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Alemania,
Austria, Francia e Italia se movilizan contra los recortes sociales y
la reforma de las pensiones
El 8 de mayo, un grupo de expertos del Banco Mundial presentó un informe en el que se incidía en que era inevitable la reforma de las pensiones en la Unión Europea (UE). El informe de los organismos financieros internacionales mostró su apoyo a las reformas sociales que se implementan desde Bruselas; reformas que en Austria, Alemania, Italia y Francia han generado fuertes protestas sociales desde hace dos meses.
El 6 de mayo, en Austria, una huelga general –apoyada por más del 62% de la población–, la primera en 50 años, paralizaba casi por completo el país; en varias ciudades se realizaron las manifestaciones más concurridas desde 1945. El motivo era protestar contra una reforma de las jubilaciones que prevé prolongar el periodo de cotización (para tener derecho a la pensión) de 40 a 45 años y retrasar la edad de jubilación de los 59 años (57 años para las mujeres) actuales hasta los 65 años; e intentar frenar los procesos de privatización de empresas estatales.
En Italia, el 6 de junio, el gobierno conservador aprobaba por decreto legislativo una reforma del mercado laboral que, al abordar la reforma de los periodos de cotización y los porcentajes de ésta, afecta a las jubilaciones. La reforma de las pensiones está en discusión, pero los sindicatos ya se han opuesto a ella.
En Alemania, la coalición verde-socialdemócrata gobernante pretende imponer la Agenda 2010 que, con la excusa de sacar al país de la crisis y superar el creciente envejecimiento de la población, plantea fuertes recortes sociales. Los subsidios del paro sólo se podrán cobrar durante 12 meses (año y medio si el o la trabajadora son mayores de 55 años) y después, la persona pasa a cobrar lo mismo que da la asistencia social. Además, se recortan las prestaciones en caso de enfermedad (de hecho, el asalariado pasa a ser el único que financia el seguro que garantiza el cobro del sueldo en caso de enfermedad); se dan más facilidades para los despidos y la contratación de trabajadores temporales; y por último, se retrasa la edad de jubilación, pasándola a los 67 años. El mero anuncio de este plan ya supuso la oposición de los sindicatos y de amplios sectores de la población. La propuesta acaba de empezar los trámites para su aprobación parlamentaria, que se prevé difícil. Para “calmar los ánimos”, el gobierno ha anunciado la posible congelación de las pensiones para el año que viene.
Pero es en Francia donde las movilizaciones contra las reformas de las pensiones y otros recortes de derechos sociales ha cosechado una oposición más contundente. De hecho, se trata de una lucha que lleva tiempo abierta: ya en enero del 2001 hubo masivas protestas contra la amenaza de Medef –la organización de la patronal- de no aportar su parte a la financiación de las pensiones. El 2 de febrero de 2003, centenares de manifestaciones, por todo el país, plantaron cara a la propuesta gubernamental de reforma de las pensiones. Pero es a partir de mayo, cuando, una vez que se dan a conocer los planes del gobierno de reformar las pensiones, la sanidad y la enseñanza, las protestas de los sectores afectados, paralelamente a las huelgas de los servicios públicos (Correos, recogida urbana de las basuras, Metro de París, etc.), transportes aéreos, del ferrocarril y protestas obreras, adquieren tal dimensión que el nada radical diario El País las califica de “revuelta social”. Pese al clamor popular que pedía que convocasen una huelga general indefinida, los sindicatos (inicialmente, los siete más importantes unidos en el “frente sindical”, posteriormente reducido a cinco sindicatos) han convocado huelgas parciales y sectoriales; y varios días de protestas (el último, el 19 de junio). En uno de ellos, el 25 de mayo, sólo en París se manifestaron más de 600.000 personas, en una jornada de paros y manifestaciones por todo el país.
Pese al bombardeo mediático, la labor desmovilizadora de algunos grandes sindicatos y las contundentes intervenciones policiales, a finales de junio, dos de cada tres franceses apoyaban los argumentos de las movilizaciones. El 10 de junio, durante la tercera huelga del transporte público en ese mes, y el mismo día que la asamblea (parlamento) francesa iniciaba, en medio de masivas manifestaciones de protesta, la discusión del paquete de reformas, el gobierno retiró parte de estas, aceptando abrir un diálogo. El plan para transferir funcionarios no docentes a las regiones y entidades locales ha sido anulado, y el salario mínimo subirá un 5,5% este año. Lo que el gobierno no está dispuesto a retirar es el plan de reforma de las pensiones
Las reformas de las pensiones afectaran a todos los países de la UE, tarde o temprano. No en vano, el 18 de mayo, Bruselas pedía al gobierno español una reforma urgente de su sistema público de pensiones, a lo que, por ahora, el gobierno ha contestado que no en esta legislatura. Aun así, continúa discretamente con las reformas de los regímenes especiales de la Seguridad Social (lo que afecta enormemente a los sistemas de pensiones). Tras el Decretazo de mayo del 2002, en que reformó el subsidio (y la jubilación) de los jornaleros, a primeros de mayo del 2003, el gobierno iniciaba la reforma del régimen de la Seguridad Social agraria.
Todas estas reformas europeas giran en torno a dos argumentos: la población está envejeciendo, y cada vez es menor la parte de la población activa para asegurar las pensiones, por lo que habría que retrasar la edad de jubilación (como si la producción de riqueza de un país dependiese sólo del número de sus trabajadores, y no del nivel de productividad social y desarrollo tecnológico: las máquinas también producen y no se jubilan). Por otro lado, el otro argumento asegura que el estado no podría correr con todos los gastos sin generar déficit (lo que está prohibido por los criterios europeos de Maastrich), por ello, hay que tender hacia el modelo sueco o inglés: el estado asegura una base mínima de la pensión, pero la mayor parte de los ingresos se los asegura el pensionista vía ahorros o fondos de pensión privados. Si con eso se asegura, además, el trasvase de dinero del sistema público a los diferentes fondos privados, que apuntalan las bolsas y el capitalismo financiero, mejor. No olvidemos que las crisis de grandes empresas norteamericanas, ENRON a la cabeza, en la que los trabajadores han perdido todos sus ahorros invertidos en los fondos de pensiones de la empresa, o la crisis de los fondos británicos (el déficit de los fondos privados profesionales de las 100 compañías más importantes de Inglaterra pasó de 200 millones de libras, a finales del 2001, a 65.000 millones a finales del 2002, según The Economist) no hacen estas “inversiones” muy atractivas.
/Demetrio Patocho
El 8 de mayo, un grupo de expertos del Banco Mundial presentó un informe en el que se incidía en que era inevitable la reforma de las pensiones en la Unión Europea (UE). El informe de los organismos financieros internacionales mostró su apoyo a las reformas sociales que se implementan desde Bruselas; reformas que en Austria, Alemania, Italia y Francia han generado fuertes protestas sociales desde hace dos meses.
El 6 de mayo, en Austria, una huelga general –apoyada por más del 62% de la población–, la primera en 50 años, paralizaba casi por completo el país; en varias ciudades se realizaron las manifestaciones más concurridas desde 1945. El motivo era protestar contra una reforma de las jubilaciones que prevé prolongar el periodo de cotización (para tener derecho a la pensión) de 40 a 45 años y retrasar la edad de jubilación de los 59 años (57 años para las mujeres) actuales hasta los 65 años; e intentar frenar los procesos de privatización de empresas estatales.
En Italia, el 6 de junio, el gobierno conservador aprobaba por decreto legislativo una reforma del mercado laboral que, al abordar la reforma de los periodos de cotización y los porcentajes de ésta, afecta a las jubilaciones. La reforma de las pensiones está en discusión, pero los sindicatos ya se han opuesto a ella.
En Alemania, la coalición verde-socialdemócrata gobernante pretende imponer la Agenda 2010 que, con la excusa de sacar al país de la crisis y superar el creciente envejecimiento de la población, plantea fuertes recortes sociales. Los subsidios del paro sólo se podrán cobrar durante 12 meses (año y medio si el o la trabajadora son mayores de 55 años) y después, la persona pasa a cobrar lo mismo que da la asistencia social. Además, se recortan las prestaciones en caso de enfermedad (de hecho, el asalariado pasa a ser el único que financia el seguro que garantiza el cobro del sueldo en caso de enfermedad); se dan más facilidades para los despidos y la contratación de trabajadores temporales; y por último, se retrasa la edad de jubilación, pasándola a los 67 años. El mero anuncio de este plan ya supuso la oposición de los sindicatos y de amplios sectores de la población. La propuesta acaba de empezar los trámites para su aprobación parlamentaria, que se prevé difícil. Para “calmar los ánimos”, el gobierno ha anunciado la posible congelación de las pensiones para el año que viene.
Pero es en Francia donde las movilizaciones contra las reformas de las pensiones y otros recortes de derechos sociales ha cosechado una oposición más contundente. De hecho, se trata de una lucha que lleva tiempo abierta: ya en enero del 2001 hubo masivas protestas contra la amenaza de Medef –la organización de la patronal- de no aportar su parte a la financiación de las pensiones. El 2 de febrero de 2003, centenares de manifestaciones, por todo el país, plantaron cara a la propuesta gubernamental de reforma de las pensiones. Pero es a partir de mayo, cuando, una vez que se dan a conocer los planes del gobierno de reformar las pensiones, la sanidad y la enseñanza, las protestas de los sectores afectados, paralelamente a las huelgas de los servicios públicos (Correos, recogida urbana de las basuras, Metro de París, etc.), transportes aéreos, del ferrocarril y protestas obreras, adquieren tal dimensión que el nada radical diario El País las califica de “revuelta social”. Pese al clamor popular que pedía que convocasen una huelga general indefinida, los sindicatos (inicialmente, los siete más importantes unidos en el “frente sindical”, posteriormente reducido a cinco sindicatos) han convocado huelgas parciales y sectoriales; y varios días de protestas (el último, el 19 de junio). En uno de ellos, el 25 de mayo, sólo en París se manifestaron más de 600.000 personas, en una jornada de paros y manifestaciones por todo el país.
Pese al bombardeo mediático, la labor desmovilizadora de algunos grandes sindicatos y las contundentes intervenciones policiales, a finales de junio, dos de cada tres franceses apoyaban los argumentos de las movilizaciones. El 10 de junio, durante la tercera huelga del transporte público en ese mes, y el mismo día que la asamblea (parlamento) francesa iniciaba, en medio de masivas manifestaciones de protesta, la discusión del paquete de reformas, el gobierno retiró parte de estas, aceptando abrir un diálogo. El plan para transferir funcionarios no docentes a las regiones y entidades locales ha sido anulado, y el salario mínimo subirá un 5,5% este año. Lo que el gobierno no está dispuesto a retirar es el plan de reforma de las pensiones
Las reformas de las pensiones afectaran a todos los países de la UE, tarde o temprano. No en vano, el 18 de mayo, Bruselas pedía al gobierno español una reforma urgente de su sistema público de pensiones, a lo que, por ahora, el gobierno ha contestado que no en esta legislatura. Aun así, continúa discretamente con las reformas de los regímenes especiales de la Seguridad Social (lo que afecta enormemente a los sistemas de pensiones). Tras el Decretazo de mayo del 2002, en que reformó el subsidio (y la jubilación) de los jornaleros, a primeros de mayo del 2003, el gobierno iniciaba la reforma del régimen de la Seguridad Social agraria.
Todas estas reformas europeas giran en torno a dos argumentos: la población está envejeciendo, y cada vez es menor la parte de la población activa para asegurar las pensiones, por lo que habría que retrasar la edad de jubilación (como si la producción de riqueza de un país dependiese sólo del número de sus trabajadores, y no del nivel de productividad social y desarrollo tecnológico: las máquinas también producen y no se jubilan). Por otro lado, el otro argumento asegura que el estado no podría correr con todos los gastos sin generar déficit (lo que está prohibido por los criterios europeos de Maastrich), por ello, hay que tender hacia el modelo sueco o inglés: el estado asegura una base mínima de la pensión, pero la mayor parte de los ingresos se los asegura el pensionista vía ahorros o fondos de pensión privados. Si con eso se asegura, además, el trasvase de dinero del sistema público a los diferentes fondos privados, que apuntalan las bolsas y el capitalismo financiero, mejor. No olvidemos que las crisis de grandes empresas norteamericanas, ENRON a la cabeza, en la que los trabajadores han perdido todos sus ahorros invertidos en los fondos de pensiones de la empresa, o la crisis de los fondos británicos (el déficit de los fondos privados profesionales de las 100 compañías más importantes de Inglaterra pasó de 200 millones de libras, a finales del 2001, a 65.000 millones a finales del 2002, según The Economist) no hacen estas “inversiones” muy atractivas.
/Demetrio Patocho