Cronología del movimiento “sociojudicial” contra la impunidad

La gran bola de nieve

ARTURO PRAT
>> “Bola de nieve” es quizás una de las metáforas más afortunadas para definir el proceso “socio-judicial” que puede llevar al banquillo a los responsables de los crímenes de la dictadura militar argentina. Por una parte, sugiere la idea de una dinámica cuyas consecuencias exceden con creces las expectativas generadas en “el momento 0”: ¿quién podía imaginar en 1996 que la primera denuncia contra la dictadura argentina en España era algo más que un brindis al sol?. Por otra parte, esta expresión reconoce a los sujetos implicados tanto autonomía como capacidad de influirse recíprocamente: así, ningún actor por separado tiene el suficiente poder para impulsar el proceso. En este caso, de hecho, tan determinante ha sido la movilización social –que ha conservado la memoria de lo ocurrido impidiendo a los militares lavar su imagen y dando a conocer los horrores de la dictadura, y ha presionado a las instituciones exigiendo justicia–, como las iniciativas jurídicas emprendidas por personas ajenas a los movimientos sociales contra la impunidad –que han obligado a la clase política argentina a reconsiderar permanentemente el sistema de impunidad, han mantenido el tema en el candelero y han inyectado esperanza a las movilizaciones– y los dirigentes políticos argentinos decididos a reabrir los procesos contra los militares –sin cuyos movimientos hubiera sido imposible la anulación de las leyes de impunidad–. Los distintos actores obedecen a sus propias motivaciones y persiguen objetivos particulares, pero es su sinergia lo que provoca el actual estado de cosas.

Estos son algunos de los hitos de esa bola de nieve:

23 de marzo de 1996: tras un periodo marcado por el progresivo debilitamiento de las protestas, en el aniversario del golpe militar Buenos Aires acoge una multitudinaria manifestación de repudio que sirve para reabrir el debate sobre los crímenes de la dictadura y señala la irrupción de la organización HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), compuesta por los hijos de los desaparecidos y represaliados por el gobierno militar. A partir de entonces ya nada será igual: gracias a nuevas formas de movilización como los escraches que llaman a la población a repudiar a los represores en libertad y a la fuerza adquirida por la lucha conjunta con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las organizaciones pro Derechos Humanos y múltiples colectivos políticos y sociales, Argentina comienza a recuperar la memoria. El primer resultado de este proceso es el absoluto desprestigio del Ejército argentino, que ya no conserva casi ningún apoyo social.

10 de junio de 1996: el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, presidido por Garzón, admite a trámite la denuncia presentada, de la mano de Carlos Castresana, por la Unión Progresista de Fiscales sobre genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar argentina. Castresana se había decidido a presentar la denuncia tras tener conocimiento las movilizaciones contra la impunidad en Argentina.

9 y 18 de abril de 1997: fruto de la colaboración entre Castresana, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid (AAPDH-M) y otros organismos de Derechos Humanos, se interponen ante la Fiscalía General del Estado ampliaciones más detalladas y documentadas que la denuncia inicial. Inmediatamente, la Asociación Libre de Abogados y la AAPDH-M se presentan como acusación popular ante el juzgado de Garzón. Desde entonces, numerosas asociaciones de Derechos Humanos, sindicatos y asociaciones profesionales se han personado en este sumario para impulsar el procedimiento.
· Mayo-diciembre de 1997: el juzgado comienza a producir actuaciones significativas como la orden de búsqueda y captura contra Leopoldo Galtieri, el libramiento de comisiones rogatorias a distintos países y nuevas órdenes internacionales de detención. En ese periodo, el denominado “juicio de Madrid” influye en Argentina iniciativas como los llamados “juicios de la verdad”, procesos no punitivos que contribuyeron a reabrir el debate público, recuperar documentación y recabar nuevas declaraciones de personas afectadas por la represión de la dictadura. Asimismo, el proceso judicial español influye en los procesos por el secuestro y la apropiación ilegal de niños nacidos en los campos clandestinos de detención entre 1976 y 1983.

Septiembre de 1997: la fiscalía retoma su posición inicial y sostiene que la justicia española no tiene competencia para juzgar lo ocurrido en Argentina, hecho que coincide con la asunción de Eduardo Fungairiño al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de Jesús Cardenal como Fiscal General del Estado.

7 de octubre de 1997: el ex marino Adolfo Scilingo declara ante el juez Garzón en relación al proceso por los desaparecidos en la Argentina. En marzo de 1995, el ex militar había revelado que en 1976 y 1977 había actuado en el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA, uno de los principales campos clandestinos de detención durante la dictadura) y que había tomado parte en dos vuelos durante los cuales se lanzó al mar a treinta detenidos. Scilingo, que venía a España a participar en un programa de televisión, fue detenido en Madrid y encarcelado en prisión preventiva (donde todavía permanece).
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Marzo de 1998: el Congreso argentino aprueba derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dado que la decisión carece de carácter retroactivo, no afecta a los implicados en la dictadura militar.

16 de octubre de 1998: el ex dictador chileno Augusto Pinochet es detenido en Londres por orden de Garzón. En el sumario que instruye, Pinochet aparece como el principal responsable del “Plan Cóndor”, un plan de terrorismo internacional para hacer desaparecer a adversarios políticos.

3 de noviembre de 1998: el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la competencia de la justicia española en casos de genocidio y terrorismo de estado, con independencia del país en el que hayan sido cometidos y del tiempo transcurrido desde su comisión.

27 de septiembre de 1999: se inicia en Inglaterra el juicio para la extradición de Pinochet al estado español.

Noviembre de 1999: Garzón considera suficientemente probada la existencia de un plan de exterminio por parte del Ejército argentino, lo que constituye un delito de genocidio. Esto le lleva a presentar un Auto de Procesamiento contra 98 torturadores argentinos.

30 de diciembre de 1999: el juzgado número 5 libra órdenes de detención contra 48 de los procesados. El entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa firma un decreto para que se rechacen, sin examinarse, todos los pedidos de extradición de militares implicados en la dictadura.
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3 de marzo de 2000: el gobierno inglés libera a Pinochet por “razones de salud” y el ex dictador regresa a Chile.
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25 de agosto de 2000: el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, uno de los represores argentinos con orden de detención internacional, es detenido en Cancún (México) cuando intentaba escapar hacia Argentina. El día anterior, el periódico La Reforma había hecho públicos los testimonios de varios supervivientes de la ESMA que lo identificaban como su torturador.

10 de junio de 2003: la Corte Suprema de Justicia mexicana se pronuncia a favor de la extradición de Cavallo, que tiene lugar el 29 de junio.

Julio-agosto de 2003: la suspensión del decreto de “territorialidad” de De la Rúa permite a la justicia argentina aplicar la orden de detención dictada por Garzón. La medida fuerza al parlamento y al senado argentino a anular las leyes de Obedicencia Debida y Punto Final.