerabilidad de los movimientos sociales donde convergen dos cuestiones: en el orden electoral, la derechización del gobierno y de la política, y en el orden interno de las organizaciones, más allá de la movilización, aparece una fragmentación preocupante. Es cierto que la contienda electoral produce realineamientos internos, pero a su vez tiende a imponerse más una lógica de conflicto que de cooperación. Como intelectuales creo que debemos unificar posiciones en torno de un discurso antirrepresivo antes que ahondar las contradicciones político ideológicas”, analiza la socióloga Maristella Svampa. A ese panorama, dice, se suma “cierta naturalización del accionar represivo, ligada a que hay poca información y a que parece estar cerrándose ese espacio de resonancia que se había abierto en las clases medias y las fuerzas sociales movilizadas. A raíz del 26 de junio, cuando la gente se movilizó para denunciarlos asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán, parte de la sociedad descubrió otras dimensiones de las organizaciones piqueteras (por ejemplo, el trabajo solidario). Pero eso se está perdiendo. Sectores otrora llamados ‘progresistas’, asustados por el (supuesto) ‘desborde social’, terminan avalando en nombre de la ‘gobernabilidad’ candidatos que proponen salidas duras y neoliberales”, completa Svampa. (...)

Norma Giarraca, socióloga rural, piensa en voz alta: “¿Qué quiere el Gobierno, qué quieren los políticos? ¿Demostrar que va a terminar con los movimientos sociales antes de las elecciones? Es insólito que con la creatividad que estas organizaciones demuestran para crear condiciones de vida, los ataquen en lugar de apoyarlos. (...) Hay una gran intolerancia, del neoliberalismo más fundamentalista que llevó al país a la crisis.”

El poder político, por lo pronto, parece desnudar a través de los desalojos e intimidaciones de índole diversa, su reacción ante la debilidad más profunda y frente a la certeza de la falta de legitimidad con que tendrá que lidiar cualquiera que llegue a ser gobierno. Para los movimientos sociales emergentes, este escenario señala un momento de puesta a prueba de su capacidad de cohesión, proyección y resistencia.

Extraido de Página12.


Ataques a dos emblemáticas fábricas ocupadas: Zanon y Bruckman

PEPÓN*
El 8 de abril era confirmada judicialmente la orden de inventario, toma de posesión y desalojo policial de la fábrica de Cerámica Zanon, en Neuquén. Zanon fue ocupada, puesta a funcionar y gestionada por 310 obreros, convirtiéndose en uno de los símbolos del movimiento de ocupaciones obreras en Argentina. La juez de Neuquén aceptó la petición de la propiedad de la empresa (que la había abandonado, tras un cierre patronal, dejándola con ingentes deudas) para hacer valer sus derechos. En respuesta, los obreros iniciaron una campaña de movilizaciones y de búsqueda de solidaridad, cosechando una oleada de apoyo que culminó el 14 de abril, cuando, ante una concentración de apoyo de más de 2500 personas a las puertas de la fabrica, los síndicos de la propiedad se retiraron y no intentaron recuperarla. “El primer round lo ganamos nosotros (..) y eso es muy importante” dijo Raúl Godoy, secretario general de Filial 21 del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN). “Lo que pasó en el día de hoy nos demuestra que estamos ante una bisagra de nuestra lucha. Ahora no hay más miedo por un posible desalojo y menos después del apoyo que recibimos de la gente. Exigimos la única solución durable y confiable para nuestro conflicto: la estatización [bajo control obrero] de Zanon”, y en un paso más, las exigencias obreras incluirían un gran plan de obras públicas, viviendas, escuelas y hospitales.

Desde hace más de un año, más de 270 obreros y obreras de Zanon han garantizado sus puestos de trabajo y un sueldo. El control obrero que están ejerciendo posibilitó la creación de más de 40 nuevos puestos de trabajo. Son más de 1.500 neuquinos los que viven dignamente gracias a esa lucha, en la que ha sido fundamental el apoyo de sectores de la Universidad Nacional del Comahue, la gente de base de los barrios, desocupados del MTD, enfermeros, médicos y la gente en general.

Menos suerte tuvieron las 54 trabajadoras del textil de la fábrica ocupada Brukman, en el centro de Buenos Aires. El 18 de abril, un impresionante operativo policial desalojó por sorpresa a las 6 obreras que montaban guardia. Tras cuatro días de intentos infructuosos de negociación con políticos y diversas autoridades, por decisión de su asamblea, cuatro trabajadoras, arropadas por unas 7000 personas, intentaron entrar pacíficamente en la fábrica, desobedeciendo el impresionante despliegue policial. La respuesta fue una salvaje represión: más de 60 detenidos y 100 heridos tras horas de una durísima batalla campal, en la que vecinos, trabajadoras y demás personas concentradas, intentaron defenderse de la policía, que acabó tomando militarmente el barrio durante varios días. Lejos de amedrentarse, las trabajadoras acamparon al límite del cordón policial. El 24 de abril, el cordón policial retrocedía hasta la puerta de la fábrica, tras el manifiesto hartazgo de vecinos y comerciantes del barrio ante la ocupación policial y una manifestación en apoyo a las desalojadas. Las trabajadoras de Brukman plantean “la expropiación definitiva y sin cargo para continuar con la producción bajo gestión obrera, que el Estado garantice los salarios de convenios y otorgue un subsidio (..), y por último, que el Estado compre parte de la producción para abastecer de sábanas a los hospitales, guardapolvos a los colegios y ropa a la población carenciada, en el mismo sentido del plan de obras públicas que plantean los ceramistas de Zanón”, aunque están dispuestas a negociar, siempre que la policía se retire de la fábrica.

Desde el 18 de diciembre de 2001 en que fue ocupada, Brukman fue pilar del movimiento nacional de fábricas recuperadas. Hubo varios intentos fallidos de desalojo, porque cuando los hermanos Brukman (empresarios que adeudan millones a Hacienda) vieron que la fábrica retomaba la producción, se acordaron de que era suya. Para ello contaron con la ayuda de la resolución de los jueces Bonorino Peró y Piombo (nombrados durante la dictadura) que ordenaron el desalojo. “No hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos”, dice el texto que entregaron a un grupo de abogados que exigieron que se hiciera pública esta resolución, en la que también consta que el desalojo se debía realizar “bajo secreto de sumario” y “previas tareas de inteligencia que debían llevarse a cabo de manera encubierta, para determinar cuál era el mejor momento para ejercer la orden represiva”.

*Fuente: obreros Zanon, Elio Brat, Rebelión y trabajadoras de Brukman