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Crónica de los recientes despropósitos represivos en el País Vasco
De los grupos de payasos radicales a la unidad
de los poderes
>> Es enero de 2003 y en el ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) se produce una confrontación entre los distintos grupos políticos por la contratación del famoso grupo de payasos “Takolo, Pirritx eta Porrotx”. Los socialistas no consideran asumible que “grupos que no condenan la violación de los derechos humanos sean contratados por instituciones democráticas”, el alcalde considera que el espectáculo es “digno y totalmente asumible desde la democracia”, por lo que los populares le acusan de “estar más cerca del mundo de Batasuna y de ETA que de los que sufren el acoso y el terrorismo“ y califica a “Takolo, Pirritx eta Porrotx” de “grupo de payasos radicales”. Y todo porque una de los miembros del grupo de payasos fue edil de la ilegalizada Batasuna.
La criminalización no sólo de la izquierda abertzale sino de todo aquello que los partidos autodenominados “constitucionalistas” consideran parte del entramado político-social-económico-cultural-religioso-educativo-afectivo-familiar del omnipresente grupo armado vasco ha sido jalonado en los últimos meses por la ilegalización de Batasuna y Udalbiltza, el cierre del único periódico editado íntegramente en euskera, Egunkaria, o la anulación de 225 candidaturas para las elecciones municipales. Se agudiza la tendencia de que a cada declaración hecha desde el gobierno español apuntando a algún actor social vasco le siga, inmediata e inexorablemente, una orden judicial acorde.
Meses antes de que la suspensión de Batasuna se convirtiese en ilegalización, el Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, ponente del informe que serviría de base para avalar la ilegalización del partido, declaró que consideraba un “gran error” que Euskadi, Cataluña y Galicia mantuviesen el estatus de autonomías históricas, por entender que España es una organización de nacionalidades “repleta de historia” que no pueden verse reducidas a ser “segundonas frente a tres comunidades que dicen que son distintas”. Al mismo tiempo, José María Aznar, en el acto que presentaba su candidatura en la lista del ayuntamiento de Bilbao aseguraba que “la tribu no va a derrotar a la sociedad civil y el mito étnico no prevalecerá sobre la razón democrática”. A esas alturas del proceso de ilegalización, la Fiscalía General consideraba suficientemente probada la vinculación entre la formación política y el grupo armado en base a las declaraciones de algunos ertzainas que aseguraron haber oído ‘vivas a ETA’ en manifestaciones y actos políticos a los que asistían dirigentes y cargos públicos abertzales, aunque estos no los gritasen. Y es que “hasta los niños de pecho conocen que ETA y Batasuna son lo mismo”, según la famosa frase del alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Presiones al poder
judicial
Y es que las protestas por la guerra contra Irak hicieron que informaciones
referidas a la presión mediática e institucional que sufre
el poder judicial en todo lo relacionado con el “conflicto vasco”
pasasen más inadvertidas. Como fue el caso de la revisión
que en los pasados meses se hicieron de las distintas órdenes de
libertad condicional y la revocación de la excarcelación
de un preso dictada por Ruth Alonso, la titular del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Bilbao. Esta juez ya se vio envuelta en un linchamiento
mediático el año pasado al excarcelar también a Ramón
Gil Ostoaga, en aplicación de la ley penitenciaria. Decisión
que el ministro de Justicia consideró “un tratamiento privilegiado
a los terroristas que no se lo ha dado a los demás delincuentes
comunes”, por lo que resultaba un “escándalo” (del
trato que recibieron Luis Roldán, Mario Conde o Mariano Rubio no
habló en esta ocasión). Francisco Hernando, Presidente del
Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, señaló
que no tenía que causar “escándalo“ que la Audiencia
Nacional (AN) dictara la revocación de la excarcelación
porque es algo “que ocurre de forma habitual en un sistema de garantías“.
Obviaba añadir que era la primera vez que un recurso de la fiscalía
contra la excarcelación de un preso vinculado a banda armada se
trataba en la AN.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no estaba en ese momento
como para análisis más exhaustivos ya que PSOE y PP estaban
concretando la reforma legal para endurecer el trato penitenciario a los
presos condenados por relación con banda armada. Sólo doce
de los veintiún miembros de la institución apoyó
una solicitud para que en el proyecto de ley se distinguiese entre presos
“rehabilitados” y “no rehabilitados” al objeto de
“no vulnerar el principio de reinserción contenido en la Constitución“.
Con todo, el CGPJ apoyó la ampliación de la pena máxima
a cuarenta años, instaurando en la práctica la cadena perpetua.
El debate sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de esa reforma
legal se produjo al mismo tiempo que ETA atentaba contra un sargento de
la policía municipal. Las dudas expresadas por el PSOE sobre la
necesidad exigida por el PP de la delación por parte de los presos
para la solicitud de “reinserción” eran contestadas con
declaraciones como “No es posible mantener las discrepancias sobre
los castigos a los asesinos de ETA cuando acabamos de enterrar a Joseba
Pagazaurtundua”.
Un endurecimiento de las penas a las que se habrían enfrentado
las dos personas condenadas por la AN a 18 años de cárcel
por pertenencia a banda armada en Irún, si finalmente hubiesen
sido condenadas con las nuevas normas. Sin embargo esa condena fue posteriormente
anulada por el Tribunal Supremo por falta de motivación jurídica.
El tribunal recomendaba a la AN que por lo menos hiciese “un mínimo
esfuerzo argumental“ en las acusaciones y le recordaba que ya “había
procedido a suplir la falta de motivación” de otros fallos
de la AN para “evitar dilaciones”.
La ilegalización
de Egunkaria
La reforma de la política penitenciaria podría aplicarse,
si son condenados, a los detenidos en la operación llevada a cabo
contra Egunkaria. El 20 de febrero, 300 guardias civiles de los que Aznar
considera la “garantía de esa España constitucional,
plural y democrática” detuvieron a diez miembros o ex miembros
del único diario editado en euskera. Las pruebas eran las mismas
empleadas para cerrar, en 1998, el diario Egin. Martxelo Otamendi, director
de Egunkaria, fue el primero en relatar las torturas a las que habían
sido sometidos varios de los detenidos en una operación, según
Angel Acebes, en “defensa de los derechos y libertades de los vascos”.
Otamendi relató como le habían aplicado dos veces “la
bolsa”, le habían insultado, le obligaron a estar en cuclillas
largo tiempo y desnudo, y como “oía los gritos de mis compañeros,
e incluso el ruido de los golpes”. El Ministerio de Interior, ante
las graves acusaciones, no abrió una investigación sobre
las denuncias sino que se querelló contra Otamendi. “Ni la
Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía torturan” dijo
Acebes. Algo que el Consejo de Europa no acababa de compartir, ya que
poco después emitió un informe en el que se decía
que los detenidos en España están desprotegidos ante las
torturas. Pese a reconocer que ni siquiera se había leído
el informe, Michavila replicó que quién creyese que en España
se tortura “hace el juego a ETA “.
Y en esa actitud del PP de “atentos y siempre vigilantes” (Javier
Arenas), no pudieron dejar de mostrar su “más profunda satisfacción“
en el momento en que el Tribunal Supremo decretó la ilegalización
de Batasuna. Algunos ayuntamientos, como el de Vitoria-Gasteiz ya clarividentes,
un mes antes, habían creado el grupo mixto para poder posteriormente
disolver el grupo municipal de Batasuna.
La ilegalización
de distintas organizaciones
Desde 1998 han sido clausurados los medios de comunicación Egin,
Egin Irratia, Ardi Beltza y Egunkaria y se han declarado fuera de la ley
las organizaciones KAS, Xaki, Ekin, Segi, Jarrai, Haika, Udalbiltza, Gestoras,
Askatasuna, HB, EH y Batasuna.. Todo ello sin contar las detenciones y
torturas que se producen todos los días por presuntos delitos relacionados
con banda armada y que se han extendido a todos los lugares del estado
y a distintos espectros políticos. Y todo “sin perseguir una
sola idea“ (Acebes)
En la construcción de un sistema represivo cada vez más
fuerte y estructurado gracias al “combate contra el terrorismo”
están confluyendo todos los poderes del estado, confundiéndose
unos con otros y saltándose las reglas del juego que ellos mismos
han establecido. Como botón de muestra, el Gobierno Vasco y la
defensa de ”Egunkaria” solicitaron una investigación
con carácter urgente de la nota de prensa que informaba del cierre
y que fue consensuada por el Ministerio de Interior y la AN. El consejero
de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, dijo que “nunca había
visto que dos poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Judicial,
redacten una nota para valorar la actuación judicial que corresponde
exclusivamente al ámbito de lo judicial y no al ámbito de
lo político”.
Pese a todo, el 25 de mayo más de ciento cincuenta mil personas
votaron a las listas abertzales ilegalizadas con papeletas recogidas en
la calle, bajadas de Internet o fotocopiadas. Y un nuevo periódico,
Berria, sale para intentar ocupar el lugar usurpado a Egunkaria, en este
tira y afloja permanente entre la represión y la resistencia.
Jara (Bilbo)